Hace casi exactamente dos meses el mercado farmacéutico nacional se vio remecido con la aparición de la primera “farmacia popular” que depende administrativamente de la municipalidad de Recoleta. Esta iniciativa permite a los vecinos de la comuna adquirir remedios mucho más baratos que en las cadenas de farmacias instaladas desde hace ya varios años -las mismas que se coludieron años atrás-, con diferencias que alcanzan hasta 17 veces menos en el caso de algunos remedios.
Esto ha significado que muchos municipios evalúen la creación de sus propias “farmacias populares”. Además, en los últimos días ha trascendido que varios municipios, principalmente de zonas extremas e imitando el mecanismo de las farmacias, pretenden crear supermercados comunales que cumplan el mismo propósito que las farmacias: irrumpir en mercados altamente oligopólicos y poner fin a los abusos en los precios fijados por las grandes cadenas.Significa que el Estado y sus instituciones están actuando como una herramienta que permite reducir asimetrías y erradicar los efectos que traen consigo los fallos del mercado.
Este tipo de actos podrían hacer suponer que lo que está en tela de juicio es el rol subsidiario del Estado y la imperiosa necesidad de avanzar hacia un nuevo Estado que garantice derechos sociales fundamentales para el desarrollo integral del hombre y su vida en sociedad. Sin embargo, la valoración positiva de estas iniciativas tiene que ver más con la importancia que le otorga la ciudadanía -inmersa en un modelo económico que promueve la acción del individuo más como consumidor que ciudadano- a sus derechos de consumidor que a sus derechos como ciudadano.
Por tanto, esto no significa en lo absoluto un cambio radical de paradigma en cuanto a la comprensión del Estado y sus instituciones como garantes de derechos sociales, sino que significa que el Estado y sus instituciones están actuando como una herramienta que permite reducir asimetrías y erradicar los efectos que traen consigo los fallos del mercado.
Esto invita a reflexionar respecto a la institucionalidad que se aspira a construir, sin desmerecer en lo absoluto este tipo de iniciativas que le dan y le darán dignidad a los vecinos y vecinas de las comunas que cuenten en sus planes con farmacias y supermercados, pero sin perder la claridad de los derechos sociales a recuperar y conquistar en el marco de un nuevo Estado social y democrático de derechos, amparado en una nueva constitución nacida en democracia.
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