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El clientelismo político y el nuevo clivaje

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Tras la súbita y rezagada crítica del ex ministro de Hacienda Andrés Velasco al senador Guido Girardi, nuevos temas que trascienden la temática inicial han ganado relevancia en la discusión pública. Al mismo tiempo, han quedado al descubierto, como señala Genaro Arriagada, una grave falta de respeto por los matices, y un lamentable uso de dobles estándares en el debate. Se echa de menos una discusión de fondo sobre un tema central: el clientelismo a la luz de la relación entre democracia y la gestión de las políticas públicas, tema sobre el cual esbozaremos algunas ideas preliminares.

Como afirma Arriagada, el clientelismo político no tiene que ver con la proyección del triunfo electoral de un partido o coalición de partidos al conformarse los equipos de gobierno: políticas de izquierda requieren ser implementadas por autoridades de esa orientación política; lo inverso en el caso de las políticas de derecha. El clientelismo político alude, en cambio, a la creación de redes mediante cargos públicos que son entregados como favores, y a cambio de los cuales se exige lealtad personal y partidista. Este mecanismo claramente ha tenido efectos muy perniciosos. En los diferentes niveles y poderes del Estado, suele ir de la mano de la contratación de personal incompetente e incondicional. En el caso de los partidos, estas redes de poder se terminan imponiendo por sobre el debate y la democracia interna.

Pero es muy problemático proponer como alternativa que la política se sustituya por una toma de decisiones de carácter burocrático/tecnocrático, porque se arrincona así la democracia a partir del establecimiento de un número creciente de instituciones cuyas autoridades se enajenan de la voluntad popular. Algunas posturas de la actual discusión lo evidencian. Se trata de la apelación a los socorridos “organismos independientes”, cuyas autoridades son designadas al margen de las mayorías sobre la base de consensos espurios que permiten la nominación sólo de personeros que consideran lo existente como lo único posible y deseable.  Estas autoridades tienden a ser independientes de las mayorías, pero dependientes de los poderes fácticos. El regulador independiente es el caso más conocido, pero existen otros; el Consejo del Banco Central es su principal exponente, cuya labor escapa incluso del control político del Congreso.

En el transcurso de esta discusión han ido quedando claras las visiones distintas respecto de la política. Arriagada destaca que las presiones, la presencia de conflictos, de intereses, de egos y de ideologías, son propios de la política, cuya función es procesarlas, calificarlas y resolverlas.  Velasco y Brunner precisamente conciben estos fenómenos como perversiones de la política y de la gestión gubernamental, asociados a una “mala política”; como alternativa proponen versiones nuevas del gobierno de los sabios, que históricamente ha estado asociado a gobiernos de derecha. No es extraña la insistencia del precandidato presidencial en cuanto a que el problema principal no es la disyuntiva entre políticas de izquierda y de derechas, sino entre “buenas” y malas políticas.

Tampoco lo es que El Mercurio, en su editorial del domingo 1 de julio, retome la perspectiva de Velasco. Para el Mercurio, el fenómeno destacado por el precandidato corresponde al “paradigma laboral de los chilenos” en el siglo XX, en que “en el ingreso de las personas a los partidos pesaban tanto las razones de empatía doctrinaria como la búsqueda de padrinos para poder incorporarse al aparato público”. Y sigue: “las colectividades protagonizaron cada vez más marcados abordajes de la administración pública con militantes y simpatizantes de aquellas que accedían al gobierno y que se alineaban políticamente en desmedro de los funcionarios de carrera” Y concluye El Mercurio: “la completa politización y parálisis de la administración pública alcanzó su clímax en la Unidad Popular y fue uno de los factores del derrumbamiento de nuestra democracia” (subrayado nuestro).

La lectura que hace El Mercurio de la historia desprecia la evolución democrática de antes del golpe, que marcó la incorporación de las clases medias y trabajadoras a un Estado hasta ese entonces dominado por la oligarquía. El poder oligárquico no requería obtener remuneración por el servicio público; su beneficio principal derivaba de determinar el curso de las políticas en su favor. La dictadura militar, sostiene El Mercurio, terminó clientelismo y sólo rebrotó “el cuoteo y el clientelismo político en la distribución de áreas del sector público” con el restablecimiento democrático. Ese “análisis” adolece de una ilimitada desfachatez, ya que si hubo un gobierno en la historia patria que distribuyó a destajo, baratas y arbitrariamente las propiedades públicas, fue la dictadura. La actual estructura concentrada de la propiedad tiene, en buena parte, su origen en el régimen militar, y la no revisión del proceso de privatizaciones en la transición a la democracia favoreció la impunidad en este campo.

Velasco y Brunner han centrado su atención en el clientelismo que surge con la democratización del Estado y con la creciente incidencia de los grupos medios y populares en la formación de la política pública. Es indudable la urgencia de fortalecer la transparencia de las entidades públicas y el control político y ciudadano. Pero no se trata  de sustituir la política por la burocracia tecnocrática, como lo que sugieren Velasco y Brunner al proponer la generalización de de organismos públicos independientes de la voluntad democrática mayoritarias.

Otra crucial dimensión que ha estado ausente del debate se refiere al otro tipo de presiones. Aquellas que ejercen las grandes corporaciones y grupos económicos en los seminarios de “alto nivel”, en las reuniones sociales, en las comisiones de reforma y en reuniones entre cuatro paredes. ¿Por ejemplo, cómo puede si no explicarse, la complejidad de la reforma previsional del 2008? Si bien entonces se creó el pilar solidario,  no fue recogida la demanda ciudadana de crear una alternativa pública al sistema de capitalización individual y, por el contrario, se impulsó, con escaso fundamento técnico, la extrema liberalización de las colocaciones de los fondos. Liberalización cuyos riesgos sistémicos toca asumir a los cotizantes y no a la industria, lo cual se ha evidenciado en estos tiempos de crisis.

En la discusión sobre el clientelismo político es necesario dejar sentado claramente que éste no puede ser entendido en toda su dimensión si no se toma en cuenta cómo los intereses empresariales y los poderes fácticos  inciden en cruciales procesos de toma de decisiones.

Cabe enfatizar y ahondar en el trasfondo político del debate sobre el clientelismo. Luego de la derrota de la Concertación en las elecciones presidenciales del 2009 – 2010 y de la profunda crisis que afecta a esa coalición, estamos presenciando nada menos que el reordenamiento más profundo del escenario político desde que surgió el fin de la dictadura y la transición a la democracia. Entonces el país se dividió entre democracia representativa y dictadura. Hoy se va configurando un nuevo clivaje. De un lado, quienes postulan una democracia representativa crecientemente restringida por la presencia de un número cada vez mayor de instituciones enajenadas a las mayorías, lo cual va asociado con una defensa irrestricta del modelo económico vigente, determinado por la confluencia de los grupos económicos y la tecnocracia que se impone en medio del deterioro de los partidos políticos. De otro lado, la valoración de la democracia representativa, pero que reconoce la necesidad de complementarla con mecanismos de democracia participativa, que postulan nuevos equilibrios entre lo político, lo económico y lo medioambiental, e impulsan cambios significativos del modelo económico y social. Por ejemplo, en torno al lucro en educación, o a cuestionar que los riesgos recaigan de manera individual en los clientes de las Isapres y de las AFP dejando incólumes las sendas ganancias de estas industrias.

El reordenamiento del escenario político amenaza dejar fuera de la escena (tal como ocurrió en la transición a la democracia que condenó a la irrelevancia al partido Avanzada Nacional) a las estructuras partidarias que no puedan reinventarse frente a los cambios que ha sufrido el país y frente a los nuevos desafíos.

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05 de julio

Muy interesante escrito. Creo que abre un interesante debate en diversas aristas.

Muchos años atrás, Max Weber planteó el riesgo que implicaba la excesiva tecnificación de la política, que no es otra cosa que la excesiva burocratización de la representación política en sí, y que conlleva irremediablemente la despolitización.

Como dice Fernando Mires, en ese proceso, los políticos talentosos –no los operadores talentosos- son sustituidos por los funcionarios más eficientes, lo que implica que la administración se va escapando a los controles.

El profesor Mires plantea que esto genera finalmente un riesgo totalitario y dictatorial, pues ante una política excesivamente administrativa, y por tanto aburrida, que genera una sociedad civil despolitizada, las masas comienzan a buscar el ímpetu que no otorga la burocracia, en formas de dominación pre políticas como el caudillismo, el líder carismático, el partido único, la dictadura, que traen consigo la violencia, la coacción, etc.

La excesiva tecnificación de la política, finalmente genera crecientes espacios despolitizados –no confundir con espacios ideologizados- que dan paso a una sociedad civil idiotizada o infantil que se vuelve proclive a formas de dominación autoritaria o dictatorial.

En lo personal, me parece que siempre estamos ante dos formas de entender la política, muy añejas: La tradición político-estatal y la tradición político-ciudadana.

La primera se liga con la idea del Filósofo Rey, ligada a Platón, que luego sigue Marx, que presumen la existencia de gobernantes virtuosos o sabios (que no es sólo una postura de derechas ligada al conservadurismo y su idea de aristocracia, sino también de izquierda, con sus vanguardias, sus monopartidos y los intelectuales orgánicos, el culto a la personalidad). Según esta visión, el exceso de democracia sería contraproducente en este sentido, pues se presume que las masas no son capaces de conocer sus intereses, y por tanto requieren de conductores, de líderes sabios que establezcan el orden correcto. De ella surgen concepciones elitistas diversas –aunque algunas se presuman igualitarias- como la concepción del gobierno de los mejores, de los técnicos, de los líderes revolucionarios, etc. El gobierno colegiado, el gobierno de un solo partido, de una junta militar, de una vanguardia revolucionaria, etc.

No por nada, y como decía Rudolf Rocker, tenemos conservadores y autoritarios de derecha e izquierda que promueven los cambios, a través de mecanismos claramente absolutistas o dictatoriales. No por nada, el PC es muy parecido a la UDI en su constitución interna.

En esta línea, la mala política, las fallas, los vicios, radican en la falta de virtud de alguno de los gobernantes, y no en la concentración y falta de control sobre el poder de éstos. Las élites y castas políticas de manera transversal enarbolan este argumento.

La otra, la tradición político-ciudadana, contradictoriamente la menos promovida en estos momentos, es la basada en la desconfianza en cuanto a los gobernantes y el poder, que plantea que lo esencial no es esperar al gobernante ideal –porque simplemente no existe-, sino que fortalecer la asociatividad y la sociedad civil, independiente del poder estatal y los gobiernos de turno, estableciendo además, contrapesos y controles constantes al poder en cualquiera de sus formas mediante mecanismos institucionales y democráticos. Es decir, atomizando al máximo el poder.

De esta concepción surge la idea de democracia moderna –representativa- como respuesta al absolutismo monárquico, al elitismo, las estructuras oligárquicas, el caudillismo y el autoritarismo. De esta noción surgen la idea de pluralismo, tolerancia, libertades civiles y políticas, derechos humanos, etc.

En lo personal, me parece que aún sigue primando la noción político-estatal –incluso en actores no estatales o políticos- sólo que se dice que a través de ésta se busca promover la política-ciudadana.

Saludos y paz

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