A pesar de que América Latina en los últimos años pareciera haber dejado de lado las dictaduras, tan propias de los años 70’ y 80’, sigue habiendo una deuda importante con la calidad de la democracia en la región.
En este sentido, la región sigue presentando deudas en relación a la participación de los ciudadanos en la esfera pública, a la libertad de expresión, en la confianza en las instituciones y, sobre todo, en los niveles de aprobación presidenciales actuales.Una de las principales deudas de la democracia latinoamericana, está relacionada con fomentar la existencia de poderes judiciales más independientes del poder ejecutivo, y más efectivos a la hora de emitir sentencias. Sólo de esta manera, se puede mejorar la confianza de los ciudadanos con sus instituciones y la clase política en general.
En Perú por ejemplo, el presidente Ollanta Humala apenas alcanza un 25% de aprobación según la encuesta Ipsos. En este caso podemos ver cómo un lío relacionado con el poder judicial afecta considerablemente la credibilidad del mandatario: “Sobre Martín Belaúnde, prófugo de la justicia, un 82% de los que conocen el caso considera que es protegido y no investigado como corresponde. Además, un 46% considera que el presidente Humala es cómplice de las actividades del empresario, un 35% cree que estaba al tanto pero no era cómplice, un 11% no precisa y un 8% considera que es inocente” (Elecciones en Perú; 2015).
Situación similar se observa en Argentina, en donde la muerte de Alberto Nisman y la supuesta relación del gobierno con su muerte, ha afectado de manera importante sus niveles de aprobación presidencial. Así, tras la muerte del fiscal, la imagen de la mandataria trasandina se situó en 29,1%, mientras que la negativa se situó en 50% con un aumento de 11 puntos.
Chile no se queda atrás, ya que el escándalo del caso Caval (que involucra al hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos), sumado al caso Penta y la arista Soquimich han mermado la confianza de los ciudadanos en instituciones históricamente independientes como el Servicio de Impuestos Internos. Esto da como resultado una baja aprobación de Michelle Bachelet, quién se sitúa con un 24% de aprobación y un 60% de rechazo.
Brasil también pareciera vivir un escenario similar, ya que una encuesta realizada por la firma MDA sitúa a la presidenta Dilma Rousseff con apenas un 10,8% de aprobación. La encuesta también indicó que el 59,7 % de los encuestados es favorable a la apertura de un juicio político contra Rousseff por su supuesta responsabilidad en las corruptelas detectadas en la estatal Petrobras, cuyo consejo directivo encabezó antes de asumir la presidencia.
Finalmente Venezuela también presenta una situación parecida. La aprobación de Nicolás Maduro ronda el 22,6% de aprobación y el 86% tiene una evaluación negativa del país. Cabe destacar que el gobierno de Maduro ha sido criticado fuertemente por la detención de los dirigentes de oposición, Antonio Ledezma y Leopoldo López. En esta misma línea, una encuesta realizada por la consultora “Datanálisis” mostró que un 20% de sus encuestados percibe a la corrupción/impunidad como uno de los principales problemas del país.
Si bien no se puede mostrar una correlación directa entre los niveles de aprobación presidencial y los problemas con la justicia, sí se puede mostrar claramente como ésta influye negativamente en la popularidad de los mandatarios en la región. En este sentido, América Latina se encuentra frente a una crisis de confianza de los ciudadanos con sus representantes, derivada de escándalos de corrupción y de una justicia que no responde de acuerdo a sus expectativas. Esto trae como consecuencia una profunda desconfianza de los ciudadanos con las instituciones y partidos, además un clima propicio para la aparición de líderes populistas.
Por lo tanto una de las principales deudas de la democracia latinoamericana, está relacionada con fomentar la existencia de poderes judiciales más independientes del poder ejecutivo, y más efectivos a la hora de emitir sentencias. Sólo de esta manera, se puede mejorar la confianza de los ciudadanos con sus instituciones y la clase política en general.
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