Esta semana fue rechazada en la Cámara de Diputados la rebaja de porcentaje mínimo de dotación de personas con discapacidad en el sector público y privado. Durante el primer trámite en la Cámara, los legisladores habían aprobado una dotación mínima de personas con discapacidad para organismos públicos de un 2%, porcentaje que en el Senado, y con acuerdo del Gobierno, había sido rebajado a 1%. Con esto, el proyecto pasó a una Comisión Mixta, donde se resolverán las divergencias entre los miembros de ambas Cámaras.
Más allá de las buenas intenciones, escuchando el debate de los parlamentarios, una vez más, se omitieron de la discusión medidas que consideramos básicas a la hora de regular procesos de inclusión laboral de calidad, tales como: medidas alternativas de cumplimiento, medidas de fiscalización, medidas de penalización, y especialmente, medidas compensatorias, que determinen los sistemas de apoyo y financiamiento que harán realidad esta normativa.Más allá del porcentaje, el rechazo a este proyecto debe sustentarse en el pobre debate técnico que no augura buenos resultados para ninguno de los actores que participan en estos procesos. Miopía técnica que limita el debate a un número y no a las acciones que permitirán efectivamente llevarlo a la práctica, de la mejor manera posible.
Más allá del porcentaje, el rechazo a este proyecto debe sustentarse en el pobre debate técnico que no augura buenos resultados para ninguno de los actores que participan en estos procesos. Miopía técnica que limita el debate a un número y no a las acciones que permitirán efectivamente llevarlo a la práctica, de la mejor manera posible. Son estas acciones las que determinarán si es factible dar respuesta a una cuota de un 1, un 2, un 5 o hasta de un 7%, cifra de reserva de empleo que en algunos países de Iberoamérica se aplica para el sector público.
Por otra parte, aprobar este proyecto tal como está, iba a permitir la derogación paulatina del artículo que autoriza hoy en día pagar a este colectivo menos del sueldo mínimo.
En definitiva, constituye una enorme irresponsabilidad, aprobar un proyecto cuyo nivel de discusión está aún en pañales, sin incorporar visiones y experiencias nacionales e internacionales, sustentadas en modelos de inclusión que enriquecen y corrigen lo que hoy en día ni siquiera se está poniendo sobre la mesa.
¿Será suficiente sólo contar con un mecanismo de discriminación positiva, cuando en países como Estados Unidos o España, la cuota tampoco se cumple siempre pues resulta beneficioso elegir entre las medidas alternativas?
En países como España, existe una ley que no solo fuerza la contratación de personas con discapacidad, sino que además ofrece incentivos y medidas alternativas en caso de que la cuota no se pueda cumplir, y recientemente estipula medidas de fiscalización y penalización. Lamentablemente, en Chile desconocemos si la propuesta incorporará este tipo de medidas o si se determinarán las medidas compensatorias para definir y financiar los servicios de apoyo.
Hoy se requiere no sólo forzar un cambio mediante una ley de cuotas, sino que a su vez, capacitar a las empresas, para se garantice una cantidad mínima de personas incluidas, y a la vez procesos de calidad que resulten positivos tanto para el nuevo trabajador y su familia, como para la organización donde se incorporará.
Modelo de inserción más inclusivo
El Empleo con Apoyo es una tecnología social que constituye un modelo de inclusión en España y Estados Unidos, donde se encuentra regulado por ley y funciona a la par con otros sistemas de inclusión financiados por el gobierno.
Asimismo, es un modelo que también Brasil pretende regular, mediante la Proposta de Anteprojeto de Lei de Política Pública de Emprego Apoiado, Dezembro de 2014, del Instituto de Tecnología Social de Brasil, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno.
Desde sus inicios, el Empleo con Apoyo es el modelo que más resultados positivos ha tenido a largo plazo en la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral abierto, entregando apoyos tanto a la persona con discapacidad como al entorno donde será incluida.
Habiendo ratificado en 2008 la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestro país se encuentra obligado a adaptar su legislación laboral, para que estas personas no sean discriminadas por más tiempo de poder acceder a trabajar junto a los demás ciudadanos, en el mercado laboral ordinario.
En esta línea, resulta insuficiente imponer una cuota mínima de trabajadores con discapacidad en las empresas, sin diseñar políticas que amparen un sistema de empleo integrado, que prevea los mecanismos necesarios para financiar los servicios de apoyo que necesitan no sólo las personas con discapacidad y sus familias, sino que también las empresas. Así se dará un salto cualitativo hacia un Estado moderno que cumple la Convención de la ONU y que, en consecuencia, propone una vía única de acceso al empleo para todos sus ciudadanos.
Comentarios
05 de diciembre
Si bien es siempre importante la revisión crítica respecto de nuestra legislación, es importante aclarar la importancia de esta ley en cuanto reconoce un derecho que debiera estar asegurado desde nuestra Constitución, el de la no discriminación. Esta consagración legislativa refuerza lo estipulado por la ley 20.422 en cuanto considera un derecho la participación laboral, ya que si bien es importante la conciencia desde las empresas al respecto, lo más importante es apelar a las personas en situación de discapacidad respecto de su rol activo en los procesos de inclusión laboral, yendo delante de la legislación, delante de las empresas y delante de nosotros mismos como sociedad civil. La constitución de esta avanzada laboralista es lo que realmente va a transformar la vida de miles, y esta modificación a la ley es un tremendo punto de partida.
Cosa diferente son los aspectos técnicos, donde las medidas alternativas son algo que hay que observar muy de cerca. No olvidemos que si bien en los EEUU y España estas son una realidad, también han servido para fomentar guetos laborales, donde la transición se cristaliza en un puesto de trabajo informal con contratos de «aprendizaje» que en la práctica no contribuyen en la participación laboral en igualdad de condiciones. En ese caso miraría más cerca que lejos, con ejemplos como el de Costa Rica y su ley de interdicción, siendo el primer país en reconocer el derecho pleno a decisión de las personas en situación de discapacidad.
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