En una entrada publicada hace pocos días en este espacio, don Roberto Pizarro señala: “Existen otros temas de política pública insoslayables para avanzar a una sociedad más justa y desarrollada: mejorar la posición negociadora de los trabajadores, apoyo a los pequeños empresarios, políticas para las regiones más desfavorecidas, regulación del sistema financiero, transformación efectiva de la estructura productiva, cuidado del medio ambiente, protección a los consumidores, sistema de pensiones solidario, educación y salud públicas”
Es de consenso el Estado de desprotección en que se encuentran los trabajadores chilenos frente a la negociación con las empresas privadas y frente al Estado en los servicios públicos.
Este aporte dice relación con el “apoyo a los pequeños empresarios” a que hace mención el Sr. Pizarro. El Estado Chileno, en su afán de crecimiento desmedido -por sobre el cuidado del medio ambiente y la distribución equitativa- ha actuado como catalizador para la concentración de la riqueza y el poder. Los bienes de uso público como: las concesiones de mar para acuicultura, los derechos de aguas para generación eléctrica, las concesiones mineras, el acceso a las playas, el uso de los puertos son una muestra de aquello.
Quizás la medida más equitativa haya sido la entrega del borde costero a asociaciones de buzos y mariscadores que explotan racionalmente y con éxito en nuestros recursos bentónicos y pesqueros. Sin embargo, en la zonas de los canales en la Región de Los lagos, de Aysén y de Magallanes, empresas transnacionales de origen nacional y extranjero, concentran la mayor superficie de las concesiones para acuicultura. Hablamos demás de 300 concesiones de mar entregadas a 4 o 5 empresas. Una de ellas, Marine Harvest, la mayor multinacional de cultivo de salmónidos del planeta, es donde se inicio el contagio de los planteles de salmónidos con el virus ISA y otras patologías. El crecimiento desmedido ha resultado de una pérdida de control tanto en calidad como sanitario de los inventarios y stock que se mantienen en el agua. Esta misma empresa, en sus fases de crecimiento de hasta 50 mil toneladas, mantenía estándares de calidad de personal y estándares de cultivo extraordinarios. Después de esa cantidad el deterioro ha sido evidente, hasta el surgimiento brote de ISA.
Pero el tema técnico de la Acuicultura no es lo central, aunque es necesario mencionarlo. El tema de los derechos de aguas en manos también de 4 empresas, ha sido brutal; ni siquiera el nuevo Código de aguas ha corregido estas distorsiones. Las cuatro generadoras más grandes del país (Endesa, AES Gener, Colbún, y Chilectra) se opusieron a la iniciativa de la Presidenta Bachelet de fomentar las Energías renovables no convencionales. Estas empresas colocaron barreras de entrada a “los nuevos entrantes o nuevos competidores”, impidiendo el fomento y desarrollo de no menos de 200 proyectos con estudios de factibilidad e ingeniería ya financiados por CORFO, y con ello se favorece el precio del MW de generación, que, dicho sea de paso, es uno de los caros del planeta.
Mismo camino siguen las concesiones mineras. Su concentración en manos de unas pocas empresas ha favorecido la formación de multinacionales. CODELCO ha aportado a las arcas fiscales y con ello ha contribuido al desarrollo el país.
Finalmente -y esto a manera de denuncia- los pequeños y medianos productores forestales sufren la inexistencia de mercado. Funcionan al arbitrio de las dos forestales mas grandes del país, que asignan precios a las maderas que los pequeños forestales producen, pagando precios bajos, en circunstancias que la celulosa alcanza precios record históricos por tonelada. Además, la privatización de los puertos, llevada a cabo por lo gobiernos de la Concertación, lejos de hacerlos mas eficientes, ha transformado importante parte de la infraestructura antes de todos los chilenos en reductos monopólicos.
Los puertos privatizados impiden la exportación de maderas en bruto y elaboradas a los pequeños productores, manejando los precios y los puertos a su entero arbitrio. Esta es una distorsión grave del mercado, a la que las autoridades hacen vista gorda, perjudicando a miles de compatriotas que, teniendo la oportunidad de acceder al mercado extranjero, no lo pueden hacer. Además hay amenazas a las empresas navieras, que de permitir las exportaciones de los pequeños productores, perderán a las grandes empresas como clientes.
Si queremos pretender redistribuir el ingreso como para alcanzar el desarrollo, estas “distorsiones” deben de corregirse, para facilitar el acceso de la clase media y los emprendedores a una repartición mas equitativa de los ingresos. El estado chileno pasará con estas medidas a administrar sus bienes de manera más justa.
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Foto: James Byrum – Licencia CC
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