Las asignaciones parlamentarias como conflicto político

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los más contaminados con todo esto han sido los socialistas que han llevado sus tensiones internas –de liderazgo, de conducción y generacional- a instancias inadecuadas de discusión.
Sus conflictos y pasiones mal canalizadas no sólo están contribuyendo al desprestigio de la política, sino también a su estancamiento electoral –que ya es estructural- y a la opción presidencial de Bachelet. Se vienen tensos días para el socialismo chileno.

¿Por qué un tema de funcionamiento termina convertido en una crisis política? ¿Cómo y por qué un tema de procedimientos relacionado al funcionamiento del parlamento termina convertido en una crisis política?

La coyuntura de las asignaciones hay que entenderla en una perspectiva triple. En primer término, se trata de una crisis política “sui generis” de corto alcance. En segundo lugar, que sus principales efectos son negativos y se relacionan con la credibilidad y legitimidad de la política en general y del Congreso en particular. Y en tercer lugar, que hay razones políticas que explican que un acto administrativo de mecánica interna se transforme en una crisis política.

La identificación de que se trata de una situación atípica ocurre porque son actores intra parlamentarios los que construyen –en definitiva- la coyuntura de crisis: senadores, diputados y el Consejo de Asignaciones Parlamentarias se enfrentan en una polémica “torpe e inadecuada” en términos políticos. Que sea de corto alcance se refiere a que rápidamente pasara al olvido mediático.

Los efectos negativos se vinculan con que se consolida y profundiza la imagen que el Congreso tiene frente a la opinión pública. Este hecho ha dañado la credibilidad, la legitimidad y el prestigio del parlamento y sus actores. De hecho, es altamente probable que en las próximas mediciones que evalúan la gestión del parlamento las cifras estén a la baja.

Los hechos. El conflicto se abre cuando el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (CRAP) por medio de su Presidente –el ex senador DC, Sergio Páez- aprueba una asignación para “gastos de operación” de dos millones de pesos para los senadores desde el primero de mayo.

A partir de esta aprobación se genera un conjunto de acciones, palabras y enfrentamientos entre el CRAP, los senadores y los diputados. A su vez, la opinión pública, los partidos y el gobierno son espectadores de una “guerrilla mediática” que culpa y responsabiliza a unos y otros.

Las afirmaciones y críticas del diputado socialista Fidel Espinoza transforman una decisión administrativa en una crisis política. Hay tres aspectos en el planteamiento del parlamentario: que es un hecho que contribuye al desprestigio de la política, que no es cierto que los diputados tenga un alza de ese tipo desde enero –hecho que había afirmado Sergio Páez- y que son recursos que no se justifican. Días después responsabiliza de esto al senador Girardi, al solicitar este monto para trabajo operativo. El conflicto estalla.

Todos entran al debate. Las defensas corporativas se suceden. Escalona lo hace desde el Senado y Monckeberg desde la Cámara de Diputados. Ambos buscan limpiar la imagen y “el honor” de la Corporación. El primero, deja en claro que es dinero que pertenece al Senado, que forma parte del Presupuesto de la Nación y que de ese monto no llegara ningún peso al bolsillo del parlamentario. De hecho, son recursos para gastos de operación territorial del trabajo del senador y no tienen relación con el aumento de la dieta parlamentaria. A su vez, los diputados insisten con mucha claridad que ellos no han solicitado ningún aumento extra a lo ya definido anteriormente –en el 2011- y cuyos montos –para “asesorías parlamentarias”- se reciben desde enero.

Los ex presidentes de ambas cámaras entran a la discusión. Girardi y Melero salen a escena. Se responsabiliza al primero de la solicitud. Los oficios así lo confirman. Sin embargo, lo hace en el marco de la legalidad, de una necesidad real para un mejor trabajo político-legislativo, con recursos propios del Senado y a nombre de la Corporación. Por su parte, Melero apoya con sus dichos la defensa corporativa de los diputados.

Los senadores oscilan entre el rechazo, la incredulidad y la justificación. Algunos mencionan que no necesitan los recursos (Walker y Chahúan, ambos senadores de la Quinta Región); otros mencionan que no saben mucho de que se trata pero entiende la necesidad (Carlos Larraín) y los que la justifican (Pizarro-Cantero). Lagos Weber ha sido el más crítico por la situación. El presidenciable pasó de la justificación a la crítica en un par de días.

El conflicto ha dañado la imagen parlamentaria. Comienza, por tanto, el camino inverso. Seguramente, se cerrara la fase de las descalificaciones y se abrirá una etapa orientada a recuperar las confianzas y transparentar “aún más” el uso de los recursos públicos del parlamento en general y el Senado en particular. Se volverá a los cauces institucionales de la discusión. El error político ya ha sido consumado. Sin embargo, hay razones políticas que explican el porqué se transformó este hecho en una crisis política.

La mecha política se prende con las afirmaciones del senador Pizarro. Ellas apuntan –lo que también ha sido ratificado por otros senadores- a que Espinoza tiene razones políticas para asumir el rol que ha tenido en el conflicto. ¿Por qué lo hizo? Sí, era perfectamente posible mantener la polémica en los cauces internos del parlamento. Incluso, si todos conocen cómo se han gestionado la platas desde la creación del Consejo y la homologación que se aprobó. Su principal argumentación tiene que ver con la transparencia y que con ese tipo de cosas hay que condenarlas.

En términos políticos la razón se encuentra en la carrera senatorial y en las tensiones internas del PS. En esa dirección lo más visible es la disputa Escalona-Espinoza. El primero interesado en seguir en el Senado y el segundo en llegar al Senado. Ambos militantes del Partido Socialista. Por ello, no podemos descartar que Espinoza haya usado esta coyuntura para obtener beneficios electorales. Obviamente, el diputado lo desmiente tajantemente.

No se trata de dañar a Escalona en su imagen y en su fuerza electoral, sino de impedir que el senador tenga más recursos para operaciones en terreno y de ese modo aumentar sus posibilidades de la re-elección. Aquí está la clave del asunto. Y ello, tiene que ver con todos los senadores –unos más que otros- que buscan la reelección.

¿Es casualidad que los senadores más involucrados en el conflicto y que más han golpeado la mesa son los que van a la re-elección –Escalona, Girardi, Pizarro, Cantero- y, a su vez, los que más distantes han estado no vayan a la reelección –Walker, Chahúan, Lagos Weber?

En efecto, en esa dirección, hay que mencionar que el diputado Marcelo Díaz –recién renunciado a la mesa del PS- tiene aspiraciones senatoriales que dificultan la reelección del senador Pizarro. Incluso, la opción Díaz complica el subpacto PS-DC y el blindaje senatorial Escalona-Pizarro. El PS estaría por no apoyar la candidatura de Díaz. Aquí, por tanto, también hay elementos de la crisis interna del socialismo.

Por su parte, la DC ha tenido en este conflicto una actitud pasiva y distante –con la excepción de Pizarro y en alguna medida de Zaldivar. Parece que los más contaminados con todo esto han sido los socialistas que han llevado sus tensiones internas –de liderazgo, de conducción y generacional- a instancias inadecuadas de discusión. Sus conflictos y pasiones mal canalizadas no sólo están contribuyendo al desprestigio de la política, sino también a su estancamiento electoral –que ya es estructural- y a la opción presidencial de Bachelet. Se vienen tensos días para el socialismo chileno.

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Foto: loco085 / Licencia CC