En el discurso del 21 de mayo último, el Presidente anunció un proyecto de ley sobre fideicomiso ciego y otras iniciativas para transparentar los intereses de quienes ocupan altos cargos. La idea, que fue planteada por la Concertación previendo los conflictos de interés del entonces candidato Piñera, no se ha materializado por diversas razones. Una de ellas es que el fideicomiso ciego, mecanismo que entrega la administración del patrimonio a un tercero que no puede informar al mandante el destino de sus inversiones, es una salvaguarda ineficaz frente a los conflictos de interés. De hecho, en Estados Unidos hay sectores que consideran la medida como un escudo frente a las críticas y advierten que no previene la ejecución de negocios oportunistas.
El fideicomiso ciego tendría a lo menos tres consecuencias negativas: por un lado pone un pesado velo al conocimiento público sobre las inversiones de las autoridades, cuestión relevante porque va en sentido contrario a la búsqueda de transparencia. Por otro, deja al administrador en plena libertad para acometer negocios que tal vez la autoridad política no podría realizar directamente por incompatibilidad con su cargo. Un tercer factor es la obvia dificultad para establecer si la autoridad y el administrador han violado el compromiso de independencia y confidencialidad.
Para ver las dificultades del fideicomiso, recurramos a un ejemplo que describió el propio Presidente Piñera, cuyo valor estriba en su reconocida experiencia bursátil. Cuando se divulgaron sus inversiones en una empresa de farmacias que se coludió para subir los medicamentos, el entonces candidato sostuvo que existía un programa informático que le indicaba cuando y en qué compañías era conveniente invertir. El procedimiento era tan independiente que el actual mandatario ignoraba su participación en FASA, lo que también se explicaba porque sus empleados habrían efectuado la inversión. Una cosa bien notable que me recuerda esos trompos que uno usaba de niño con leyendas en sus distintas caras: “toma uno”; “dobla”; “triplica”; “toma todo”…claro que el trompito no decidía sobre cuanto apostar y en qué cosas.
Pero no nos desviemos. En la misma línea, es lógico suponer que, quien administre el patrimonio presidencial, usaría un software similar; especialmente porque es difícil sustraerse a tanta eficiencia tecnológica. El software podría indicar que lo más rentable hoy en día es invertir en acciones de Endesa, Colbún o Transelec. Esta opción de inversión estaría basada en un análisis de mercado, un asunto que nada tendría que ver con las decisiones de gobierno, por muy favorables que éstas fueran para las empresas y para el capitalista en cuestión. En nuestra hipótesis, el fideicomiso ciego llevaría a la paradoja de avalar transacciones que sin esta fórmula estarían vedadas. La posibilidad que los dineros de la autoridad terminen en sectores regulados, en los que las decisiones políticas tienen una necesaria incidencia.
Al margen de lo anterior, el hecho que una persona ceda la administración de su patrimonio no le impide seguir al tanto del devenir del mercado. De hecho, un reportaje periodístico consignó, hace un tiempo, que el Presidente Piñera mantenía en su oficina un terminal con información bursátil, suponemos por un interés meramente informativo. Pero pensemos que una autoridad que dispone del citado software pudiera caer en la tentación de consultarlo (aplicando los dichos de la ex directora de la JUNJI por el caso Karadima, “el diablo tienta a los mejores”). Estas simulaciones permitirían tener una idea bastante aproximada de dónde están sus intereses, sobre todo si pensamos en el movimiento de grandes capitales en un mercado relativamente pequeño como el chileno. De ahí a que la autoridad intervenga en las decisiones de inversión o busque darle una “ayudita” a su administrador hay un trecho corto y, en tal caso, la ceguera del fideicomiso pasaría a mejor vida.
En otro plano, cabe mencionar también la dificultad que habría para establecer transgresiones al secreto que requiere el fideicomiso ciego y el tipo de sanción aplicable. ¿Qué entidad podría fiscalizar, con real independencia, a una alta autoridad política en el cumplimiento del fideicomiso ciego? Si la fiscalización recae sobre el administrador, que es lo más probable, éste podría solicitar a su influyente cliente que termine el “hostigamiento” del ente fiscalizador o a negarse a entregar toda la información amparado en la confidencialidad. Hay que considerar que cualquier eventual sanción sobre el administrador del fideicomiso es en sí un hecho político y, como tal, tiene efectos que van más allá de una simple multa o castigo. Ahí aparece la tentación del “telefonazo” (culpa del maligno que siempre está al acecho).
A las dificultades para aplicar eventuales multas se suma el problema de buscar responsabilidades políticas ante la violación del fideicomiso. La responsabilidad del administrador se limita al ámbito penal o civil, lo que hace que, en un caso extremo, el mandante prefiera endosarle la culpa para evitar las consecuencias políticas. Con certeza, la figura presidencial apelaría al desconocimiento, a la delegación de responsabilidad y a que sus decisiones siempre han tenido en vista el interés del país y no el propio. Es decir, resulta probable que, ante una grave transgresión del fideicomiso, caiga el administrador pero no el mandante. Por lo demás, en el caso específico de la derecha hay que destacar que el sector es refractario a los conflictos de interés, lo que está implícito en su disposición para desconocer o justificar estos temas. Basta recordar la reacción de personeros de la Alianza ante la revelación de las cuentas secretas de Pinochet, las que fueron desde cuestionar el procedimiento judicial, hasta justificar el origen de los fondos (los ahorros de toda una vida) y eso que eran platas defraudadas al fisco.
El problema de los conflictos de interés ha sido muy significativo a lo largo de este gobierno, una situación advertida en la campaña presidencial pero cuyos alcances recién se vislumbraron con la designación de numerosas autoridades que contaban con fortuna personal y nexos empresariales. El hecho que Piñera impulse una ley en esta materia está lejos de cerrar el capítulo de cómo se administra actualmente la política y los negocios. Si bien el Presidente se acogió a un fideicomiso voluntario, el único efecto práctico y relevante es que hoy la opinión pública no puede juzgar si existen o no conflictos de interés. Se trata de un contrato privado con un administrador, cuya fiscalización y cumplimiento no ofrece ninguna seguridad para los efectos del sistema político. Por ello cabe preguntarse ¿debemos dar fe que las autoridades respetarán las condiciones de un fideicomiso cuya regulación es en esencia débil? Pensar que la sola investidura del cargo es aval de buen comportamiento no es defender una tradición republicana, sino caer en la ingenuidad más absoluta.
El tema es de aquellos que no tienen una solución óptima, en especial si se trata de controlar las inversiones de un Presidente o si en definitiva determinar si éste hace un aprovechamiento personal del cargo. En Estados Unidos optaron por fijar el fideicomiso ciego y olvidarse del asunto. De hecho, la experiencia estadounidense demuestra que un Presidente corre más riesgos por una relación impropia (Bill Clinton) que por intereses en áreas cuestionables (George W. Bush). En Italia, el caso de Berlusconi también indica que es más comprometedor el comportamiento sexual que el estado de los negocios.
En síntesis, la opción del fideicomiso ciego es mala porque es inútil, pero aún peor, también porque abre la posibilidad que los mismos que hoy deciden sobre proyectos polémicos puedan aparecer en el futuro como accionistas de las empresas favorecidas y el asunto sería completamente legal. De esta manera, el fideicomiso ciego, más que un mecanismo de control, termina siendo la máquina de la fortuna…junto con el famoso software, claro. Por cierto, mejor ni preguntar donde lo venden, no vaya a ser cosa que el diablo meta la cola.
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Comentarios
31 de mayo
Noto cierta suspicacia tuya al referirte al tema…
¿Tú crees que Piñera podría llegar a hacer manejo de información privilegiada?…
¿O qué acaso algún honorable político lo podría llegar a hacer?…
Me costaría creerlo… Los políticos en Chile trabajan por poca plata y prácticamente por puro amor al servicio público… Si de ellos dependiera, seguro que preferirían ni siquiera cobrar el sueldo, el que sólo cobran porque la Ley los obliga… Así es que si trabajan por poco dinero, ¿qué interés podrían llegar a tener en evitar toda clase de transparencia?…
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31 de mayo
Es difícil no personalizar el proyecto sobre fideicomiso ciego en la figura de Piñera. De hecho, la UDI siempre reclamó que la Concertación estaba impulsando una «ley Piñera». Me llama la atención el entusiasmo de la Presidencia en este proyecto a sabiendas que es bien difícil ignorar por dónde circulan los casi dos mil millones de dólares del mandatario.
Sobre la vocación de servicio y el desinterés de los políticos, «de todo hay en la viña del Señor». Lo que está claro es que tampoco es garantía buscar personas de un perfil más técnico; el caso Kodama compromete a algunos operadores políticos pero también a gente de otro perfil y, al parecer, en ese fango están todos revolcados.
No creo que este gobierno pueda dar cátedra en probidad. Si al aterrizar la nueva administración buscó y auditó todos los servicios con el fin de denunciar irregularidades del gobierno de Bachelet y, finalmente, no encontraron nada es un signo que las cosas habían mejorado. Hoy, con los sueldos «reguleques» no sé si podríamos decir lo mismo.
Cuando una alta autoridad de gobierno califica los sueldos del Estado como «reguleques» es también un signo que las expectativas de ingresos parecieran haberse resentido.
31 de mayo
Dado que los altos cargos del gobierno deben hacer una declaración de intereses y de bienes cuando asumen y cuando abandonan sus puestos, sería interesante saber si las actuales autoridades hicieron el trámite o solo declararon parte de sus bienes. Por lo demás, la cesión en la administración de sus patrimonios podría fomentar que nadie quiera declarar sus inversiones en acciones argumentando que, por contrato, las ignoran…en ese sentido sí se podría evitar los requisitos de transparencia, aunque no sé si eso es admisible para la Contraloría.