El Derecho Internacional de la niñez y las normas jurídicas internas no han podido hacer frente a la realidad de los niños. El conflicto se produce cuando observamos que la realidad de los menores en Chile es completamente diversa, por ende, hay entonces, diversidad de identidades y de realidades.
Parece que todo lo que se ha hecho jurídicamente y en políticas públicas en materia de niñez y juventud responde a la realidad. Lo complejo es, determinar qué realidad ven aquellos que toman las decisiones y por qué no intervienen como sujetos a los menores como actores de sus propios cambios.
A mi juicio, existe temor de que las palabras de los niños tengan resonancia en lo político y puedan influir en las decisiones estructurales: en la política.
La Presidenta Michelle Bachelet ha convocado a un Consejo de Infancia para encumbrar este tema en lo más alto de la agenda pública. Instancia que hasta la fecha no arroja resultados para promocionar derechos de este grupo social. La lentitud de las respuestas contrasta con la urgencia de las y los afectados.
Me atrevo a concluir que es hora de partir de cero. Hay que partir con una nueva institucionalidad en niñez y una normativa que se ajuste a la realidad de los niños y jóvenes. Esto que parece muy extremo, coincide con las recomendaciones emanadas del Comité de Derechos del Niño, órgano encargado de promocionar los derechos de los menores a nivel mundial, que el 2007 advirtió graves vulneraciones y llamó a realizar cambios profundos que contemplen a los propios afectados.
Según cifras de la Unicef, el 71% de los niños y niñas recibe algún tipo de violencia de parte de su madre y/o padre. Un 51.5 % sufre algún tipo de violencia física y un 25.9% violencia física grave.
Los abogados que litigamos a favor de la niñez y adolescencia día a día en tribunales, más que invocar los tratados y normas, recurrimos a la realidad de aquellos que sufren. Realidad que el juez está obligado a tomar en consideración, primero por el interés superior de los niños y segundo porque el tribunal tiene un rol de garante de éstos.
Tenemos un referente normativo que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño con sus protocolos. El órgano encargado de velar por el cumplimiento de este instrumento: el Comité de Derechos del niño, el cual presenta una dispersión normativa doméstica importante entre leyes que protegen a los niños y otras que los sancionan, en lo retórico una “sanción rehabilitadora”.
Lo cierto es que el Derecho Internacional de la niñez y las normas jurídicas internas no han podido hacer frente a la realidad de los niños. El conflicto se produce cuando observamos que la realidad de los menores en Chile es completamente diversa, por ende, hay entonces, diversidad de identidades y de realidades.
La niñez y la juventud no es la misma que en los años 90, por tanto, la Convención es ahistórica y las normas protectoras nacionales no llegan a interrumpir vulneraciones actuales como la pobreza y la discriminación; no gozar de derecho a la salud o la segregación en educación.
Estas normas obedecen a políticas públicas desconocedoras de la realidad de los niños hoy. Primero, porque la intersectorialidad no ha funcionado, por la escasez de recursos y porque no se ha estimado la voluntad de los propios involucrados, tanto en el diseño, ejecución y sistematización de una política integrada. La niñez ha dejado de ser “receptora” para transformarse en “actora” de cambios sociales.
Los jóvenes requieren respuestas que emanen precisamente de sus propios requerimientos. Que la voluntad de ellos pueda quedar plasmada en las distintas instancias políticas, jurídicas, sociales y culturales. Sin ello, seguirán existiendo problemas y realidades focalizadas para dar respuestas parche y asistenciales.
¿Queremos más Estado? ¿Para qué? ¿Pedimos mayor financiamiento en las políticas públicas? ¿Qué hacemos con esos dineros? ¿Cuál es el objetivo de mayor participación de la niñez y juventud?
Hoy, los jóvenes piden educación gratuita y fin a la segregación, derecho a la salud igualitaria desde la primera infancia; terminar con la represión encubierta en un concepto dictatorial llamado “seguridad nacional” que pervive en la Constitución Política; niñez de pueblos originarios violentados por el Estado; listas de espera interminables que hacen de las violaciones sufridas una victimización innecesaria e inhumana; niñez inmigrante que sufre discriminación y violación a su derecho a la identidad; jóvenes en hogares de protección a la primera intervención judicial; sistema penal adolescente con nula influencia de un enfoque promocional de derechos; comunas sin políticas locales de infancia con altos niveles de expulsión escolar, y así, podemos seguir observando y fotografiando la realidad, quedando claro que es necesario partir de cero, porque lo real a que nos invitan los niños, niñas y adolescentes es muy distinto a lo que vivimos en los años 90, cuando la Convención pareció obnubilarnos con sus principios protectores.
La realidad de los menores nos llama a redoblar esfuerzos para que sea un tema prioridad y que podamos celebrar este Día del Niño, más allá de lo plástico y comercial, primero tomando conciencia de su actoría y luego borrando de plano todo aquello que impide que dicha incidencia se manifieste. Es hora de partir de cero.
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Foto: Shorizo izo / Licencia CC
Comentarios
08 de agosto
De acuerdo con la mirada crítica del columnista y el ubicarse desde la voz de los mismos niños y adolescentes. Pero su base ideológica, su objetivo crítico y lo que propone es confuso. ¿Qué significa partir de cero o tomar la «realidad»? Precisamente la realidad de vulneraciones que describe es enfrentada por la normatividad planteada por la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha permeado paulatinamente la legislación, las políticas públicas y las prácticas de los diversos agentes y la que, por lo demás, ha permitido a los abogados en juicio y a los diversos actores invocar el interés superior del niño, su condición de sujeto, su posición de actoría y participación y otras cosas que son valoradas en el artículo. La Convención es uno de los principales instrumentos que reconocen los derechos del niño como derechos humanos. Los Estados son responsables de darle cumplimiento y los déficits en Chile en materia de institucionalidad y protección efectiva dependen principalmente del Estado. La Convención, y su órgano internacional, el Comité, lo acusan periódicamente. Por tanto, nada de ahistórica ni de fuera de realidad la Convención.
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