En defensa de la política (no de los políticos)

Estoy completamente de acuerdo con todas las personas que creen que lo que ha pasado estos últimos años y se ha conocido estos últimos meses es impresentable. Tanto el fraude que investiga la fiscalía, el caso del presunto cohecho de Wagner, el creditazo y la pasada del matrimonio Dávalos –Compagnon, en fin.  Para ningún observador será incomprensible el efecto demoledor que esto tiene en las relaciones de confianza y la comunión de fines entre gobernantes y gobernados, entre ciudadanía y poder, entre sentido común y debate político.

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El debate de 2015 debe tener rango constitucional. Qué mejor momento para defender la política que el momento en que se debata una nueva Constitución republicana, democrática y que pase de reglas formales a derechos y deberes ciudadanos permanentes al elegir autoridades y al gobernar y al diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas.

Cualquier mente medianamente sensible podrá entender el discurso “son todos iguales”, “son todos ladrones”, “la política es cochina”. Por estos días el sempiterno consejo “no te metas en política”, “lo nuestro es levantarse a trabajar, todos los días, gobierne quien gobierne” y todas sus variantes estará siendo aún más repetido en miles de mesas y sobremesas, por miles de padres, tíos y abuelos a otros tantos miles de jóvenes quienes, si algún interés tienen en el tema, no podrán dejar de sentir aún más distancia y rabia con el poder, con todas sus expresiones.

Dávalos logró de una pasada (otra) hacer lo que parecía imposible, colocar a la presidenta en una posición de debilidad política, de tensión en su particular relación con las y los chilenos y, lo peor, colocar su caso a la altura de Martín Larraín, el hijo que hace caer a su padre. Si la UDI ha sido puesta en el lugar de la sinvergüenzura, el caso Dávalos enrostró la desigualdad y el enriquecimiento sin mérito.

Todo este estado de ánimo, todos estos juicios comprensibles y justificados, chocan sin embargo con un muro ineludible. No solucionan el problema de fondo, no entregan luces de lo que hay que hacer. El lenguaje duro del juicio, el tono (a veces) histérico del debate de sordos, el solazamiento en el morbo, en el detalle cahuinero, en el linchamiento de la figura de tal o cuál personaje, son todos elementos comprensibles y hasta deseables en una sociedad democrática. Que todo esto genere escándalo es normal, lo contrario es lo que el Papa llamaría una «mexicanización» del sistema.

Sin embargo hay algo ausente en este debate. Y es que parece que nadie quiere defender la política. La mayoría prefiere unirse al coro popular de desconfianza, desvalorización de lo público. La privatización de lo común a lo mío pareciera ser la moda. Puede ser, pero estoy absolutamente convencido que no es lo correcto.

Lo correcto debiera ser que nuestra sociedad pasara del enojo a la defensa de los valores republicanos, a debatir sobre cómo recuperamos la confianza en la democracia, a como desincentivamos que la política sea tierra para algunos que quieren cuidar sus riquezas patrimoniales, o hacerse de esa riqueza velozmente. Cómo hacemos que las decisiones públicas tengan fines públicos, siempre.

A mi juicio, el principal problema del sistema democrático en el mundo es que se ha diseñado como uno que aparenta serlo y lo hace a la perfección. Reglas y procedimientos institucionales que permiten la puesta en escena de un debate al que le falta su principal protagonista, la ciudadanía y donde su principal escenario, lo público, ha sido víctima de la denostación, generalmente gratuita. Esto conduce a un camino que acrecienta la desigualdad y la injusticia, pues al deslegitimar lo político, lo público y sus resultados, le quitamos valor a lo único que puede equilibrar la balanza entre mayorías dispersas y élites unidas en defensa de intereses particulares.

La política como espacio de creación de reglas comunes debe ser valorizada por la sociedad y defendida, pues lo contrario a la política son las autocracias, los totalitarismos, la dictadura y el populismo. Todas formas de organización del poder y de sistemas decisionales que desprotegen al ciudadano, miran en menos los derechos humanos y privilegian el gobierno de unos pocos tiranillos.

Un sistema político como el actual, que incentiva el voto de consumo por sobre el debate ciudadano, donde el dinero hace que se ganen elecciones antes de competir, donde un voto poderoso vale el triple que un voto ciudadano, donde un político sólo se puede profesionalizar y des-ciudadanizar pues las reglas del juego hacen que dependa del dinero de terceros para ser elegido, o donde la responsabilidad política sólo se cobre en períodos electorales, es un sistema que incentiva la privatización de lo público, incluyendo sus recursos.

No, la solución pasa por defender la política, no por destruirla. El debate de 2015 debe incluir estas preguntas y su respuesta debe tener rango constitucional. Que mejor momento para defender la política que el momento en que se debata una nueva Constitución republicana, democrática y que pase de reglas formales a derechos y deberes ciudadanos permanentes al elegir autoridades y al gobernar y al diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas. Los que se dedican a la política deben asumir este desafío, es su deber ético y político con Chile. Para todo esto se requiere más coraje que encuestas.