Internet para tod@s: requisitos para una reforma constitucional
Una de las pocas características seguras de la propuesta de reforma constitucional sobre el Acceso Universal a Internet es que ésta puede ser tramitada por un largo periodo de tiempo. Y aunque ésta sea importante y juegue un papel fundamental para la democratización de nuestra sociedad, aun no ha sido un tema "urgente" para los medios de comunicación, por lo tanto menos urgente en la opinión pública.
Dado este escenario, en donde la reforma constitucional aun está en proceso, es fundamental que los senadores que están impulsando esta iniciativa recojan opiniones tanto a nivel de la sociedad civil, como de las empresas de telecomunicaciones, para desarrollar un proyecto realista y acorde al contexto chileno.
En el texto propuesta de la reforma se mencionan casos de países con alto nivel de desarrollo que han asegurado el acceso universal estableciendo una suerte de relación causa-efecto entre el acceso a internet y el desarrollo. Esto puede entenderse como que basta el mero acceso para asegurar cambios sociales, educacionales, económicos y productivos, pero esa ejemplificación es sólo una pequeña parte de otros factores que intervienen en el desarrollo de una sociedad y que en el caso de esos países, a diferencia de Chile, ya han sido resueltos como para poder dar énfasis en el acceso universal a internet.
Si bien hacer accesible Internet para todos los chilenos es un gran avance dentro de las políticas TICs, sabemos que el mero acceso no significa el buen uso de Internet, puesto que la gran mayoría de la población no sabe cómo darle uso. Claramente un computador conectado a internet permite tener mejor acceso a información y en último término a la educación, pero una persona que no posee las herramientas básicas para aprovechar esta tecnología, sólo se verá más aislada de los beneficios y tendencias que la sociedad de la información promete.
Por esta razón, es fundamental que las políticas públicas sean orientadas a dar un uso con sentido a las herramientas tecnológicas y definir si se incentivará el acceso individual a Internet o haremos una apuesta por fortalecer los centros de acceso compartidos. Esto, para establecer no sólo términos de viabilidad económica, sino también para definir el real impacto que internet podría tener en las comunidades más desfavorecidas.
El fortalecimiento de los centros de acceso compartidos es vital en el proceso de mediación que se pueden realizar en comunidades donde la tecnología es percibida más bien con temor y lejanía a sus realidades cotidianas.
Por otra parte, el acceso compartido, asumido por las comunidades, implica desarrollar procesos de organización social que son extremadamente necesarios en Chile.
Además el asumir compromisos como comunidad frente a oportunidades de acceso a la tecnología, fomenta el uso creativo tanto de los espacios, como de los recursos con los que potencialmente pueden contar.
Finalmente, y en atención a la experiencia obtenida por ATACH con los telecentros rurales, podemos decir que el acceso compartido multiplica los beneficios del acceso a la tecnología, puesto que desencadena procesos sociales secundarios de invaluable valor para las comunidades, en particular,  para aquellas más alejadas de los beneficios de la sociedad chilena.
Este proyecto de reforma constitucional es una buena excusa para empezar a hablar del tema, para empezar a generar opinión pública, abrir canales de discusión y poner en la “agenda” el tema de acceso universal. De esta manera se podrá crear una voz representativa que intervenga durante la creación y aprobación de la ley.
 
 

 

Asociación de Telecentros