Esta semana se aprobó en Comisión Mixta el proyecto de Ley de Cuotas en Discapacidad, y diputados y senadores deberán próximamente ratificarlo o rechazarlo en Sala. Si bien la propuesta incorpora avances, no garantiza apoyos para que se lleven a cabo inclusiones dignas y de calidad para todos los involucrados.
Valoro el esfuerzo por sacar adelante una iniciativa legal basada en un mecanismo impopular en diversos sectores. Confío en que en una sociedad como la nuestra será el mejor camino para iniciar un cambio cultural en inclusión laboral. Así y todo, el proyecto debiera tener como norte la calidad de los procesos, no solo la cantidad.
El proyecto busca crear un sistema de inclusión laboral que obligue a organismos públicos civiles y militares y a empresas privadas, de 100 o más trabajadores, a reservar una cuota mínima de un 1% para personas en situación de discapacidad (PeSD).
Chile es uno de los pocos países en Iberoamérica que no cuenta con una reserva legal de empleo en discapacidad, sistema avalado por la OIT como un mecanismo válido y necesario para generar cambios. Luego de ratificar el 2008 la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestro país está obligado a adaptar su legislación para que las PeSD no sean discriminadas por más tiempo de acceder a trabajar en el mercado laboral abierto.
Valoro el esfuerzo por sacar adelante una iniciativa legal basada en un mecanismo impopular en diversos sectores. Confío en que en una sociedad como la nuestra será el mejor camino para iniciar un cambio cultural en inclusión laboral. Así y todo, el proyecto debiera tener como norte la calidad de los procesos, no solo la cantidad.
Respecto a las cuotas en otros países de Iberoamérica, donde se legisla desde un 2% hasta un 7% para el sector público, la cuota es baja. Asimismo, es baja respecto a la cantidad de PeSD mayores de 18 años en Chile, que constituyen un 20% de la población nacional total.
Por otra parte, la Administración Pública, órgano promotor de esta propuesta, podrá excusarse de cumplir la cuota con un informe a SENADIS y la Dirección Nacional del Servicio Civil, a raíz de la naturaleza de las funciones que desarrolle el órgano, servicio o institución; no contar con cupos disponibles en la dotación de personal; y/o la falta de candidatos que cumplan con los requisitos respectivos.
Yendo más allá aún, lamento la ausencia de fiscalización y sanción para el cumplimiento de la ley. Sin que exista una razón fundada, las empresas podrán durante los dos primeros años de vigencia de la ley incumplir la cuota y elegir una medida alternativa. Asimismo, una vez evaluada luego de tres años, no se fijarán sanciones en caso de que la ley se incumpla.
Otro aspecto al debe es la ausencia de normas de fondo que caractericen requisitos mínimos del empleo. Se celebrarán contratos, pero no se estipularán estándares respecto a horas, jornadas, tareas, etc.; ni tampoco normas de acceso, permanencia, adaptabilidad y desarrollo para los nuevos trabajadores.
Finalmente, lo que a mi juicio resulta más lamentable: la ausencia de garantías de apoyo al no existir la estipulación, por reglamento, de estructuras y sistemas de financiamiento que operativicen la reserva legal de empleo, asegurando apoyos para la sostenibilidad de los procesos.
Creo que en este proyecto la discapacidad no se conceptualiza desde el paradigma que propone la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, como una situación que desaparece, en la medida en que se entregan los apoyos y se realizan las adaptaciones técnicas necesarias para ello. En definitiva, no hay garantías para que la inclusión del nuevo trabajador, en el marco de la cuota, se concrete de manera digna, con un empleo acorde a sus intereses y capacidades.
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