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El Congreso y su “chipe libre” para definir el principio de probidad

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Uno podría pensar que algo está cambiando. Que ya no es necesario agitar la fotografía de un funcionario del Estado recibiendo un maletín con dinero para develar faltas a la probidad. Que basta la presunción de que algo enturbia los verdaderos motivos por los cuales una autoridad actúa para que la institucionalidad legal, política o ciudadana opere y restituya el marco de imparcialidad en el que deben moverse nuestras autoridades.

El informe de la Contraloría sobre los conflictos de interés del hoy ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, fue aplaudido por el mundo político.  También por una ciudadanía que, regida por el sentido común y ajena avericuetos legales y políticos, sabe que una autoridad del Estado no puede tomar parte en decisiones que le beneficiarían personalmente.  A él o a sus familiares directos.

Debió pasar casi un año para que el órgano contralor confirmara una verdad del porte de una catedral: no es correcto que el director de un organismo (SII) participe en la condonación de una millonaria deuda impositiva de una empresa (Johnson’s) a punto de ser adquirida por otra (Cencosud), cuando previamente fue asesor legal de la primera y hoy su familia arrienda un sitio al dueño de la segunda. Y por el cual recibe mensualmente más de $ 22 millones.

Uno podría pensar que algo está cambiando.  Que ya no es necesario agitar la fotografía de un funcionario del Estado recibiendo un maletín con dinero para develar faltas a la probidad.  Que basta la presunción de que algo enturbia los verdaderos motivos por los cuales una autoridad actúa para que la institucionalidad legal, política o ciudadana opere y restituya el marco de imparcialidad en el que deben moverse nuestras autoridades.

Lo dice la Constitución en su artículo 8º: “El ejercicio  de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”. También la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en el 64 número 6, cuando estipula que contraviene especialmente este principio “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”.  Y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en el 5 letra B: “Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos oa sus cónyuges,  ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción”. Excluye, eso sí, su votación en “asuntos de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan, en elecciones o en aquellas materias que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara”.

El martes 2 de julio Ciper Chile publicó la investigación “Ley de Concesiones Eléctricas: Votación pone a prueba transparencia de senadores con conflictos de interés”, donde daba cuenta de las causales de inhabilitación que afectarían a los senadores DC Ximena Rincón, y Patricio e Ignacio Walker para votar, ese día, el citado cuerpo legal.  Era la continuación de una discusión que se inició en la sala el 19 de junio previo.

En el caso de Rincón, por estar aún legalmente casada con el diputado DC Juan Carlos Latorre, propietario de Inversiones Latri, empresa que participa en el rubro de las energías renovables no convencionales.  En el de los Walker, porque su hermano Juan es un importante inversionista en el mismo sector.

Producto de la publicación, y previo a la votación de ese día, los aludidos solicitaron al secretario de la corporación, Mario Labbé, su pronunciamiento sobre la necesidad de inhabilitarse.  Su respuesta fue que “en el proyecto que está en tabla y que se va a continuar viendo no hay disposiciones sobre energías renovables no convencionales. La única que existía obedecía a una indicación que fue declarada inadmisible en la Comisión”.  Agregó que la Ley de Concesiones Eléctricas sería un “asunto de índole general”, por tanto no aplicaría el criterio de inhabilidad para los senadores con intereses directos, o a través de sus familiares, en el sector de las energías renovables no convencionales.

Luego de la explicación, la sesión continuó.  Y aunque los senadores Walker habían participado la semana anterior en la votación del proyecto, a partir de ese momento no participaron en ésta (con excepción de un solo artículo sobre la admisibilidad de una indicación, que sí votó el presidente de la DC).  En cambio, la senadora Rincón decidió sufragar de todas formas.

Extraña la interpretación del secretario.  Ya que todo apunta a que la ley que agiliza las concesiones eléctricas, además de beneficiar esencialmente al proyecto HidroAysén que se ve complicado por la futura tramitación de sus líneas de transmisión, también tendría incidencia en las energías renovables no convencionales.

Primero, porque el propio mensaje presidencial argumentó que la iniciativa es un “pilar fundamental de las energías renovables no convencionales”.

Segundo, porque en la discusión en reiteradas ocasiones se ligó el articulado con las ERNC, e incluso el senador Jaime Orpis expresó que “el proyecto de concesiones eléctricas está absolutamente ligado a contar con el 20 por ciento de energías renovables al año 2025”.

Y tercero, porque los diputados DC Matías Walker y Juan Carlos Latorre (además su correligionario Jorge Burgos), quienes están en similar situación de los mencionados senadores, actuaron en consecuencia y se inhabilitaron expresamente (aludiendo al 5º B) de votar el 10 de julio, cuando les correspondió revisar lo aprobado por el Senado el 2 de ese mes.  Algo que no ocurrió con el DC Ricardo Rincón, hermano de Ximena y cuñado de Latorre (con quien, por tanto, está relacionado en segundo grado de afinidad).

Ante las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados en artículos clave, esta semana el proyecto será visto por una comisión mixta. Luego, regresará a ambas cámaras para la votación de sus respectivos plenos.

Es de esperar que todos quienes tengan, personalmente o a través de familiares, conflictos de interés en la materia repitan su correcto actuar previo y nuevamente se abstengan de votar en tan sensible materia.  Y quienes no se han inhabilitado, que en esta oportunidad procedan como corresponde.

Chile merece avanzar en transparencia y probidad.  Y sus parlamentarios, a la luz del general cuestionamiento público sobre sus reales motivaciones, deben ser los primeros en actuar en propiedad, eliminando toda sombra de duda sobre su compromiso de poner el interés general por sobre el particular.

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