Este año político se inauguró con la idea de un aparente ‘deber cumplido’ por parte del gobierno, lo acompañaron hasta las encuestas; avanzó en las reformas tributaria, políticas y de educación, pero poco duró ese momento satisfactorio, ya que febrero ofreció el caso PENTA, CAVAL, y ahora último SOQUIMICH, del cual, aún no se conocen sus alcances. Como se sabe, ninguno de estos casos vislumbra un cierre en el corto plazo, implicando desafíos nuevos cuando de ‘deberes cumplidos’ se refiere.
Si febrero fue testigo de estas condiciones políticas, judiciales, morales y éticas entre otras consideraciones del sistema político, todas incómodas, se agregaron en marzo las referidas a las dinámicas de la geografía física, entre ellas: Incendios forestales en el sur, con miles de hectáreas de bosque nativo comprometidos, erupción gradual del volcán Villarrica y ahora último el aluvión de la Tercera Región de Atacama. Estos casos, por supuesto, tienen otro tratamiento, pero que en definitiva igualmente afectan al sistema político, la agenda de gobierno y la ‘conciencia nacional’.Todas las recomendaciones de los expertos en orden a la planificación territorial, modificación de la ONEMI, la descentralización, entre otras, tendrán terreno fértil cuando de la prevención y desarrollo se refiere.
Esta circunstancia, una vez más viene a evidenciar cómo la cultura política del sistema político no es capaz de sintetizar la dinámica de los espacios geográficos nacionales. Se hace referencia a la cultura política, ya que dando por descontado que bajo el régimen político actual que entiende como objeto de consumo al espacio geográfico, el mismo, no ha sido capaz de colocar en valor, el dinamismo espacial patrio, permitiéndonos un dantesco espectáculo cuando a catástrofes naturales se refiere.
Pero no es hoy no más. Tiene que ver con un registro histórico de catástrofes naturales que viene desde que Chile es República, y desde antes por supuesto. No implica que se quiera relativizar el manejo neoliberal en este sentido, sólo interesa indicar que hay cuestiones más profundas involucradas que explican la indolencia social – política que se tiene ante esta evidencia de manejo de catástrofes naturales nacionales. A reglón seguido, cuando ocurren, viene el cantar de recomendaciones desde diferentes disciplinas científicas y políticas en cuanto la necesidad de reordenar el territorio, apostar a la planificación territorial, modificar la institucionalidad ONEMI, la necesidad descentralización, entre otros, mientras el sistema político debe administrar otro escándalo, mayúsculo también, ya que no sólo se pierden caminos, casas, industrias… sino que también vidas humanas.
Lo que se describe, lamentablemente, pareciera ser parte del imaginario identitario nacional… ¡otra vez la loca geografía!, y es aquí donde el sistema político y las otras expresiones societales debiesen avanzar en la superación de conciencia, proyectando política pública que apunte a desterrar un imaginario nacional, por lo tanto una cultura política – social, que mira como dato estático la dinámica de la geografía física, y pasar a un nuevo imaginario donde se releven estas circunstancias de dinámicas espaciales. Desde ahí, todas las recomendaciones de los expertos en orden a la planificación territorial, modificación de la ONEMI, la descentralización, entre otras, tendrán terreno fértil cuando de la prevención y desarrollo se refiere.
Desde esa línea, en el afán de repolitizar a la ciudadanía en un marco de formación ciudadana… acaso el Gobierno ¿No puede proyectar un ‘deber cumplido’, intencionando un cambio de conciencia político espacial desde la Reforma Educacional, que hoy se encuentra en marcha?, ¿no es acaso un aporte para profundizar la democracia?
Comentarios