En un estilo habitual para este gobierno, en el que se espera la profundización de las movilizaciones o los conflictos, el Presidente anunció que enviaría al Congreso un paquete de medidas para reformar la educación. Es improbable que esto solucione la crisis, pero al menos puede darle un curso que evite su escalada. Las aprensiones sobre lo que puede anunciar el gobierno persisten, entre otras cosas porque éste se mueve por intereses o convicciones opuestos a las demandas y sus propios problemas de gestión, una cuestión que vale la pena examinar.
Desde el punto de vista de la agenda del gobierno, las políticas sociales se asumieron como una manera de inhibir las críticas de la Concertación y en la convicción que muchas de estas materias no tenían retroceso dada su legitimidad pública. La reforma a la Salud que emprendió Lagos basada en el AUGE o la reforma previsional de Bachelet, que incorporaba a sectores muy desfavorecidos, han sido los pilares en que esta administración pretendía contener las expectativas ciudadanas.
Uno de los tantos vacíos que mostraba esta administración se refiere al tema educacional, una cuestión relativamente comprensible, porque la derecha buscó afanosamente cerrar ese capítulo tras la negociación de la reforma emprendida después de la crisis de los pingüinos. Dicho sea de paso, una reforma que fue cuestionada entonces y que el propio gobierno de Bachelet estimaba como “lo menos malo” debido a las resistencias que mostró la derecha en el Congreso. Los detractores de este cambio sostenían que se haría inmodificable la situación por los próximos diez años y que las medidas eran demasiado parciales y no tocaban un tema de fondo: el actual modelo educacional basado en colegios públicos, subvencionados y privados.
En cuanto a la educación universitaria, La Concertación se fue abriendo a incorporar financiamiento a las universidades privadas y a generar un sistema de mayor competencia por algunos fondos, especialmente en la captación de los mejores puntajes en las pruebas de selección universitaria. No obstante, el tema de los altos costos de la educación, la calidad de ésta, las altas tasas de deserción y la generación de un desmedido endeudamiento para los futuros profesionales (eso si se gradúan), han sido temas pendientes a lo largo de estos años. Casi todo lo descrito se engloba precisamente en la principal consigna del movimiento estudiantil, esto es: el fin del lucro.
La consigna es particularmente compleja para este gobierno, en primera instancia porque el propio Presidente no sólo está convencido que el afán de lucro es un acicate y un motor virtuoso de la economía, sino también porque buena parte de su gabinete luce una exitosa trayectoria de negocios y emprendimientos varios. Nada de eso es condenable per se, pero cuando se trata de establecer modelos de competencia y libre mercado en sectores de alta sensibilidad social la cosa cambia. La voracidad por las utilidades en el ámbito de la salud o la educación tiene connotaciones éticas insoslayables que no pueden ser subsidiarias o de segundo orden. Un asunto que se hace más grave cuando el estilo de gestión que tanto ha escandalizado en el caso La Polar se replica en Universidades y colegios con bastante frecuencia.
La poca o nula disposición del gobierno para abordar el problema del lucro es el principal talón de Aquiles de una eventual solución. El Ejecutivo avanzó en su mejor propuesta ofreciendo inyectar más fondos, pero sin comprometerse en una reforma sustantiva. El Ministro Lavín, como gran cosa, ofreció 75 millones de dólares para mejorar el financiamiento de los estudiantes, una cuestión criticada en las redes sociales y que mostraba el contraste con una cifra difundida en estos días, el rescate de La Polar en 200 millones de dólares. Si bien en el último caso se trata de inversiones privadas, el contrapunto con el monto que el Estado destinaba a “salvar” la educación universitaria resultaba lamentable. Como sea, lo relevante es que no está en los principios de la derecha ni del propio Lavín ceder en el punto principal y, mientras eso no se toque, difícilmente se abordará el tema de la calidad de la educación de una manera integral.
El segundo aspecto tiene que ver con la gestión del gobierno, un tema que ha acaparado la mayoría de los análisis en la medida que se suceden y aumentan las protestas. No insistiré en las maniobras de estigmatización que ha emprendido el gobierno contra las manifestaciones estudiantiles, una estrategia que, por lo demás, también ha usado en otros conflictos como los ambientales e indígenas. Me parece relevante destacar parte del diagnóstico de la derecha frente a la conflictividad. En primer lugar se insiste en el déficit comunicacional y, en segundo lugar, se apela a un cambio de gabinete que buscaría una mayor intervención política. Ambas cosas se hicieron presentes en conflictos anteriores y en circunstancias que la popularidad del gobierno se mantenía sobre el 40 por ciento.
Hay dos errores de fondo en este diagnóstico. El primero, es conferir demasiada importancia al hecho de “informar” sobre los logros y el supuesto “buen hacer” del gobierno. Esto colisiona no sólo con la realidad de una gestión más bien mediocre y plagada de vicios que se ha ido revelando a poco andar de esta administración, sino también porque hoy la prensa y la televisión influye mucho menos en la opinión pública. No quiero decir con esto que las redes sociales sean determinantes, pero la oferta de información ha creado un ambiente de tal competencia que los medios tienen menos margen para manipular la noticia. Para qué decir del rol del lector o auditor hoy día que se asume en forma mucho más activa y que puede demoler una columna con un par de comentarios.
El segundo error es el del ingrediente político. No es casual que los ministros más políticos del gabinete sean precisamente los que están en una posición más comprometida. En la composición inicial del gobierno, los ministros que escapaban del “atributo” técnico eran Lavín, Hinzpeter y Ravinet. La historia de este último es bien conocida y no vale extenderse en ella. Desde hace un tiempo, desde la propia derecha se ha pedido la cabeza del titular de interior y, a partir del conflicto estudiantil, se viene a cuestionar la permanencia de Lavín. Aunque en veredas más o menos opuestas, ambos personeros parecieran haber cruzado destinos. Si Lavín cae no es comprensible que sea sin un cambio mayor de gabinete y eso pasa por la exigencia gremialista de sacar a Hinzpeter. Esta suerte de "simbiosis" se relaciona con el clima confrontacional que sigue imperando entre RN y la UDI, pero no exclusivamente.
Parte del problema ha sido la manera en que Piñera ha concentrado el poder y el escaso margen de maniobra de aquellas autoridades que buscan armar una agenda propia. Pero eso tiene que ver con su personalidad y también con el prematuro desfile de presidenciables que estimuló el propio oficialismo. Para cualquier mandatario es un riesgo dejar que los galgos empiecen a correr libremente. Más aún cuando su propia gestión depende de precarios acuerdos políticos no sólo con la oposición, sino con su propio sector. La solución del gobierno no está en el ingrediente político, pasa más bien por un imposible: que la derecha cambie su discurso, que exista una reforma política real y una mayor participación ciudadana. Como este diagnóstico contraviene las convicciones más íntimas de la derecha, lo lógico es que el clima de deterioro continúe. Un escenario que no favorece las opciones presidenciables del oficialismo. Si hay o no cambio de gabinete es casi intrascendente porque cualquier autoridad, sea técnica o política, entrará a lo que los españoles catalogaban como un “despeña perros” o, dicho de otra forma, una caída al abismo. Los límites de Lavín son claros, no sólo está condicionado por eventuales conflictos de interés y por su participación en la parcial reforma educacional de hace unos años, sino también por un contexto gubernamental lleno de desconfianza, restricciones y sin ningún destino, excepto mirar las profundidades.
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Foto: Kena Lorenzini
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