Todos hemos visto en alguna mala película gringa la clásica imagen del linchamiento; una turba compuesta por hombres y mujeres enardecidos, doblando por la calle de un pueblo oscuro y armados de horquetas, palos con clavos y antorchas cuya llama suena al moverse contra el aire, iluminando la búsqueda del traidor, del delincuente, del que hay que matar, colgar, quemar o apalear. De tanto en tanto los Simpson reviven esa caricatura y vemos a todos los personajes de la serie con sus respectivas antorchas buscando a alguien con la cara desencajada.
La imagen nos da risa, por lo exagerada, por lo bizarra, pero especialmente porque vivimos en una sociedad que pretende haber reemplazado dicho procedimiento por algo un poco más civilizado que hemos llamado Estado de Derecho y Debido Proceso.
Por eso es que me ha sorprendido la forma y el tenor de la resolución del Tribunal Supremo del Partido Socialista de Chile (organización a la cual pertenezco desde los 13 años) expulsando al concejal José Luis Alegría por haber otorgado el quórum para la elección de Carter como Alcalde de la Florida.
Conozco a José Luis en ámbitos ajenos al partidario. Trabajé cuatro años junto a él y me formé la impresión de una persona honesta, correcta y rigurosa. No sé por qué hizo lo que hizo, no sé cómo llegó a esa decisión ni qué compromisos previos incumplió. Pero, sin demostración en contrario, quiero creer que lo hizo motivado por una reflexión política que, a lo menos, merece ser escuchada antes de ser juzgada.
Sin embargo el Tribunal Supremo “en conocimiento de los graves hechos protagonizados por el militante José Luis Alegría Tobar en su ejercicio como concejal de la colectividad, ha decido expulsarlo de manera inmediata.”, como reza la declaración de dicho órgano. Lo hizo en un par de horas, basado en información de prensa y sin siquiera citar a Alegría. No hubo cargos, descargos ni argumentación. No hubo debido proceso.
En un Partido que ha luchado y lucha por la democracia, creo que es una paradoja grave que su propio órgano disciplinario interno actúe con tal liviandad.
Cosa distinta es el juicio político que los militantes podamos tener sobre el actuar de José Luis. Debe responder políticamente de sus actos y someterse al debate de forma responsable. Pero un Tribunal es un Tribunal, y debiese actuar como tal.
Me molesta aún más el párrafo de la declaración del Tribunal donde señala “este hecho político generado por el concejal Alegría transgrede la ética socialista, la que se entiende por: mantener una conducta militante que se sujete a los principios filosóficos y morales que definen, entre otros, la Declaración de Principios del Partido Socialista adoptada en la Conferencia Nacional de Organización de agosto de 2002, así como las resoluciones que sobre la materia se han dictado en sus congresos, a lo que se debe agregar la vida ejemplar de muchos militantes que dieron sus vidas por la consecución de los objetivos estratégicos del Partido y cuyo ejemplo trasciende las fronteras de la organización”
Me molesta, porque podemos desarrollar el mismo juicio respecto de la conducta de otros militantes sin que esto haya implicado una sanción similar.
Humildemente, así como no me gustó la foto de José Luis con Carter, me provocaron una ira mayor las fotos de Jaime Estévez con Nasur celebrando el triunfo de una operación digitada desde la derecha empresarial y política sobre la ANFP, o sus declaraciones negándole a Marcelo Bielsa su derecho a opinar sobre los asuntos de la Asociación porque era un empleado de ésta, violando no sólo los principios del PS sino que atentando, a mi juicio, contra los derechos fundamentales del Sr. Bielsa como trabajador.
Pero lo que más rechazo de dicho párrafo es su mención a los militantes que dieron su vida por la consecución de los objetivos del Partido. Me parece una falta de respeto por nuestra organización, por nuestra historia y por la memoria de nuestros más de 1.000 compañeros y compañeras asesinados o desaparecidos por la Dictadura Militar. No creo correcto ocuparlos para justificar una decisión como ésta, en un conflicto como éste.
La democracia interna de los partidos se ha transformado en una de las mayores deficiencias de nuestra institucionalidad política. Y eso no sólo es válido para la resolución de las disputas políticas internas y generación de liderazgos, sino que también para el funcionamiento de órganos como los Tribunales Supremos que, con decisiones como ésta, se alejan de la forma y cuidado en que debiesen desarrollar sus tareas.
La próxima vez que vea a la turba de Springfield persiguiendo a alguien con teas, horquetas y palos, ya no me va a dar tanta risa.
Comentarios
28 de junio
La ley de hierro de las oligarquías se hace manifiesta siempre…y siempre va en contra de cualquier atisbo de democracia.
0