Enriquecedor ha sido el debate relativo al vínculo laboral que, desde marzo de 2014, mantienen el presidente del Consejo Regional de Aysén -Miguel Angel Calisto- y su hoy camarada, el senador DC Patricio Walker. No despierta interés particularmente por las personas involucradas sino por los roles que estas cumplen y la discusión sobre un tema tan elemental para la democracia como es la representación popular. Como toda materia compleja, el tema no es uni, sino multidimensional.
La primera y obvia arista es la legal. Las declaraciones de ambos representantes se han basado en la licitud de las asesorías del presidente del Core al legislador, consejerías que han mutado desde las de tipo “política y prensa” (marzo 2014) a las de simple carácter “comunicacional” (junio 2015). En palabras del propio Calisto a los medios, su trabajo ha correspondido a “labores de representación, de organización con la comunidad, de trabajo político también”.Quizás en un futuro cercano, cuando avancemos en el profundo sentido de la ética pública, sí sea posible. Porque si a alguien el Estado le confiere cierto poder, prerrogativas y acceso a recursos, por lo menos tiene que estar disponible para dar explicaciones.
Basándonos solo en lo dicho, lo cierto es que tales explicaciones más que aclarar, oscurecen. Porque si el Estado, a través de las asignaciones parlamentarias del Senado, ha cancelado al presidente del Core un monto mensual por asesorías comunicacionales, esos recursos deben destinarse a tal fin. No hacerlo, es homologable al delito de malversación de caudales públicos.
Ahondando en esta figura, la Real Academia Española de la Lengua entrega ciertas luces. Para la institución representar es “sustituir a alguien o hacer sus veces, desempeñar su función o la de una entidad, empresa”. Tal precisión es necesaria porque la Ley Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional estipula en su artículo 33 que el cargo de consejero regional será incompatible con el de diputado y senador. Cuando Calisto ha representado al presidente de la Cámara Alta, ¿no está asumiendo, en términos estrictos, dicho rol? Con respecto a los eventuales conflictos de interés, ¿le ha correspondido realizar acciones en materias que se relacionan con su función o del propio gobierno regional? O, al contrario, ¿ha debido tomar decisiones en la testera del Core vinculadas a intereses de su empleador?
Una de las líneas argumentales de Patricio Walker ha sido, además de cuestionar al mensajero editorial por una posible animadversión declarada en su contra, señalar que similares situaciones se han dado con otros consejeros regionales a los que “no se ha criticado antes”. Pero ello no es justificación. No lo es porque tanto para el caso de las “sociedades espejo” de las universidades para retirar utilidades de sus operaciones “sin fines de lucro”, como para el del mal uso de asignaciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, que aunque prácticas habituales, no por ello eran legales. Tampoco es pasaporte de corrección que estas asesorías hayan sido, eventualmente, autorizadas por el Comité de Asignaciones de la Cámara Alta. El propio desaforado senador Carlos Bianchi señaló que los hechos por los cuales se le enjuicia hoy fueron “visados, autorizados y auditados por el Senado”. Y eso no hizo mella en la decisión de los tribunales de justicia.
Paso importante sería transparentar, si los hay, con los respectivos informes de gestión. Un segundo componente es el político. Miguel Angel Calisto fue electo consejero regional como militante del Partido Regionalista de los Independientes. Y bajo tal condición, según consignó la prensa, juró el 11 de marzo de 2014. No solo como un militante más sino en calidad de Core y, por ende, mandatario político de su colectividad. Hoy sabemos que en paralelo asesoraba al senador de un partido político contendor, la Democracia Cristiana, ya que, recordemos, el PRI no pertenece a la Nueva Mayoría. A las semanas, junto a otros militante de la colectividad, el periodista anunció su regreso a la DC.
En política las alianzas son legítimas y hasta necesarias. Sin embargo, acá la discusión radica en que se espera que estas se den sobre la base de aspectos políticos y no monetarios. ¿Alguien puede descartar de plano esta posibilidad? Con las declaraciones que se han conocido, ya que antecedentes no existen, aquello aún no es posible.
Cuando se alude a que “toda persona tiene derecho a trabajar”, se elude la discusión de fondo relacionada con el ejercicio del poder, los conflictos de interés, el tráfico de influencias, la cooptación política. Eso es lo que se está debatiendo, no si Calisto puede ejercer como periodista o el senador Walker tener asesores. Si nos quedamos en ello, el día de mañana escucharemos a un alcalde reclutar a su hermano como jefe de gabinete y decir que “él tiene derecho a trabajar” y “yo veo quiénes son mis asesores y contrato a quien quiero”. Está claro que eso está hoy prohibido, pero antes no era así. Fue la discusión sobre la ética pública -conocida en tal caso como nepotismo- la que obligó a trasladar la controversia social a la legislación. Así evolucionan los pueblos. Por eso, este debate no es menor. Es uno que traza el futuro.
En concreto, las explicaciones no cuadran. Y ese, quizás, es el principal problema. No percibo condiciones para pedir que rueden cabezas o se pongan cargos a disposición, como sí ocurrió con el ex ministro Peñailillo y sus inverosímiles coartadas. Quizás en un futuro cercano, cuando avancemos en el profundo sentido de la ética pública, sí sea posible. Porque si a alguien el Estado le confiere cierto poder, prerrogativas y acceso a recursos, por lo menos tiene que estar disponible para dar explicaciones. Y uno, como ciudadano, a querer que estas sean convincentes. Y eso no es mucho pedir.
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