Lo primero que resaltó al leer el anunció de la Presidenta Bachelet sobre una Ley de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia fue la palabra garantías. Es una palabra que hasta el momento le ha quedado bastante grande a nuestra legislación y jurisprudencia chilena en relación a los derechos de los niñxs y derecho de familia, porque va mucho más allá de los meros acuerdos político-centristas que acostumbramos ver dentro de las discusiones “valóricas” que pasan por la cámara de diputados.
En septiembre ingresará la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia a la cámara de diputados (que debiera haber ingresado este mes de agosto) pero que hasta el momento se verá en el mes de la patria para algunos, y en el mes de la matria para nosotras. Con respecto a dicha ley el pasado 19 de agosto, Estela Ortiz, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Infancia dio una entrevista en Radio Zero para justamente abordar la Ley de Infancia, la nueva ley de adopción, el rechazo a las reformas planteadas por el gobierno de Bachelet y temas pendientes en derechos humanos.Si queremos realmente crear una nueva cultura de respeto a los niños, niñas, niñes y adolescentes, es necesario hacer las cosas de una nueva manera y no como siempre se ha hecho.
La entrevista me dejó con gusto a poco, esperaba escuchar mayor información de parte de Estela Ortiz pero a pesar de no haber dado declaraciones muy reveladoras sobre la ley de infancia, sí debo destacar que tocó un punto que para nosotras como familia lesbomaternal (dos madres lesbianas criando a una hija) fue clave.
Una de sus declaraciones tiene relación con la denegación de derechos que más afecta directamente a nuestros hijxs y nuestras familias: “Tenemos que hacernos cargo de la diversidad de familias que tenemos en Chile”. El hecho de escuchar a Estela Ortiz abiertamente declarar que Chile debe hacerse cargo de las familias diversas nos da entender que lo que viene en el proyecto de ley buscará crear una nueva cultura éticamente correcta de respeto a los niños, niñas, niñes y adolescentes. Esto sin lugar a dudas es una afirmación que hemos largamente esperado escuchar de parte del gobierno. En el fondo, que todxs nosotros nos hagamos cargo, finalmente de todas las familias por igual, es el motor principal que nos motiva a incidir políticamente, que nos lleva a ser transparentes en nuestros ámbitos como el colegio de nuestra hija, en nuestros trabajos, con nuestras familias, y en la sociedad, porque no tenemos ninguna razón de escondernos, ni de avergonzarnos, al contrario, tenemos muchas razones para sentirnos orgullosas de la familia que hemos construido en base del amor. Podremos ser familias a quienes se nos niegan nuestros derechos, pero llenas de amor, respeto y compromiso incondicional con nuestros hijxs. Somos familias que en plena libertad tenemos el deber de ejercer ciudadanía en la búsqueda de los derechos de nuestras familias.
Una cosa simple pero de fondo que debemos corregir en Chile, nosotros como familias sin derechos, cumplimos con todos nuestros deberes al igual que nuestros hijxs pero no contamos con el derecho de reconocerlxs, de protegerlxs legalmente. Es ahí donde hay una grave falta a nuestra dignidad humana y peor aún es sostenida, mantenida y financiada por nosotrxs mismxs.
Aunque le pese a la oposición la idea de la existencia de nuestras familias y su obsesión de no comparar nuestras familias con la idea de la familia entre hombre y una mujer, la diversidad familiar es una realidad del cual se tiene que hacer cargo el Estado. En el fondo, a nadie se le obligará tener una familia con madres o padres del mismo sexo, si no la quieren. En nada afectará sus proyectos de vida con una familia de padres de distinto sexo, si no les agrada ese construcción de familia, no la tenga- es así de simple.
Dicho eso, mientras la oposición lucha por preservar un solo tipo de familia basado en el sexo y orientación sexual de los padres, nosotras luchamos para que a ningún hijx se les vulnera sus derechos inherentes, sea de la familia que sea. Es precisamente la garantía de derechos lo que se necesita para resguardar de manera integral y permanente a todxs lxs hijxs de los prejuicios personales y arbitrarios del sector opositor que no le guste, sea de la ciudadanía o del gobierno.
Si tuviese la oportunidad de conversar con Estela Ortiz, lo primero que le comunicaría es que nuestros hijxs, sin importar su diversidad familiar, necesitan una ley marco que venga a garantizarles un trato equitativo. Equidad, nada más y nada menos que eso. Que a ellxs no les sirven las excusas como lo difícil que puede llegar a ser para algunos parlamentarios la idea de su existencia familiar. Sino que requieren de un trabajo ético alineado con los principios y derechos consagrados en la Convención sobre los derechos del niñx (CDN). Lo que necesitan es la garantía de que sus derechos estén siempre por sobre la opinión político-centrista y heterosexista de parlamentarios opositores.
En hora buena, llegó el tiempo para que exista verdadera libertad para todxs lxs niñxs por igual. Los acuerdos políticos solo sirven si trabajan en función a la CDN y no en reservarlos como privilegios por solo algunos. Si queremos realmente crear una nueva cultura de respeto a los niños, niñas, niñes y adolescentes, es necesario hacer las cosas de una nueva manera y no como siempre se ha hecho. Los argumentos heterosexistas de la oposición se contradicen completamente con la CDN, porque no se puede llamar a discriminar instrumentalizando el interés superior del niño, cuando lxs hijxs justamente cuentan con la protección y cuidado adecuado de parte de sus madres o padres. Es decir es tirado de mechas llamar a discriminar en nombre de su interés superior cuando es precisamente bajo ese mismo derecho que sus madres lesbianas, padres gay o trans están actuando en búsqueda de protegerlos y contar con un estatuto legal para garantizar su bienestar.
La oposición crea una incoherencia de parte del debate que busca en lo concreto defender la familia construida por padres de distinto sexo. Una consideración primordial por el interés superior del niño en nada tiene que ver con defender el matrimonio entre un hombre y la mujer sobre el resto de la sociedad cuando nadie lo ataca. Además el argumento débil de decir que se están discutiendo el derecho del niño y no de los adultos está lejos de ser verdadero, cuando se establece en la CDN que el Estado tiene el deber de asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios por su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y con ese fin tomar decisiones legislativas y administrativas correspondientes.
En el fondo el Estado que todxs financiamos no puede seguir discriminando en contra de la diversidad familiar, y reservando los derechos exclusivamente a la idea de una familia superior de un sector privilegiado. Como madres lesbianas, cumplimos con nuestros deberes y no seguiremos financiando la vulneración de los derechos de nuestros hijxs, ni familias. Es hora de hacernos cargo de una injusticia legislativa que afecta a nuestros hijxs.
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