El cuco de la izquierdización

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La necesidad de un cambio político y social profundo en Chile, en una opción sin reservas por la ampliación de las libertades, la justicia y la equidad, en contraposición a una derecha chilena reacia a todo cambio y defensora del status quo, exige una amplia mayoría social y política que incluya a los movimientos sociales, los partidos de izquierda y de centro, como también a los liberales progresistas.

La decisión del PC de apoyar a Michelle Bachelet en las primarias de la oposición ha desatado una campaña que nos hace retrotraer al periodo de la dictadura de Pinochet. Ahora al igual que entonces las fuerzas políticas que propugnan los cambios que la actual situación demanda son denunciadas y estigmatizadas como “extremistas”. Se busca reidentificar  a los partidos de izquierda con los apelativos que la dictadura en forma peyorativa usaba para catalogar a esas colectividades. Era presumible, especialmente cuando muchos discípulos de la “democracia protegida”  cumplen aún hoy roles protagónicos tanto en los partidos de derecha, en la academia y en la prensa.

Las políticas de Alianza se definen conforme a los grandes objetivos estratégicos de un partido y normalmente se inspiran tanto en las lecciones del pasado como en las necesidades de los proyectos de futuro. El argumento del PC es que optaron por una candidata que pudiera aglutinar y dirigir una nueva mayoría para “corregir las grandes distorsiones legadas por el extremista modelo neoliberal de Pinochet, morigerado pero no modificado durante la transición”. Además, en el caso del PC, la política de alianzas ha estado siempre en el corazón de su identidad.

Frente a este nuevo escenario, la derecha, nuevamente, está desplegando una campaña comunicacional que pretende generar pánico frente a las propuestas de la candidatura  de Michel Bachelet que pretende una profundización democrática del país, acompañada de una “Nueva Mayoria” que incluye al Partido Comunista. Más temprano que tarde los columnistas y editorialistas de la prensa oficialista, de manera sincronizada, han salido a enarbolar las viejas banderas del anticomunismo, propias de la Guerra Fría, para tender un manto de duda respecto a la viabilidad de materializar cambios estructurales en Chile.

Es difícil entender el racionamiento detrás de esta estrategia del terror 2.0 de la derecha, particularmente cuando estamos frente a una ciudadanía bastante más informada que en décadas pasadas y que demanda reformas al actual modelo de desarrollo. La derecha, con esa actitud, sólo nos deja entrever que se opone sin tapujos a un cambio a la institucionalidad política y económica vigente, altamente cuestionada, cuya aplicación sólo produce ventajas y facilidades asimétricas al mercado en desmedro a los ciudadanos, donde los grupos económicos han terminado teniendo una influencia excesivamente mayor que la ciudadanía en establecer los principios normativos básicos de funcionamiento de la sociedad, como todo lo relacionado con los mecanismos de representación, de participación y en rol del Estado.

Los defensores del status quo, al oponerse a todo cambio institucional, están soslayando y subvalorando la crisis de representatividad de todas las instituciones del Estado y minimizando las fisuras y fracturas sociales presentes en nuestra sociedad, lo que conlleva agravar aún más la desconfianza hacia la política como una instancia en que cada persona sienta que sus intereses son canalizados y su voz puede influenciar las decisiones sobre las materias públicas y, además, definir en forma colectiva los marcos legales y principios compartidos de convivencia entre todos los chilenos.
La derecha, qué duda cabe, quiere tender una manta de desconfianza respecto a la viabilidad de materializar la reforma educacional, tributaria, constitucional, laboral, previsional y la descentralización, solo por mencionar las más importantes; reformas que son indispensables para combatir las desigualdades, fomentar una mayor cohesión social y estimular el crecimiento económico con mayor diversidad productiva.

La campaña del terror 2.0 y las maniobras electorales impulsadas por el gobierno de Piñera persiguen impedir, primero, la unidad de los partidos de centro izquierda con los movimientos sociales para encarnar las aspiraciones altamente sentidas por la población y, en segundo término, que ésta se exprese en los resultados de la próxima elección presidencial y parlamentaria, maximizando la representatividad de las fuerzas que puedan sustentar políticamente un gobierno que concretice las transformaciones pendientes en la sociedad chilena. Además, con esta campaña se intenta apagar el incendio causado por el traumático episodio que detonó el jueves pasado la forzosa y acelerada salida de Cruz-Coke y Lavín del gabinete de Piñera, para unirse a las campañas de Andrés Allamand y Pablo Longueira. Estas renuncias no programadas expusieron lo que muchos ya advertían: la pérdida del control de la agenda política y del manejo de los ritmos de la campaña de primarias del oficialismo a manos de Piñera, pasando ahora a cumplir exclusivamente el triste rol del “pato cojo”, lo que hace, sin duda, más cuesta arriba su aspiración de volver el 2017.

Asimismo, este “terremoto”, definido así por la prensa oficialista, acrecienta la animadversión entre los dos candidatos y pone en duda, en la eventualidad que Longueira es el perdedor el 30 de junio, el apoyo que debiera brindar la UDI a Allamand. Esta realidad es la que desean ocultar los voceros de la Moneda y sus parlamentarios.
Para tal efecto recurren, incluso, al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín (algo inédito en nuestra historia republicana), que en el marco del Encuentro Nacional del Comercio,  responsabilizó a las candidaturas opositoras de frenar la economía. La desaceleración de la Economía, como lo han expresado prestigiados economistas de la plaza, no sólo se está produciendo en Chile sino que en varios países de la región (Perú, Colombia, México) y tiene que ver con el panorama externo, como la caída de los precios de las materias primas, incluido el cobre, en el mercado internacional a causa de la desaceleración de la Economía en China,  y las altas perspectivas de la Economía de Estados Unidos con el consiguiente fortalecimiento de la moneda norteamericana. Otro factor externo es que la  Unión Europea que representa más del 20% del PIB mundial está en recesión y constituye un mercado importante para las exportaciones chilenas, las cuales se han visto afectadas.

Con ese tipo de argumentos el gobierno de Piñera intenta convencer a la opinión pública que el crecimiento de la economía de Chile en el periodo 2010-2012 se debe a mejoras significativas de la productividad cuando en estricto rigor éste fue el resultado de la mayor utilización de la capacidad instalada posterior a la crisis subprime del 2009 -que luego volvió a usarse- y a la bonanza del precio del cobre.
No se puede aseverar seriamente, como lo ha hecho el Ministro de Hacienda, que propuestas como la necesidad de establecer alzas impositivas para avanzar en la gratuidad de la educación en todos sus niveles y cambios a las AFP estarían afectando la inversión, cuando lo que realmente está sucediendo es que la economía global está desacelerándose.

Lo que también olvida mencionar el Ministro Larraín es que para lograr un mayor crecimiento y un desarrollo sustentable a largo plazo es fundamental fomentar actividades más productivas con mayor incidencia y eficiencia tecnológica, dejando de ser un país con una economía basada casi exclusivamente en la exportación de materias primas.

Lamentablemente se han sumado también a esta campaña de demonizar la candidatura de Bachelet personeros del Comando de Andrés Velasco que han visto el apoyo del PC como su mejor baza para desvirtuar y erosionar a su principal contendora, como lo ha hecho el empresario Rafael Guilisasti, destacado miembro de ese comando. También el jefe del comando, Juan José Santa Cruz, se ha convertido en un palabrero al estigmatizar como “izquierdista” al candidato del PDC al señalar “La postura de Orrego es de más de izquierda que de centro…los ejemplos son la AFP estatal, la eliminación de las Isapres, el tipo de reforma tributaria y la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT)”. Santa Cruz omite, o desea ignorar, que el Partido Demócrata Cristiano desde su fundación ha sido un partido de innegable vocación reformadora.
La necesidad de un cambio político y social profundo en Chile, en una opción sin reservas por la ampliación de las libertades, la justicia y la equidad, en contraposición a una derecha chilena reacia a todo cambio y defensora del status quo, exige una amplia mayoría social y política que incluya a los movimientos sociales, los partidos de izquierda y de centro, como también a los liberales progresistas.

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