La seguridad ciudadana mejorará notablemente y la política criminal será más respetuosa de los DDHH y menos criminalizante de los sectores sociales más vulnerables, si se promueve, apoya e institucionaliza a las organizaciones locales para que estas puedan asumir, procesar y resolver sus conflictos.
La encuesta de Adimark de abril 2014 señala que el sector del Gobierno peor evaluado por la población es la seguridad ciudadana o el control de la delincuencia, aquí la aprobación es la más baja con 21% y la desaprobación la más alta con 69%, además, la aprobación cayo de 24% a 21% en relación al pasado mes de marzo.
Como es bien sabido esto no tiene nada de novedoso, desde hace años todos los gobiernos padecen el mismo mal juicio de la nación en este sector. Pero el debate nacional sobre las reformas educativa, tributaria y política que quiere llevar adelante el Gobierno de la Nueva Mayoría y los intentos de la vieja, o saldos restantes, de la Alianza por Chile para oponerse a ellas, no deja espacio de pauta para el asunto de la seguridad ciudadana, lo cual, es a no dudarlo una buena noticia. Pero, eso no es una razón para no ocuparnos de la seguridad ciudadana, tanto más cuanto que para la población nacional la delincuencia sigue siendo uno de los temas de su mayor preocupación. Al terminar el año pasado según la encuesta del Centro de Asuntos Públicos (CEP) los tres temas prioritarios eran delincuencia con 48%, ojo por debajo de salud con 53%, pero por encima de educación con 44%.
El asunto de como bien manejar tema de la seguridad ciudadana es más complejo y difícil que el manejo de la reforma tributaria, no obstante las encuestas indican que este tema ha sido mal instalado, si bien todos quieren que los ricos paguen más impuestos y los pobres menos. En cambio, muy pocos están dispuestos a reconocer que quienes han delinquido, quienes han transgredido los derechos de los otros, lo han hecho porque carecen de oportunidades y alternativas para satisfacer sus necesidades y gratificar sus deseos de manera lícita, lo cual en ningún caso los exculpa del hecho de haber transgredido los derechos de otros. Seamos claros, lo delincuentes lo son en tanto sus derechos básicos han sido constantemente desconocidos y muchas veces gravemente transgredidos, eso se hace claramente presente en el discurso de la justicia juvenil o de menores, si bien el sujeto allí referido es eufemísticamente llamado joven en conflicto con la ley o infractor de la ley, el sujeto básico allí es el joven que ha sido transgredido en sus derechos y eso es lo primero que reconoce la doctrina y norma internacional sobre protección de los menores.
Los discursos para comprender e intervenir la delincuencia y garantizar estándares mínimos de seguridad ciudadana –no es posible acabar con toda la delincuencia, se dice- son variados y no hay espacio aquí para revisarlos todos, pero en estos momentos podemos identificar dos extremos sobre el asunto: por una parte, en el extremo del reduccionismo sanitario y terapéutico para la comprensión de la delincuencia tenemos las terapias multisistémicas (TMS), por otra, en el extremo de la movilización política para tratar un asunto social, en este caso con una “lucha de masas contra la delincuencia”, se trata de promover la organización y movilización popular en contra del crimen organizado.
Desde los Estados Unidos de América, Scott W. Henggeler de la Medical University of South Carolina, USA, nos informa que: “La terapia multisistémica (TMS) es un tratamiento intensivo en el ámbito familiar y comunitario dirigido a adolescentes con comportamientos antisociales graves y a sus familias”. Además, en lo teórico afirma que: “Se considera a la familia como un elemento fundamental para la obtención de resultados favorables y la investigación sobre variables mediadoras, apoya el énfasis que el TMS pone en promover el funcionamiento familiar como mecanismo clave para el cambio clínico”. Como ya se ha dicho antes: “Para la población encuestada por la ENUSC 10 las causas de la delincuencia serían: la falta de preocupación y control de los padres, con 22,2% de preferencias; la falta de vigilancia policial, con 17.0%, y; el consumo de drogas con 15,3%”. “Que la ausencia policial como causa del delito esté en segundo lugar es significativo, porque indica como en el imaginario colectivo se ha logrado desplazar la responsabilidad de la seguridad ciudadana del Estado a la familia”.
Por otra parte, desde Sudáfrica el General de Policía Jeremy Vearey con el argumento de que: “El gansterismo y el crimen organizado pretenden privatizar ilegalmente el control social sobre el espacio público compartido, como escuelas, carreteras, parques, servicios públicos, etc., para la actividad criminal con fines lucrativos”, además, dado que: “…es probable que estemos entrando en una nueva dimensión de la lucha de clases contra las pandillas y el crimen organizado”, aquel postula a: “Los comités de calle como instrumentos de la seguridad pública al servicio de la clase obrera”.
Sin embargo, bien se puede contraponer a esa lucha popular contra el crimen el siguiente análisis del criminólogo marxista, Jock Young, para quien: “No es la «delgada línea de policía” (the “Thin Blue Line»), sino los ladrillos y el mortero sociales de la sociedad civil los principales baluartes contra la delincuencia. Empleos decentes con futuro discernible, urbanizaciones de las que los inquilinos puedan estar orgullosos, instalaciones comunitarias que incrementan el sentido de cohesión y pertenencia, una reducción de las desigualdades injustas, todo ello crea una sociedad más cohesionada y menos criminogénica”.
La manera correcta de plantearse el asunto de la seguridad ciudadana y la política criminal debe reconocer que, una parte de los hechos delictivos son el resultado tanto del mal manejo y resolución de trastornos de salud mental entre sujetos de las comunidades y sus familias, tanto más si estas están carenciadas –bien sabemos que la salud para los pobres es deficiente y la salud mental peor aún-, como también a que parte de esos hechos se deben a la subordinación de sujetos carenciados a las estructuras del crimen organizado, éste les da empleo, ingresos y seguridad que la sociedad les ha negado. No obstante lo anterior, asimismo, es constatable que la mayor parte de los hechos delictivos son el resultado tanto del actuar de la delincuencia común, sobre todo manifestada como “pequeño delito” que expresa la pobreza de sus actores, como mayoritariamente debido a la mala resolución de conflictos familiares, amicales, vecinales y comunales, que resultan en graves trasgresiones de los derechos de otros, no es casualidad que el tipo penal que más causas deben resolver los tribunales de justicia sean las amenazas, con el 11% de las causas, seguidos por las infracciones a la ley de drogas y luego por el hurto en supermercados.
Solo una política de seguridad ciudadana que se proponga habilitar y entregar competencias a las comunidades locales para resolver los conflictos intracomunitarios puede realmente prevenir las conductas inaceptables, delictivas y criminales. La seguridad ciudadana mejorará notablemente y la política criminal será más respetuosa de los DDHH y menos criminalizante de los sectores sociales más vulnerables –pobres, jóvenes, mujeres y minorías-, si se promueve, apoya e institucionaliza a las organizaciones locales para que estas puedan asumir, procesar y resolver sus conflictos, que pueden derivar en conductas inaceptables, delitos y crímenes, no para ser informantes o soplones de policías y fiscales y, menos aún, para confrontarse con pandillas y mafias locales.
Dicho así al pasar, nunca se debe olvidar que las pandillas son formas de autodefensas de jóvenes gravemente carenciados y trasgredidos en sus derechos. “Las feroces maras” de Centroamérica originadas entre los jóvenes inmigrantes en Estados Unidos de América y de allí expulsados a sus países de origen, son el mal resultado de la insensibilidad social y la torpeza política de las autoridades.
Finalmente, sobre insensibilidades y torpezas es de destacarse que en el mega incendio de Valparaíso, la mayor preocupación de las autoridades y los comentaristas ha sido la aparición de personas y familias que se hacen pasar por damnificados, lo cierto es que si eso han hecho es porque son personas y familias gravemente carenciadas, no son ni crimen organizado ni delincuente comunes que han trasgredido derechos de otros, tanto más cuanto que han sido arrojadas a la basura grandes cantidades de ropa y alimentos que las y los chilenos donaron para los damnificados más carenciados.
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