Columna en Política
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La política, la geografía física y el civismo territorial

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El sábado 25 de febrero, en algunos lugares de la cuenca de Santiago, hubo precipitaciones. También en la precordillera de San José de Maipo, provocando una vez más el proceso natural denominado Alud y/o Aluvión (precipitaciones torrenciales + geoformas con pendientes pronunciadas + suelo + vegetación  + derretimiento de nieves o hielo en oportunidades), el que también se identifica como Proceso de Remoción en Masa. Los noticieros, además informaron de otros acontecimientos de muy similares características en otras localidades del país. Estos eventos, son de los más comunes en nuestro país, como en cualquier otro lugar del planeta, sobre todo cuando existen topografías escarpadas y lluvias torrenciales como las que experimenta Chile en parte de su zona centro sur.


Se puede afirmar que Chile, como cualquier país del mundo cuenta con la institucionalidad política-burocrática ad hoc, sin embargo, siempre se es testigo de la incapacidad política y técnica de la misma para prevenir y lograr la adecuada reconstrucción, ya gestionada la catástrofe natural.

Este antecedente geográfico físico de coyuntura, se agrega a otros muy instalados en un imaginario colectivo nacional, como fueron: El terremoto del 27 de febrero del 2010 con su efecto de posterior de maremoto;  la erupción del volcán Chaitén en la X Región de Los Lagos, el cual obligó erradicar el poblado de Chaitén: y los incendios diversos a los cuales se expuso a la comunidad nacional, entre varios otros.

A partir de lo anterior, sea escala nacional o internacional, sea por universidades globales prestigiosas, organismos internacionales multilaterales, organizaciones no gubernamentales  transnacionales, entre otros, existe una cantidad significativa de recomendaciones para gestionar la prevención de los desastres y catástrofes naturales. Tales recomendaciones redundan en cómo el Sistema Político logra las mejores Políticas Públicas que permitan disminuir al máximo posible estas circunstancias propias de la naturaleza, disminuyendo, lo que ha se ha venido a denominar, el Riesgo Natural.

En lo operativo, parte de la gestión del riesgo, se logra con el ordenamiento territorial, el que se traduce regularmente en instrumentos de planificación territorial a multi e interescala, los cuales deberían orientar la inversión pública y privada en sus más diversas tipologías, desde las residenciales hasta las industriales, pasando por las recreacionales. A ello, se debe agregar la creación de la institucionalidad que corresponda, que sea capaz, en un régimen presidencialista como el chileno, recomendar al ejecutivo los proyectos públicos y privados para tales efectos con su presupuesto asociado.

A la luz de lo anterior, se puede afirmar que Chile, como cualquier país del mundo cuenta con la institucionalidad política-burocrática ad hoc, sin embargo, siempre se es testigo de la incapacidad política y técnica de la misma para prevenir y lograr la adecuada reconstrucción, ya gestionada la catástrofe natural.

Si eso es así, caben algunas preguntas, lamentablemente, para nada nuevas: ¿Por medio de mayores grados de descentralización política del Estado, podrá gestionarse más asertivamente la prevención y riesgo natural desde el sistema político?, ¿El actual modelo de desarrollo centrado en el mercado y el consumo permitirá incrementar mayores grados de conciencia ‘política-geográfica’ de la sociedad civil y sistema político funcionales a la gestión de la prevención y el riego natural?

Pareciera ser, que la mejor gestión de la prevención, el riesgo y la catástrofe natural y posterior reconstrucción, debiese ser producto de unos mayores grados de conciencia política-geográfica, del cuerpo social y político de la República, los que idealmente debiesen ser intencionados en los contenidos de ‘Formación Cívica’ que contemplan los currículos regulares del sistema escolar nacional.

No basta, con la conciencia política-geográfica de la experiencia, ni con los siempre disminuidos contenidos sobre el medio natural que expone el currículo escolar nacional, sino que deben colocarse en una categoría de ‘conciencia cívica espacial-territorial’ permanente de las ciudadanas y ciudadanos de Chile. De paso se ganaría en una política geográfica crítica con mayor sensibilidad ambiental, componente, siempre tan político, pero tan difícil de instalar, en el mismo sistema político.

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