Cuando Lavín calificaba el movimiento por la educación como una “tormenta perfecta” aludió a la confluencia de actores (secundarios, universitarios, profesores y rectores) que, aún con diversas demandas, confluían en formar un frente común y se potenciaban entre sí. La analogía del entonces ex ministro era muy gráfica pero, al mismo tiempo, poco alentadora. De hecho, en la película a la que se hace referencia, los pescadores que enfrentan la denominada “tormenta perfecta” terminan naufragando irremediablemente. Puede ser que, en una premonición inconciente, Lavín intuyera que se lo llevaría la ola, vaya uno a saber. Sin embargo, ya sea que se usara esta figura para ilustrar el estado de cosas en el ámbito de la educación o la situación personal por la que atravesaba el ministro, es también una analogía aplicable al actual escenario que enfrenta el gobierno en el ámbito social. Tal vez se queda corta.
Es evidente que La Moneda ha hecho denodados esfuerzos para provocar el desgaste del movimiento estudiantil y dividir a los actores involucrados mediante una serie de ofertas financieras, pero sin ningún cambio sustantivo en el modelo vigente. De hecho, el único cambio relevante se refiere a reformar la educación municipalizada, algo que se anuncia pero que en su detalle está lejos de definirse. Por lo demás, la sola idea que presentó el gobierno ha sido rechazada por varios alcaldes oficialistas, una posición que al menos tiene el respaldo del presidente de RN, Carlos Larraín, que manifestó que los municipios no pueden quedarse solo con el retiro de la basura o regar los parques.
En cuanto a la educación subvencionada, la posición del Ejecutivo se terminó de sincerar esta semana, cuando Andrés Chadwick sostuvo que los problemas de calidad radican en la educación municipal y no en el ámbito privado. Sin duda, la discordia al interior del oficialismo, la ambigüedad de las propuestas gubernamentales y la cerrazón de descartar intervenir en el sistema subvencionado son elementos que alimentan la tormenta.
Al parecer, La Moneda confiaba en que la ingente inyección de recursos al sistema educacional terminaría por dividir aguas y alentaría un mayor respaldo ciudadano hacia un gobierno desgastado y desorientado. El discurso sobre un supuesto alivio a las finanzas de la clase media no pareciera calar en la opinión pública, tal como se evidencia en la masividad de las últimas protestas y el carácter familiar de éstas. La insistencia del gobierno en defender y buscar mejores mecanismos para administrar el modelo no convence ni satisface a los movilizados. Algo lógico, si se considera que todas las medidas sobre mejoras a la calidad de la educación no podrán implementarse en un lapso menor a los tres o cuatro años. Es decir que la plata que hoy se apruebe irá al mismo sistema ineficiente.
Para complementar lo anterior basta considerar que la anunciada Agencia por la calidad, que velaría por el estándar de la educación secundaria, es un nuevo servicio público y, como tal, requiere de una ley para su creación. El trámite legislativo, dependiendo de las urgencias y los consensos (que hoy no están), podría demorar un par de años. Si es aprobada, el ministro Bulnes anticipó que el organismo tendría cerca de cuatrocientos funcionarios, lo que implica ubicar un lugar que asegure su funcionamiento y dotarlo de personal, una tarea que podría tardar un año más. En el intertanto, el gobierno pretende presentar diversos proyectos de ley sobre educación en forma independiente, según las autoridades para evitar un rechazo en bloque de la oposición, pero con certeza el énfasis estaría, entre otras cosas, en aumentar las subvenciones, aunque no se tenga implementado el mecanismo de control de calidad. De este modo, el Estado entregaría mayores aportes a los privados en forma inmediata y, en contraste, subiría el estándar por una mejor educación de aquí a unos cuatro o cinco años. ¿No es eso tener las prioridades un poco trastocadas?
No es de extrañar que el conflicto esté lejos de disminuir y mucho más de llegar a una solución. El intento de La Moneda por poner a los padres en la vereda opuesta a las movilizaciones estudiantiles tiene muy poco destino. Los actos culturales y los cacerolazos han demostrado que las peticiones de los estudiantes han calado en las familias y su influencia es creciente. Los llamados gubernamentales que apelan a una supuesta responsabilidad de los padres y a la cordura (como si los estudiantes fuesen irracionales), solo han contribuido a generar más distancia entre la ciudadanía y quienes gobiernan.
Sin la capacidad de desactivar las demandas estudiantiles, La Moneda se apresta a enfrentar un mes de septiembre que, al menos en teoría, puede ser particularmente duro. El paro de 48 horas convocado por la CUT y otras organizaciones sindicales es enfrentado como “ilegal” por las autoridades y con amenazas de descontar sueldos y aplicar la ley de seguridad interior del Estado. Las propias autoridades muestran un discurso contradictorio cuando aseguran que el transporte público funcionará con normalidad, pero que las organizaciones involucradas pretenden bloquear accesos, aeropuertos y puertos. Algo afiebrado si consideramos que basta que Aduanas se sume al paro o que los trabajadores portuarios cesen sus labores para inhibir que los terminales funcionen (algo habitual en países europeos).
En definitiva, dependiendo de lo que ocurra en estos días, es posible que la tormenta perfecta que tanto preocupaba a Lavín, trascienda el ámbito de la educación y abra nuevos frentes para un gobierno cada vez más tensionado y sin juego de piernas. En medio de este escenario, el Presidente Piñera decidió recibir a los representantes de las organizaciones empresariales para debatir y tranquilizarlos sobre una eventual alza de impuestos; una señal no sólo inoportuna, sino que demuestra que el gobierno mira a los actores sociales desde una vereda distante y con los códigos de la élite. En este sentido, ya no cabe hablar de tormentas, sino que hay que asumir que, en materia social y política, lo que se está instalando es un verdadero cambio climático. Si la hipótesis es correcta, la falta de visión estratégica del gobierno y la nula sintonía con los ciudadanos (única forma de enfrentar un cambio estructural de esta magnitud) seguirá pasando la cuenta y generando costos sociales innecesarios y evitables. Al parecer, aún en primavera habrá que seguir teniendo a mano los paraguas.
Foto: Marcos González Valdés / Licencia CC
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