Pierre Rosanvallón en su texto “La Contrademocracia, la política en la era de la desconfianza”, realiza un certero diagnóstico de cómo el dispositivo institucional legal que permite la democracia representativa debe convivir en tensión permanente con la otra expresión no institucional, que quizás, podría denominarse “formas organizativas de la Sociedad Civil”, “Geografía de la Multitud”, “Pueblo” o ‘Movimientos Sociales de distinto tipo”.
En este incremento de la tensión entre la democracia institucional y la no institucional (la democrática y popular), se instalaría un momento de vaciamiento de los sentidos comunes o posibilidades de construir futuros colectivos solidarios e inclusivos, permitiéndose riesgos políticos, como proyectos políticos de extremos, donde la vulneración de derechos fuese una realidad.
La tensión, indica el autor, se encuentra en el origen de instalación de la democracia representativa toda vez que existía la sospecha, tras la Revolución Francesa y la estadounidense, de replicar las prácticas del antiguo régimen, esto es, la arbitrariedad discrecional de un poder sobre otro.
De ahí se entiende la división de poderes convencionales de la república democrática, que implica la institucionalización de la sospecha, agregándose la sospecha no institucionalizada de sí efectivamente la separación de poderes entrega las posibilidades para el buen desarrollo de las personas, esto es, sí hacen o no su trabajo.
Rosanvallón dice que con el avance tecnológico, las innovaciones sociales, políticas e ideológicas… los sentidos y acciones de las expresiones no institucionales, se incrementaría en tal magnitud que la sensación de confianza, esto es, esa institución invisible sociopolítica que actúa como verdadera ahorradora de controles institucionales -burocracia u otras formas de verificación de que lo prometido se cumpla-, se encontraría (encuentra) en repliegue franco, siendo el reino de la desconfianza el que capearía (Campea).
Por lo tanto, en este incremento de la tensión entre la democracia institucional y la no institucional (la democrática y popular), se instalaría un momento de vaciamiento de los sentidos comunes o posibilidades de construir futuros colectivos solidarios e inclusivos, permitiéndose riesgos políticos, como proyectos políticos de extremos, donde la vulneración de derechos fuese una realidad. Este momento, lo significará como de impolítica.
El mismo autor, en la publicación “El Buen Gobierno”, entrega una causa que explicaría, entre otras, las circunstancias anteriores de desconfianza. Indica que esta tensión entre democracias legal/institucional/electoral y la no electoral o institucional, pasaría por el disociar entre dos ecuaciones que impone la democracia moderna-contemporánea. La primera, referida a la de representantes y representados, muy propio de las expectativas organizativas post procesos revolucionarios, donde la máxima expresión simbólica y procedimental se encontraría en la deliberación del Parlamento. La segunda ecuación, está referida a la de gobernantes y gobernados, entendida sobre la base, que un conjunto de personas, desde una perspectiva de pacto social y político, permitiría la dirección de unos sobre otros. Esta ecuación, igualmente, debería estar afincada en el parlamento.
Este par de ecuaciones, cual más o cual menos, redundan en el ejercicio de un tipo de gobierno e indicará que la complejización societal, gradualmente, hizo que el gobierno centrado originalmente en un parlamento o legislativo, derivara al ejecutivo, el cual, en un primer momento, fue mínimo en importancia.
Dadas las necesidades sociales y políticas de respuestas expeditas, claras y rápidas, el Poder Ejecutivo se impuso al Legislativo. La necesidad de respuestas, indica el autor, pasarían desde precariedad social (indigencia, desempleo y otros) a conflictos interestatales (guerras nacionales, entre ellas la I y II Guerra Mundial). Así las cosas, se deriva a una democracia representativa presidencialista, con protagonismo evidente del poder Ejecutivo.
Este tránsito, de una democracia deliberativa a otra presidencial, donde las ecuaciones antes indicadas no se encuentran adecuadamente sincronizadas, junto con no ser suficientemente estudiadas, son las que explicarían esta exacerbación contrademocrática en occidente. La ecuación representantes y representados original no se ajusta a los discursos y acciones de los representantes y la de gobernantes y gobernados tampoco, ya que no existiría un asentimiento democrático, sino que más bien obligado de parte de los Gobernados. De ahí la desafección, de ahí la impolítica, de ahí en no reconocer cuestiones positivas que realizan los gobiernos para un público, que se supone debería estar satisfecha.
A partir de lo anterior, ¿Los proyectos políticos de desarrollo nacional que se presentarán -ad portas de las siguientes elecciones regionales, parlamentarias y presidenciales-, serán sensibles con este tipo de constataciones políticas y sociales?
Una forma de empatizar, pareciera ser, es continuar con el Proceso Constituyente, el cual, según lo ha dispuesto el Gobierno de la Presidenta Bachelet, avalado por el Programa de la Nueva Mayoría, debería lograr una Constitución que permitiera de forma correcta las ecuaciones antes indicadas, y así, disminuir los grados de desafección y desconfianza, los cuales, más que entenderlos sólo por los escándalos políticos, sociales y económicos conocidos, deben entenderse también por el mal logro de las ecuaciones comentadas, más su no sincronización.
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