El proyecto de ley de Identidad de Género, fue impulsado en el año 2013, el objetivo del proyecto es garantizar el reconocimiento de las personas transexuales respecto a su identidad, otorgando el derecho de rectificar los datos de sus documentos registrales, nombre y sexo, para que sean congruentes con su realidad. Desde el comienzo, la iniciativa fue polémica y su tramitación ha sido cuestionada por el comité de Derechos Humanos, por las observaciones y reticencias de distintos sectores a legislar sobre el tema.
Actualmente en Chile no existe una Ley de Igualdad de Género, lo que implica que durante mucho tiempo se ha excluido a las personas transexuales o transgénero, sin otorgarles la debida protección y por sobretodo, vulnerando su derecho a la identidad, obstaculizando la posibilidad que rectifiquen en sus partidas de nacimiento su nombre y sexo, para que éstos sean congruentes con el nombre y sexo con el cual se identifican. En nuestro país existe una legislación referida al cambio de nombre (ley 4808 de Registro Civil e Identificación), pero no hay una causal que se refiera a la transexualidad, y cuando se presenta una persona trans que desea cambiar su nombre, se le exigen una serie de requisitos para acceder al cambio registral: el sometimiento a una intervención quirúrgica de cambio de sexo, acreditación de tratamiento hormonal, seguimiento psicológico o psiquiátrico, siendo requisitos copulativos y se deja además su autorización a la discrecionalidad del juez que conozca el asunto.Es deber de la sociedad dar la posibilidad a niños, niñas, adolescentes y adultos, de alcanzar su máximo de desarrollo como persona, reconociendo derechos y facilitando su ejercicio. Es inútil declararse como una sociedad inclusiva, respetuosa de la dignidad y la diversidad si obstaculizamos o simplemente prohibimos que todos seamos iguales en dignidad y derechos.
Esto es discriminatorio, denigrante y atenta contra la dignidad humana, la ley de identidad de género debiera ser un tema prioritario a legislar, pero para nuestros parlamentarios al parecer no es un asunto relevante, ya que nuevamente la discusión del proyecto en la Cámara Alta fue aplazada. El 2 de noviembre estaba programada la discusión, pero ésta fue reprogramada para ser analizada en diciembre, donde probablemente vuelva a aplazarse y así dejar el proyecto una vez más “durmiendo en el Congreso”. ¿Por qué fue aplazada la discusión en esta oportunidad? Principalmente se refiere a que los sectores más conservadores se han negado fervientemente a legislar al respeto, temen discutir sobre identidad de género, porque dentro de su ignorancia, desconocen de qué se trata, no entienden en qué consiste la transexualidad y consideran que se refiere a “una ideología del mal”, en palabras del Senador Iván Moreira; impulsada por sectores minoritarios que pretenden destruir los valores morales de nuestro país. Reitero, hay una profunda ignorancia, una despreocupación enorme por informarse y entender cuáles son los aspectos que contempla el proyecto y el porqué es necesario implementarlo en nuestro país.
La oposición y polémica del proyecto de ley de Identidad de Género se produce en especial en sectores evangélicos, católicos y protestantes, se habla de perversión o inmoralidad respecto al tema de la transexualidad, que se pretende atentar contra los valores de la sociedad, e imponer una cultura homosexual en el país o simplemente es tachada de “aberrante”, también en palabras del Senador Moreira. Pero ¿qué tiene de aberrante que personas como cualquier otra exija poder indicar con qué sexo se siente identificada? ¿Qué tiene de inmoral el luchar por ejercer los derechos con igualdad? ¿Por qué nuestra sociedad ha permitido y sigue permitiendo que un documento que no refleja la realidad de una persona, vulnere sus derechos humanos? Es hora de entender que no se puede imponer y limitar a las personas por el deseo de mantener el status quo, intentando tapar el sol con un dedo y negándole a las personas trans ejercer sus derechos como lo que son, personas, reconociéndole la dignidad humana de la que todos debemos gozar.
La polémica dentro del Congreso respecto al proyecto se ha dado en relación a los niños, niñas y adolescentes trans, argumentando que no es posible que éstos puedan decidir acerca del cambio de nombre y sexo de sus registros ni aun con la autorización de sus padres o tutores, ya que no tienen la “capacidad” para determinar cuál es el sexo con el cual se identifican. Al respecto, estoy en un absoluto desacuerdo, debemos dejar de subestimar a los niños, niñas y adolescentes, éstos entienden la complejidad del tema, saben qué implica porque han vivido en esta situación y tienen la “capacidad” para tomar una decisión respecto a su identidad de género. El principio de “autonomía progresiva” es consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, reconoce la capacidad natural para entender los actos que llevan a cabo y sus consecuencias, además se debe atender a su interés superior para tomar decisiones que los afecten.
Es deber de la sociedad dar la posibilidad a niños, niñas, adolescentes y adultos, de alcanzar su máximo de desarrollo como persona, reconociendo derechos y facilitando su ejercicio. Es inútil declararse como una sociedad inclusiva, respetuosa de la dignidad y la diversidad si obstaculizamos o simplemente prohibimos que todos seamos iguales en dignidad y derechos, como lo asegura nuestra Constitución, debe ser acción y realidad y no sólo una mera declaración de intenciones, que en la práctica no se cumple. Basta de excusas, el tema debe discutirse con seriedad, altura de mira y con antecedentes suficientes, es necesaria en Chile y no puede aplazarse más.
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