Que el actual gobierno no haya podido solucionar varias de las demandas sociales, y tampoco haya tenido la capacidad para enfrentar los conflictos surgidos en el último tiempo, no es novedad alguna. Cualquier compatriota, incluso el más desinformado, podría darnos una interesante y extensa conferencia al respecto. A continuación, y arriesgando ganarme más de un par de detractores, me propongo lo contrario, quizá lo incorrecto: justificar la (in)acción de la administración Piñera.
Hay que ser justos y objetivos. No se puede pretender que el gobierno solucione los problemas sociales como lo haría un estadista criado al alero de los paradigmas del Estado interventor, por una poderosa y, si se quiere, sencilla razón: sus principios orientadores desprecian la política como un medio para alcanzar determinados fines, cualesquiera que estos sean. Por el contrario, las ideas que lo inspiran se asemejan más a cómo debe administrarse una empresa.
En efecto, desde el nombramiento del gabinete y su clara composición proveniente de “el mundo de los negocios”, la “nueva forma de gobernar” ha seguido un marcado énfasis empresarial. Parafraseando a Hayek –ideólogo del neoliberalismo-, el gobierno debe ocuparse de ejecutar las regulaciones para mantener el crecimiento libre de la sociedad, y debe estar desprovisto de otras funciones que intenten controlar o llevar hacia algún fin determinado este crecimiento espontáneo. Ergo, cuestiones como la educación en manos del Estado o el fin al lucro, son temas que no se debiesen incluir en la agenda del actual gobierno, dado que se estaría apuntando a un fin determinado, a una regulación que niega los principios del orden espontáneo o catalaxia –en términos de Hayek-. Ni hablar entonces de reforma fiscal o renacionalización del cobre.
A pesar de esta no interferencia en la vida pública, no debe olvidarse que para los seguidores de estas ideas, el Estado sí debe garantizar la protección de la propiedad privada y dirimir los conflictos que surjan en la sociedad para mantener una normalidad jurídica e institucional que permita a los individuos desenvolverse y competir. En este sentido, recordemos que uno de los ejes centrales del gobierno consiste precisamente en mejorar la seguridad pública, disminuir la delincuencia, entre otras cosas alusivas a antisociales y violentistas.
Hasta aquí, se justifica plenamente la actuación de la actual administración en términos de seguir los principios orientadores de su (no) política. Sin embargo, a la luz de los hechos, ni siquiera ha sido capaz de llevarlos a cabo o, al menos, no existe certeza de que pueda realizarlos. Primero, ha sido forzado a discutir con fuerzas sociales cuestiones que le son evidentemente incómodas y que no son parte de su agenda. Segundo, en términos de seguridad pública no ha producido resultados óptimos que le permitan “desviar la atención” de la opinión pública y concentrarse en sus buenos resultados en esta materia. Teóricamente, la (in)acción del gobierno es justificable. En la práctica, la incapacidad de llevar a cabo sus propios lineamientos, harían que esta administración no apruebe ni siquiera ante jueces de su propio sector –tal como está ocurriendo-.
En definitiva, cabe preguntarse si una vez dirimidos los conflictos que acaecen, primará una sociedad que apunte a determinados fines, por ejemplo, de mayor equidad y justicia social, o bien, seguiremos bajo la incertidumbre del orden espontáneo, con las funciones básicas de un Estado preocupado por el orden. Considerando el desempeño del gobierno, elija usted qué le parece mejor.
* Gonzalo Álvarez es Cientista Político y Magíster en Ciencia política. Se desempeña como Académico en la Licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile y en el Programa de Bachillerato de la Universidad Diego Portales. Miembro de la Directiva de la Asociación Chilena de Ciencia Política.
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Foto: Gobierno de Chile / Licencia CC
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