La (mala) teleserie de los fiscales

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una vez más queda demostrada la mala teleserie montada por parte de los fiscales y la inteligencia, que ha crecido y tomado forma para criminalizar una protesta de tipo social bajo el amparo del Estado en su conjunto. Lo mismo que han reconocido hasta el cansancio los relatores de Derechos Humanos y de Pueblos Indígenas de la ONU que han venido a documentar el actuar del Estado Chileno hacia el pueblo mapuche.

Raúl Castro Antipán ha sido el nombre que más se ha repetido en las redes sociales y en los (pocos) medios masivos que han cubierto la noticia. Y no es por casualidad. Su nombre ha dejado en evidencia uno de los hechos más vergonzosos en la vida del Ministerio Público. Mientras declaraba en el tribunal de Angol por la causa que involucraba a dos, en ese entonces, menores de edad en el ataque a un bus Tur Bus en el peaje Quino, reconoció ser un informante contactado por la Dipolcar (Dirección de Inteligencia de Carabineros) y la Fiscalía, para infiltrarse en la Coordinadora Arauco Malleco y de esa forma permitir la detención entre 2009 y 2011 de casi treinta comuneros mapuches.

Y no sólo infiltrarse, en su declaración ante el tribunal reconoce haber participado en atentados para inculpar a otros dirigentes de los territorios aledaños y es autor confeso de los mismos, responsable de hurto de material de guerra, posesión de marihuana, porte ilegal de arma de fuego y desórdenes públicos. O sea, un delincuente común y corriente.

Cuando digo que esta situación es grave, lo hago con justa razón. Y es así porque una vez más queda demostrada la mala teleserie montada por parte de los fiscales y la inteligencia, que ha crecido y tomado forma para criminalizar una protesta de tipo social bajo el amparo del Estado en su conjunto. Lo mismo que han reconocido hasta el cansancio los relatores de Derechos Humanos y de Pueblos Indígenas de la ONU que han venido a documentar el actuar del Estado Chileno hacia el pueblo mapuche. Mismo actuar que hace solo unas semanas fue cuestionado también por cientos de otros países al someterse Chile al Examen Periódico Universal (EPU) en el mismo organismo internacional en Ginebra, Suiza.

Y es que al final parece que el problema radica en los acusadores. La búsqueda de resultados rápidos, ya sea por cumplimiento de metas o para obtener protagonismo como los grandes justicieros del mundo, sumado a las atribuciones que la LAT les otorga y que los transforma al final en monstruos con poder ilimitado, y los discursos de las autoridades prometiendo “mano dura” que han presionado para usar esas súper herramientas legales para burlar los debidos procesos. Mano dura que es aplaudida por ciertos sectores latifundistas de la región, la multigremial y quienes exigen la militarización de la región con tanques y helicópteros incluidos. “Detener para investigar y no investigar para detener” como me comentaba hace algunos meses el periodista Pedro Cayuqueo, quien ha seguido de cerca estos procesos.

Al guiarse por esa lógica, los fiscales pueden pedir hasta dos años de prisión preventiva para los “sospechosos”, dos años que obviamente no son devueltos ni compensados si se cae la acusación, como ha pasado en la mayoría de éstos casos. Mismo silencio que ha guardado tanto el ministro del interior y autoridades de éste gobierno, como quienes asumieron esos roles en el período anterior de la Presidenta Bachelet. Tanto o más cómplices en una constante cadena de errores forzados que han sido la política de estado desde la vuelta a la democracia a pesar de los miles de llamados al “nuevo trato” o el “reconocer” derechos a los pueblos indígenas.

Sin embargo, nada de eso es noticia aquí en Araucanía. Nada de lo que sucede en la Araucanía, si no hay fuego de por medio, es noticia. Pienso en el revuelo que causó la denuncia de carabineros infiltrados en las protestas estudiantiles de 2012-2013, que incluso señalaban que “los amigos en su camino” prendían barricadas para inculpar a estudiantes y encapuchados y facilitar su detención, y así confirmo mi teoría de que nada de lo que pasa aquí es noticia. O nada sorprende.

Hay que esperar que las cosas cambien. Ya lo han dicho el futuro intendente de la región, nuestro peñi Francisco Huenchumilla, en quien muchos de nosotros guardamos altas expectativas para una desmilitarización de la región y la solución a los problemas de la región. El problema aquí es político. Y la solución por ende, debe ser política y no militar. Conciliar los espíritus, reconocer los errores y avanzar en soluciones concretas es el desafío a corto plazo. Los montajes terminan cayéndose, hacen que la confianza se rompa y nos dejan como desconocidos. Una nueva forma de ver las cosas desde la base del diálogo es la clave. Sin fiscales ni carabineros de por medio. Ya sabemos cómo terminan las historias con estos actores: teleseries burdas y sin sentido, como las de canal mexicano.