Como diría Underwood, “el ascenso no se consigue siguiendo las reglas del juego, sino creándolas”.
No hace falta hurgar en la crudeza de galardonadas series como “House of cards” -tan en boga en estos tiempos- para encontrar casos de grandes compañías que buscan controlar la labor legislativa en el Parlamento, a través del financiamiento millonario de las campañas de los congresistas. Hoy en nuestro país tenemos material de sobra para inspirar un guión de descarnado realismo político.
En palabras del protagonista y manipulador de este “Castillo de naipes”, Francis Underwood, el diputado jefe de bancada demócrata, que a punta de oscuras conspiraciones que dejan como principiante al mismísimo “Príncipe” de Maquiavelo, logra escalar hasta convertirse en el Presidente de Estados Unidos, “hay muchas cosas sagradas a las que les tengo respeto. Las reglas no son una de ellas”.
En Chile, primero el caso Penta y ahora la arista SQM, han dejado al descubierto un sistema de control planificado y sistemático de la agenda legislativa a través de aportes financieros ilegales de estos holding a los candidatos elegidos; una estructura que se aleja tanto de las reglas que llega a constituirse en una “máquina para defraudar al fisco”, como la calificara el fiscal Carlos Gajardo en la audiencia de formalización del Pentagate.
Como diría Underwood, “el ascenso no se consigue siguiendo las reglas del juego, sino creándolas”. “Los Carlos” del grupo Penta y Julio Ponce Lerou, de SQM, establecieron sus propias reglas para hacerse del botín del Estado al alero de Pinochet, para multiplicar sus ganancias de la mano de la especulación, hasta construir vastos imperios económicos y para intervenir en la política desde su posición de poder financiero, saltándose las normas del sistema electoral. Los hasta ahora exitosos controladores de holding representan un modelo de empresariado cuestionado por la forma de incrementar sus ganancias y por salirse de las reglas para controlar la política.
Era conocido que en democracia la derecha económica financiaba a la derecha política, así como en dictadura la primera compró las empresas públicas que la segunda le vendió a muy buen precio, en el saqueo al Estado chileno durante las privatizaciones. También se sabía que los aportes reservados representaron el 48% del total de dineros declarados para financiamiento electoral en las últimas parlamentarias y que la UDI fue el partido que más los recibió, alcanzando los $900 millones.
Lo que sólo supimos con la aparición de la arista SQM de financiamiento ilegal de campañas políticas, es que esa práctica no se concentraba únicamente en los candidatos de derecha, sino que había traspasado el límite ideológico y también ético. Que parlamentarios de sensibilidad política de centro izquierda hayan sido capaces de recibir recursos ilegales para financiamiento de sus campañas de uno de los beneficiarios del dictador Pinochet, que está imputado por uso de información privilegiada en el caso Cascada y ahora requerido por la justicia norteamericana por demandas de accionistas minoritarios -el Presidente de la minera no metálica, Julio Ponce Lerou- es un síntoma más de la gravedad de la crisis de legitimidad de la clase política, de la que no se escapa la Nueva Mayoría.
El financiamiento ilegal por parte de operadores de grandes conglomerados evidentemente persigue controlar los votos en el proceso legislativo de proyectos de ley que les afectan. Bien es sabido que el que pone la plata, pone la música. Casos hay varios en nuestra historia legislativa reciente.
En 2013 el lobby irregular de las pesqueras quedó al descubierto en la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca, cuando se descubrió que la diputada independiente Marta Isassi había recibido para su campaña $25 millones de la empresa Corpesca, del grupo Angelini, cuyos asesores hasta se daban el lujo de entrar a las sesiones de las comisiones para asegurarse de que se hicieran las indicaciones por las que habían pagado. El resultado, una ley que se considera viciada y fruto de presiones indebidas, hecha a la medida de los intereses de la pesca industrial concentrada en siete familias (una de ellas, Angelini) y en contra de la artesanal.
El informe de la comisión investigadora del caso Cascadas es otro ejemplo de que el financiamiento irregular de campañas electorales termina por atar de manos a los candidatos que lo reciben, que terminan debiéndose a sus financistas más que a sus electores. Resulta a lo menos sospechoso que en el informe final no se cuestionara la actuación de Julio Ponce Lerou, que varios parlamentarios durante la investigación de la Cámara de Diputados se hicieran eco de los mismos argumentos de defensa que daban los abogados de SQM ante la Superintendencia de Valores y Seguros (que acusó al ex yerno de Pinochet de vulnerar la Ley del Mercado de Valores), valiéndose de minutas en extremo detalladas, probablemente suministradas por la propia compañía.
Con una histórica desaprobación del Senado que alcanza un 75% (aumentando 10 puntos en un mes) y un 77% en la Cámara de Diputados (8 puntos más que en la medición anterior) según la última encuesta Adimark, los parlamentarios deberán dar muestras radicales de que son dignos de la confianza de la ciudadanía por la que han sido elegidos.
Además de aprobar legislación anti corrupción y pro transparencia de vanguardia, considerar seriamente la propuesta de reforma constitucional que abogados constitucionalistas le hicieron a la bancada AC, que incorpora el plebiscito convocado por el/la Presidente/a con acuerdo de ambas cámaras del Congreso para generar una Nueva Constitución originada en democracia, sería un buen comienzo para recuperar la credibilidad y no seguir poniendo en riesgo la gobernabilidad democrática de nuestro país.
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