Cualquier persona debiera sentir alguna sospecha frente al hecho de que sea un gobierno neoliberal quien voluntariamente desee responder a las demandas ciudadanas atentando contra sus propios valores. Luego de anunciada la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE) el pasado lunes, y de la reforma tributaria por parte del Presidente Sebastián Piñera en cadena nacional el pasado jueves, el Gobierno parece mostrar un cambio de estrategia frente a la ciudadanía que desde el inicio de este gobierno se ha manifestado en contra de las políticas tanto heredadas como también creadas por la actual administración.
El gobierno ha tomado conciencia de que, en la medida en que sea precisamente el gobierno quien solucione las demandas sociales, y no permita a su vez legitimar las movilizaciones ciudadanas, será capaz este de darles forma y controlar su elaboración e implementación, dejando a los actores sociales fuera de este proceso. Así, las nuevas leyes responderán a los intereses del gobierno y del sector político al cual representa, teniendo las nuevas políticas una función que deslegitima a los movimientos sociales que demanden cambios ya que estos “ya se están efectuando”. De esta forma, la ilegitimidad se transfiere desde el gobierno (con una desaprobación cercana al 70%) hacia la ciudadanía y al movimiento estudiantil (que poseía un 80% de adhesión popular) Por tanto, este año será el año de las propuestas y reformas, ya que el gobierno “escucha a la ciudadanía”, imposibilitándola de contar con la legitimidad suficiente para tomar medidas (como las marchas) para apresurar, modificar o crear procesos.
El actual gobierno ha pasado por un proceso de aprendizaje. Se ha dado cuenta de que la represión no contiene los movimientos sociales, sino que los agudiza. No solo ello: el impedir su manifestación genera solidaridad hacia ellos, lo cual ocurrió con las protestas en Punta Arenas, Hidroaysén, movimiento estudiantil o Aysén. La ciudadanía volvió propias estas demandas (lo que no implica que participaran en ellas, solo que las apoyaron), lo cual se refleja en las encuestas, las cuales no evaluaron bien al gobierno a pesar del crecimiento económico, la reducción de la cesantía, y la estabilidad de la economía. En este proceso de aprendizaje, el Gobierno se ha dado cuenta de algo esencial sobre las demandas ciudadanas: se le pide al gobierno que resuelve estos problemas. Ante esto, el gobierno cumplirá con lo pedido, pero a su manera. La eliminación del CAE, por ejemplo, no elimina el endeudamiento ni el lucro dentro de la educación, ya que el endeudado pasa desde la banca hacia el Estado, el cual entregará una tasa del 2% anual sobre el precio de la carrera. Ante esto, las universidades pueden perfectamente subir a destajo los aranceles, ya que tienen la libertad de hacerlo. Por tanto, el nuevo problema será la brecha cada vez mayor entre arancel de referencia (arancel fijado por el Estado como el precio que debiera costar una carrera en términos estándar) y arancel real (lo que cobran las casas de estudios en función de sus propios criterios) De esta forma, los problemas sociales no quedan solucionados (un sello del actual gobierno) pero sí ganan una nueva apariencia (el gobierno está trabajando para dar respuesta a las demandas sociales).
Los gobiernos aprenden, así también la ciudadanía, y es deber de ésta tomar conciencia de que se ha cumplido una fase en el crecimiento de los movimientos sociales y ciudadanos. La fase de demandar por carencias debe dar paso a una fase en la cual lo obtenido no es capaz de satisfacer lo demandado.
Esto es principalmente consecuencia del sesgo neoliberal del gobierno como también es por el hecho de que los actores perjudicados o por la inexistencia como por el déficit de una política pública no son parte de su diseño ni de su implementación. No es esperable que un gobierno que ha sido parte de la aniquilación de un Estado otrora social solucione los problemas de los que ha sido creador. Es hora de un cambio de táctica y estrategia, y el cambio es ahora.
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