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Hinzpeter y el control de la calle

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cuando un gobierno intensifica el uso de las herramientas de coerción y control es porque ha asumido que se encuentra en una crisis de legitimidad insalvable. Este, reconoce su incapacidad de ejercer de manera eficaz la dominación y por tanto se decide al asedio de la ciudadanía.

El trámite de una nueva ley sobre desórdenes públicos ha desatado la alarma esperable. Con este proyecto aprobado, el ejercicio efectivo del derecho a libre expresión y reunión quedaría sometido a las acciones que el Ministerio del Interior pueda emprender contra quienes convoquen a marchas o concentraciones.

La posible asignación de responsabilidades penales a quienes llamen a marchas hace sospechar razonablemente que el verdadero propósito de la Ley consiste en criminalizar la protesta social. Ello, en el contexto de una ciudadanía cuya agenda no deja lugar al descanso. De hecho, desde hace tiempo puede corroborarse que no existe un sólo día exento de alguna causa que se manifieste en el espacio público. Cuando ello ocurre, el Estado ausente en materia de derechos sociales se hace presente en forma de represión.

La respuesta represiva no solo revela la falta de sensibilidad de la élite dirigente respecto de las necesidades y reivindicaciones de su pueblo, sino que además desnuda la cada vez más notoria crisis de representación y legitimidad. En efecto, cuando un gobierno intensifica el uso de las herramientas de coerción y control es porque ha asumido que se encuentra en una crisis de legitimidad insalvable. Este, reconoce su incapacidad de ejercer de manera eficaz la dominación y por tanto se decide al asedio de la ciudadanía.

Así las cosas, los promotores de la denominada Ley Hinzpeter buscan transformar en delito aquello que internacionalmente es reconocido como un derecho humano. Pese a la condena que esto recibirá en un mundo cada vez más pendiente de lo que sucede en Chile, el gobierno sigue adelante obcecado por recuperar el control de la calle.

Durante toda la transición, el candado institucional ha relegado a la ciudadanía a expresar su voluntad únicamente en la calle. Con las limitaciones que tiene asumir la marcha como única estrategia de resistencia, no es menos cierto que su práctica permite al menos la visibilización de la crítica. Con la aprobación del nuevo proyecto de ley sobre desórdenes públicos, el ejecutivo y el parlamento cometerían la irracionalidad de cerrar el único espacio hasta ahora permitido. Si con ello pretenden procurarse una tregua forzosa, han sacado mal el cálculo. La batalla por el control de la calle  ha sido declarada.

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