Los cómplices pasivos y los Panama Papers

Cuando en 2013 se cumplían 40 años del Golpe Militar y el inicio de la Dictadura de Pinochet, los medios de comunicación poblaron su agenda con reportajes, entrevistas, análisis y documentales para dar, con la perspectiva del tiempo, un balance de tan trágico episodio de la historia reciente de Chile. Tinta, imágenes y pixeles no fueron escatimados para mostrar la represión y el horror. Historias y guiones contándonos y recordándonos desde la caravana de la muerte hasta la historia de la Vicaría de la Solidaridad; se editaron tiradas de periódicos haciendo alusión a las víctimas de la violaciones a los derechos humanos, a las condiciones de crisis política previas a 1973, mea culpas, recuerdos, lágrimas, explicaciones, justificaciones y ausencia de perdón, nuncamases por doquier.

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Mientras no se repare y regularice la fiebre del Oro que ha significado la privatización de los bienes públicos, mientras los derechos como salud, educación y previsión no salgan de la lógica del lucro ilegítimo no podremos decir que hemos dejado el horror atrás.

Sin embargo, todo este sano ejercicio de memoria fue incompleto. Muy pocos, para no decir nadie, hizo la conexión con el para qué de dicho golpe o sobre los efectos en el detrimento de los bienes públicos privatizados ocasionaron al patrimonio común.

El quiebre Institucional no sólo tenía que ver con interrumpir un proceso de avance al socialismo o de extirpar el “Cáncer Marxista”. El régimen dictatorial impuso un modelo económico y político destinado a refundar un país basado hasta 1973 en el desarrollismo, transformándolo en uno de tipo neoliberal, y esto sobre la base de tres pilares.

Primero,  la privatización, es decir el traspaso a manos privadas de la propiedad o los derechos de explotación de empresas estratégicas, de los derechos sociales y de los recursos naturales incluyendo el agua, la pesca, los minerales como cobre, litio, la madera, el espectro radioeléctrico, etc.

En segundo lugar, la liberalización del flujo de capitales y la desregulación de los servicios financieros lo que ha permitido, desde entonces,  la constitución de una economía de la deuda que ha alcanzado niveles de endeudamiento personal y de utilidades bancarias y financieras como nunca antes en la historia del país y con indicadores fuera de rango de la realidad mundial.

En tercer lugar, junto con el desmantelamiento del estado empresario producto de las privatizaciones, también se procuró la disminución del rol  fiscalizador del sector público y su reemplazo por uno (¿des?) regulador que promoviera la autorregulación del mercado, y por tanto preocupado más bien de la protección del derecho de propiedad y las garantías al capital extranjero, que de los demás derechos humanos, convertidos ahora en fuente de negocios muy lucrativos en forma de AFP´s, ISAPRES, Universidades Privadas con fines de lucro, etc.

Para implementar este modelo es que tuvimos que ser testigos del desmantelamiento de las organizaciones sociales, sindicales y políticas mediante el terror de la tortura, la desaparición de personas, la suspensión de garantías constitucionales, el respeto selectivo y arbitrario del estado de derecho, la simulación de plebiscito de 1980, y la represión sistemática de la ciudadanía movilizada contra el régimen. Todo, con la finalidad de poder consolidar las bases de este nuevo modelo que en democracia hubiera sido imposible.

Dicho directamente, la dictadura insiste en recordarnos que vive en su obra. La respuesta a por qué es tan difícil salir de una transición a la plena democracia está precisamente en esta estructura de intereses heredados desde la década del ochenta y que, nos duela reconocerlo, fue el precio de la salida pacífica de la noche dictatorial a este permanente amanecer, frío como el alba, de una democracia que no puede recuperar su autonomía relativa frente al grueso del PIB nacional dependiente de las utilidades que generan los “derechos” privatizados y los recursos naturales “Expropiados” al Estado. Toda esta estructura es la que está protegida por el marco legal legitimado en la constitución y que jamás se ha reformado o derogado, sino tan solo morigerado.

Cada vez que emerge un gran escándalo en Chile vinculado a la relación entre política y dinero, al abuso empresarial, al irrespeto del medio ambiente, incluso detrás del conflicto con los pueblos originarios, nos daremos cuenta que alguna relación protagónica existe con los negocios de la dictadura. Las Forestales en el Sur, Los derechos de agua, las jubilaciones, el sistema de salud, la crisis del modelo educativo, solo por nombrar algunas áreas, están todas relacionadas con este imbricado armatoste de relaciones e intereses económicos que constituye el modelo económico, social y político heredado.

Hoy somos testigos de cómo la apertura al mundo, la liberalización del flujo de capitales, la acumulación de fortunas (No capital) individuales fruto de los desequilibrios y asimetrías del mercado quedan de manifiesto permanentemente en estos 25 años. Ayer en conflictos tarifarios, en la necesidad de concesionar para poder construir, en la desregulación urbana, en los conflictos medioambientales, en la figura del copago, en la marchas estudiantiles, en SQM, en PENTA, en la lógica de negocios del tipo CAVAL, en la oposición a la reforma tributaria.

Hoy  en los “Panama Papers” vemos nombres y platas de ese mismo origen. Fortunas asociadas a las ventas de derechos de agua, ex ministros y prohombres de la dictadura que se enriquecieron del modelo de privatizaciones y además esconden las utilidades para pagar menos impuestos, platas provenientes del retail, de la minería, del agua, de los capitales financieros hinchados con los ahorros previsionales, de las ISAPRES, y vaya a saber uno que más pues vamos recién en la punta del Iceberg.

Mientras no se repare y regularice la fiebre del Oro que ha significado la privatización de los bienes públicos, mientras los derechos como salud, educación y previsión no salgan de la lógica del lucro ilegítimo no podremos decir que hemos dejado el horror atrás.