La guerra de las drogas en Chile

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En la contradicción esencial de las políticas de drogas actuales, entre la demanda de drogas por una parte significativa de la población y una oferta ilícita dispuesta a satisfacerla, está el origen la violencia que marca el mundo de las drogas.

Dos componente caracterizan a la guerra de las drogas: la sobre criminalización de los usuarios y la corrupción de las fuerza policiales y del poder judicial. Estos aspectos indeseados de la actual política de drogas, han sido recogidos como argumentos para proponer regularizar el consumo y la provisión de drogas por el reciente informe de la OEA a los presidentes de las Américas.

La sobre criminalización de los usuarios de drogas está claramente documentada con  los 85.000 detenidos al año por infracciones a la ley de drogas, más de cuatro veces los 20.000 detenidos que había al promulgarse en 2005 la Ley 20.000, de los cuales 74.000 son llevados a los tribunales de justicia, entre estos 55.000 por porte y consumo de drogas. Varias veces más que la capacidad de atender  personas que tienen problemas con las drogas. Esto ha sido denunciado por diversas organizaciones y la Iglesia Católica entre otros por el capellán del Hogar de Cristo padre Pablo Walker

Sobre la corrupción de los agentes encargados de perseguir el narcotráfico ya tenemos señales preocupantes en el país. Que un mayor, un capitán, dos sargentos y dos informantes del OS7 de Carabineros de Arica hayan sido formalizados en estos días por tráfico ilícito de drogas debido a incautaciones ilegales y entregas vigiladas fraudulentas, son  hechos típicos de “quitadas” o “mejicanadas” de drogas. A aquellos hechos se agrega que en octubre del año pasado fueron imputados diez detectives de la PDI pertenecientes a la BICRIM de Pudahuel. Los involucrados son tres subcomisarios, un inspector, dos subinspectores, tres detectives y un asistente policial, que organizaban allanamientos para realizar quitadas de drogas, además de extorsionar a personas inculpadas para que entregaran información de narcotraficantes. Sus cargos son por allanamientos ilegales, obstrucción a la investigación y apremios ilegítimos.

Los narcotraficantes aceptan que sus drogas sean incautadas y ellos  puestos a disposición de la justicia como parte de los costos operativos de su negocio ilícito, pero lo que no están dispuestos a aceptar es que las fuerzas del orden les quiten las drogas y sus ganancias, los torturen, secuestren a sus parientes o asociados para obtener información y exigirles recates y pagos por su libertad, sobre todo que la droga incautada aparezca como competencia desleal en los mercados ilícitos. En esos caso ellos desatan toda la violencia que pueden organizar y financiar: esa es la  esencia de la guerra de las drogas. Como es sabido tanto en Colombia, como en México y Centroamérica la mayor parte de las víctimas de esas guerras no son ni policías ni narcotraficantes, son sus parientes, relacionados o allegados, personas que estaban en el lugar inadecuado, simples testigos casuales, pasajeros o peatones, clientes de un local atacado, etc., cuando no periodistas o estudiosos del tema.

Es obvio que se necesita un mejor control interno de las fuerzas policiales para evitar su corrupción, pero en la contradicción esencial de las políticas de drogas actuales, entre la demanda de drogas por una parte significativa de la población y una oferta ilícita dispuesta a satisfacerla, está el origen la violencia que marca el mundo de las drogas. Lo que tenemos aquí es una demanda por drogas ansiolíticas en una sociedad ansiógena,  no solo por motivos  “viciosos”, también por  razones “médicas”, de salud mental, o simplemente para sobrellevar el cansancio o el dolor de la vida cotidiana, mientras por otra se trata de controlar la oferta mediante el control penal, que si bien es el uso lícito de la violencia, siempre tendrá otra violencia dispuesta a confrontarla si el negocio está asegurado por una creciente demanda social. Bien sabemos que el sistema penal no sirve para controlar costumbres que no afectan ningún derecho de terceros. Eso pasó con el adulterio, la homosexualidad, las relaciones sexuales prematrimoniales, el consumo de café, tabaco o de alcohol.

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