¿Egolatría o defensa a la vida?

“Al cuarto mes de embarazo, un doctor me dijo que mi feto era inviable y que mi salud estaba en riesgo. Después de un período de dolor y cuestionamientos, decidí aguantar hasta el octavo mes de gestación, arriesgar mi salud, besar a mi hijo muerto y darle un funeral ritual acorde a mis inclinaciones religiosas”.

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Y es que donde se esperarían argumentos técnicos, constitucionales y relacionados a la salud pública, se escuchan llantos esmerados en repetir una y otra vez sus vivencias personales; como si estas fueran una herramienta legislativa incuestionable.

Testimonios así -respetables, qué duda cabe- se multiplican por estos días en los medios y redes sociales: la ejecución de una decisión personal, que alguien considera la más humana, la más  tranquilizadora y la más espiritualmente necesaria. Escuchamos este tipo de declaraciones en paneles radiales y televisivos, y resulta curioso que estas mismas protagonistas, llenas de convicción y sentimientos irrebatibles, no se detengan a reparar en la arista medular de sus argumentos: que son, esencialmente, suyos. Que no son políticos. Que sólo responden a las vicisitudes de su historia y contexto personal; que no tienen -como cualquier razonamiento articulado- la necesidad de una aprobación general y mucho menos, en este caso, la criminalización de quien ejecute lo contrario.

En vez de una discusión social y política de las tres causales puestas en la mesa (riesgo de la vida de la madre, inviabilidad del feto y violación), nos acostumbramos a escuchar individualidades angustiadas porque el resto no piensa ni actúa como ellas; enrabiadas porque no replican sus actos heroicos; desesperadas porque no logran considerar sus actuaciones y decisiones como lo innegablemente correcto y socialmente necesario.

Lo cierto es que, al escucharlas, nace naturalmente la sospecha de si es que buscan aplausos, estatuas o, por el contrario, contribuir -con su experiencia- a una discusión pública tan álgida como necesaria. Y es que donde se esperarían argumentos técnicos, constitucionales y relacionados a la salud pública, se escuchan llantos esmerados en repetir una y otra vez sus vivencias personales; como si estas fueran una herramienta legislativa incuestionable; como si, acaso, una arista ideológica o religiosa debiera, obligatoriamente, dictar una normativa pública. ¿No es esto, acaso, casi una contradicción de lo que se entiende como un Estado garante, laico y en beneficio máximo de una ciudadanía?

Y así, en esta dinámica fanática y telenovelesca, prevalecen lamentablemente los griteríos narcisistas -ese cáncer coloquial de la autorreferencia- en vez de recordar ese paradigma casi obvio a la hora de regir un estado democrático: que no se trata de lo que se piensa, sino de garantizar la libertad individual de la población; que no se trata de lo que se siente; sino de salvaguardar el bienestar de quienes escogen seguir con su embarazo y, también, en este caso, de quienes escogen interrumpirlo en pos de su propia salud y, muchas veces, de su futuro como madre.

Para terminar, quizás sería atingente preguntarse en medio de esta fiebre de argumentos emotivos, si no sería, acaso, más valioso, el acto de continuar un embarazo riesgoso por decisión personal, y no por dirección punitiva del Estado. O bien, ¿qué pasaría si un Estado criminalizara a las madres que decidan continuar con un embarazo peligroso y poner en riesgo su salud de mujer y ciudadana?