El viernes deja su cargo de contralor general de la República el abogado, experto en derecho administrativo, Ramiro Mendoza por cumplir 8 años dirigiendo el ente fiscalizador y el lunes 6 de abril pasado en su última cuenta pública dijo, entre otras cosas, que “ha llegado la corrupción”. Todos aquellos que conocemos los intrincados espacios de la Administración del Estado sabemos que esa lacra que carcome a las instituciones y al propio sistema del libre mercado ha estado presente desde hace varios decenios en nuestro país y por ello sostenemos que Mendoza, que sabe muchísimo más que nosotros, no quiso “contar la firme” para no incomodar a las altas autoridades presentes, partiendo por la presidenta Bachelet.
A la luz de lo que está sucediendo con SQM, sociedad mercantil que a través de un abogado PPD intentó impedir en el Tribunal Constitucional (TC) que el Ministerio Público ejerciera su labor con la documentación entregada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), más los groseros casos Penta, Caval y otros tantos que todos conocemos, vemos con justificada preocupación que el gobierno y la oposición lleguen a un grado de consenso para que el futuro contralor sea un político, de esos sumamente flexibles que comprenda que el crecimiento económico a todo evento es indispensable para que Chile alcance el nivel promedio del PIB que tienen los países de la OCDE, sin importar tanto esas burdas exigencias de hacer cumplir las leyes y reglamentos existentes.Ramiro Mendoza se reinsertará en el sector privado y en términos generales ha tenido un buen desempeño, pero su continuador obligatoriamente deberá fortalecer el rol que la Contraloría ejerce, sobre todo para sus dictámenes tengan efectiva fuerza, pues algunos servicios, partiendo por los municipios, no siempre los acatan.
A raíz de la seguidilla de escándalos económicos, la Presidenta de la República armó un Consejo Asesor conformado por 16 personas, muchas de ellas del mundo académico para que le propusieran en un plazo determinado que vencerá en las próximas semanas las nuevas normas legales y reglamentarias con el propósito de elevar los estándares de la probidad y transparencia en el ámbito de lo público y lo privado.
Asociado a lo anterior, tampoco podemos perder de vista que los presidentes de todos los partidos políticos, es decir del PC a la UDI, están buscando un “camino institucional” para torpedear las indagaciones de las boletas falsas entregadas a SQM y Penta y posiblemente a otras empresas, por parientes y gente de confianza de aquellos que mandan. Esta acomodaticia fórmula sería un acuerdo de socorros mutuos y por ello esperamos que no prospere.
Debemos tener en cuenta que con motivo del luctuoso episodio conocido como MOP-GATE, año 2003, el asunto fue “solucionado” gracias a un acuerdo político de alto nivel, entre el Presidente Lagos y el senador Longueira, y así fue como se hicieron varias modificaciones legales, creándose otras tantas y como remedio definitivo para la enfermedad, se aumentaron los sueldos de las autoridades para que así éstas, por un lado no se fueran a trabajar al sector privado y por otro lado, no se tentaran con las malas prácticas.
En razón a que el alza en sus estipendios fue exagerada había que justificarla y así fue como se le aseguró a la ciudadanía que no se repetirían los actos corruptos, pero ese buen deseo lamentablemente se truncó porque al no haber existido un efectivo control debido al relajo de las instituciones hemos llegado a la descomposición político-empresarial que conocemos. Recordemos que los subidos sueldos de los congresistas son equivalentes a los que tienen los ministros.
Pues bien, Ramiro Mendoza se reinsertará en el sector privado y en términos generales ha tenido un buen desempeño, pero su continuador obligatoriamente deberá fortalecer el rol que la Contraloría ejerce, sobre todo para sus dictámenes tengan efectiva fuerza, pues algunos servicios, partiendo por los municipios, no siempre los acatan.
La Contraloría, según el artículo 98º de nuestra Constitución Política, es un organismo autónomo, con múltiples funciones, a saber:
(1) ejercer el control preventivo de la legalidad de los actos de la Administración (toma de razón);
(2) fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes;
(3) examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades públicas;
(4) llevar la contabilidad general de la Nación;
(5) emitir dictámenes sobre las materias sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización;
(6) vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo, instruyendo u ordenando instruir, de ser necesario, los correspondientes procedimientos disciplinarios y
(7) efectuar auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa.
En resumen, como dice el aludido mandato constitucional, la Contraloría es autónoma, lo que implica que debe ser totalmente independiente de los vaivenes políticos y por ello próximamente asumirá como contralora interina la abogada Patricia Arriagada, seria y competente funcionaria de planta que ejerce hoy en día como sub-contralora y esperamos que su próximo titular sea un abogado (a) no relacionado (a) ni con los grupos empresariales ni con las cúpulas políticas, ya que de esta manera la presidenta Bachelet estaría entregando señales sólidas a la ciudadanía en orden a que la lucha contra la corrupción es una materia de la máxima importancia para su gobierno.
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