Editorializando el domingo pasado, La Tercera elogiaba la prontitud con que había reaccionando el Ejército ante el fallo del caso Prats condenando a los hechores.
Curiosa apreciación del editorialista de lo que es “pronto”: ni más ni menos que 36 años hubieron de transcurrir para que nuestro ejército, por boca de su máxima autoridad, emitiera un juicio de reproche en contra de los autores materiales de tan horroroso crimen.
Pero el problema central no es ese, sino, el involucramiento institucional del Ejército en dicho acto terrorista, y en otros que nos llevan a plantearnos un problema más de fondo:
¿Puede este Ejército seguir existiendo como institución después de haberse deslizado por una pendiente de crímenes y descomposición nunca visto en nuestra historia?
¿No habrá llegado la hora de que dicha institución armada pase –usando un lenguaje castrense- a retiro?
¿Puede una institución armada, con su historia de luces y sombras, caducar? ¿Y si así fuere, que se debe hacer con ella?
Se dice, y con razón, que en el actual estado de desarrollo de la humanidad, las fuerzas armadas son esenciales para el Estado, al punto que sin éstas, éste no puede subsistir. Hay que reconocer, sin embargo, que hay quienes sostienen que el mundo estaría mejor si no existieran fuerzas armadas.
Como sea que fuere, lo cierto es que no estoy planteando, que no existan fuerzas armadas.
Mi punto dice relación con el actual Ejército de Chile; ese que fundó la Patria y que a lo largo de 200 años de historia fue un actor relevante en el desarrollo y consolidación de la misma.
No es que quiera ser mal agradecido y desconocer lo que esta institución significó en la historia de Chile.
Lo que sostengo es que en su evolución, este ejército ha vivido un proceso de deterioro creciente que, en los últimos 40 años, lo ha desnaturalizado a tal punto que hoy es irreconocible e imposible su reconstrucción.
Desde el año 1970 en adelante, dos de sus comandantes en jefe fueron asesinados con participación de sus camaradas. Otro terminó enfrentando a la justicia acusado de miles de crímenes de lesa humanidad y de enriquecimiento ilícito. Cientos de sus hombres se encuentran condenados por crímenes horrorosos. Los comandantes que siguieron una vez recobrada la democracia, buscaron ignorar o minimizar las responsabilidades institucionales que evidentemente emanaban de tanto crimen y corrupción y su institución fue muy reticente al momento de colaborar con la justicia.
Se suma a lo anterior, una cuestión también fundamental: el quiebre de las relaciones entre este Ejército y una parte importante del pueblo chileno, para quienes esta institución es una amenaza vigente.
No escapa tampoco al ojo de cualquier observador desapasionado la circunstancia de existir una suerte de alianza tácita entre este Ejército y los sectores más conservadores de nuestra sociedad, cuyos intereses aparecen como convergentes.
Finalmente, aún es posible constatar que dicha institución castrense se mira y se siente un compartimento estanco de la sociedad chilena, y no parte de la misma.
Concluida la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán fue disuelto pues su sobrevivencia se hizo inviable después de conocido su compromiso con el nazismo y sus crímenes. Fue necesario fundar un nuevo ejército, con nuevos paradigmas, estandartes y doctrina, compatibles con un Estado democrático de derecho.
¿Acaso no sucede lo mismo con este ejército chileno?
La sentencia del caso Prats y la reacción institucional ante la misma tiene la virtud de mostrarnos precisamente su agotamiento.
¿Tendremos el coraje, como sociedad chilena, de adoptar las medidas correspondientes?
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