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El voto, derecho constitucional

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Las elecciones son para todos los chilenos, así que el 12,9% de la población que vive en situación de discapacidad también estaba invitada a esta fiesta de la democracia. Pero lamentablemente no estaban las condiciones para que las Personas con Discapacidad (PcD) pudieran participar como corresponde de este evento.

El domingo pasado hubo elecciones de Consejeros Regionales (por primera vez), Diputados, Senadores y Presidente. Fue el día en que se supone todos somos iguales y podemos elegir a quien nos gobernará, el acto más democrático en el cual deberían desaparecer todas nuestras diferencias.
Las elecciones son para todos los chilenos, así que el 12,9% de la población que vive en situación de discapacidad también estaba invitada a esta fiesta de la democracia. Pero lamentablemente no estaban las condiciones para que las Personas con Discapacidad (PcD) pudieran participar como corresponde de este evento.

En las redes sociales se propagó la campaña #ElVotoBaja, la cual fue la única iniciativa que ayudó a disminuir las barreras de accesibilidad para personas discapacitadas. Sin embargo, hay que destacar que no fue impulsada desde el Estado, sino que surgió como una cruzada ciudadana.
Esta consistía que en casos donde la mesa de votación que le tocó a la PcD se encontraba en un área inaccesible, el presidente de la mesa se debía acercar al votante junto al sufragio correspondiente, para así evitar trasladarlo por lugares sin acceso.

Esto ayudaba a las PcD pero les quitaba la privacidad ¿Qué pasa con el derecho constitucional de que el voto es secreto? La campaña #ElVotoBaja es una buena herramienta pero es un parche que resulta insuficiente como la mayoría de las soluciones para las PcD en este país.
A pesar de ser una iniciativa simple no se pudo cumplir a cabalidad. En las mismas redes sociales circulaban varias fotos de denuncia en donde se mostraba a militares que subían y bajaban a personas en silla de rueda por las escaleras ¿Qué pasa si se cae?

Existe una posible solución que no resulta difícil y es totalmente necesaria si queremos establecer un piso ético para la inclusión. Consiste en que en todos los locales de votación se establezca una mesa totalmente habilitada para personas con discapacidad.

Partiendo porque el acceso para llegar a ella esté totalmente habilitado (no en el segundo piso como vimos en varios casos), hasta que la urna cuente con el espacio suficiente para una persona en silla de ruedas,  con muletas, o un no vidente, y por supuesto, se les otorgue la privacidad y comodidad necesaria para marcar el voto como cualquier otro ciudadano. Creo que es importante recordar que la mayoría de estos son centros educacionales, lo que es triste ya que los niños que asisten a estos colegios sufren discriminación a diario.

Otro punto fundamental que no se ha abordado y que aumenta la baja participación para PcD es el sistema de transporte. Si pensamos que para una persona sin discapacidad el traslado ya es dificultoso, para una PcD es bastante desastroso siendo otra barrera para ir a votar. Por eso el Estado debiese dar como medida mínima, gratuidad en el transporte público.
Esperemos que para la segunda vuelta se reparen estas irregularidades y podamos tener algún derecho al menos. Ya que hasta el momento el Estado no se encarga de aminorar las barreras para que las PcD no se queden en sus casas y asistan a sufragar. Hay recordar que el 12,9% (2.068.072) de los chilenos estamos en situación de discapacidad, es decir somos más que todas las personas que votaron por la segunda mayoría de estas elecciones presidenciales. Somos una minoría que podría elegir al próximo Presidente.

Pero si no podemos ir a votar, ¿Cómo vamos a cambiar a quienes no han hecho nada para cambiar esto?

Foto: Corporación Ciudad Accesible / Licencia CC

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