En las últimas semanas, dos importantes grupos económicos anunciaron su interés por adquirir medios de comunicación. El grupo Bethia – actual dueño de la señal televisiva MEGA – firmó ya un acuerdo para sumar tres emisoras radiales a las dos que ya tiene, mientras que el grupo Luksic (Canal 13) intenta hacer lo suyo con la adquisición de otros medios que aún no define. De concretarse estas intenciones, el panorama medial en Chile seguirá marcado por la concentración de la propiedad y la falta de pluralismo.
Nuestro país no cuenta hoy con una ley de medios que ponga límites al fenómeno de la concentración, favoreciendo así la política de la desregulación. En efecto, el mercado es el agente que determina el desarrollo del sector, mediante la libertad de comprar y vender medios, adquirir concesiones, así como de un financiamiento que depende casi exclusivamente de los ingresos por publicidad. De acuerdo a un estudio del académico Luis Breull para el Consejo Nacional de Televisión, tan sólo cuatro operadores de TV abierta facturan el 87% de la pauta publicitaria, con una importante participación de los grupos de las familias Luksic (Canal 13) y Heller Solari (Mega), así como el grupo empresarial norteamericano Time Warner (Chilevisión). Estos empresarios, a su vez, tienen una importante participación en otros sectores económicos como la gran minería y la banca.
«Una Ley de Medios orientada a resolver estos problemas resulta en este punto fundamental, como una acción pública para garantizar un marco de pluralismo coherente con los principios democráticos.»
En la prensa escrita la situación no es diferente. En ella existe un verdadero duopolio, donde los grupos El Mercurio y Copesa concentran el 98% del sector a través de revistas, periódicos y diarios, tanto de circulación nacional como regional. Mientras tanto, en el ámbito radial, los cuatro primeros operadores (liderados por el grupo español PRISA) concentran el 84% de la facturación publicitaria. Cabe mencionar que tan solo el grupo PRISA, a través del consorcio Iberoamerican Radio Chile, posee 11 cadenas radiales con 202 frecuencias a lo largo de todo Chile, concentrando así más del 50% de la producción nacional.
Otro aspecto que resalta en este estudio es la alta concentración de la propiedad mediante formas de concentración horizontal, integrada y multimedia. De modo tal que los mencionados consorcios expanden su influencia en diversos formatos mediales y tienden a concentrar el mercado siempre por sobre el 90%. El anuncio del grupo Bethia y la declaración de intenciones de Luksic vienen a consolidar esta tendencia.
Dicho todo esto ¿Existen razones para intervenir en esta situación? ¿O por el contrario, esta es un área en la que no se debe realizar acción pública alguna?
El argumento recurrente en la derecha señala que los medios de comunicación pertenecen a la clase de cosas pueden comprarse y venderse sin límites. Además de aquello, parte sustantiva de su planteamiento ideológico indica que comerciar con los medios de comunicación es un asunto propio de la libertad económica y de la libertad de prensa. En última instancia, esto constituiría un componente esencial de la democracia y cualquier intervención pública que limite el mercado es atentar contra ella.
Sin embargo, existen objeciones razonables para rebatir este razonamiento. El predominio del mercado sin contrapesos sólo favorece la concentración de la propiedad, atentando contra la pluralidad de contenidos editoriales y la expresión de la diversidad de puntos de vista existentes en nuestra sociedad. Como consecuencia, esta situación impacta en un aspecto aún más importante que tiene que ver con la calidad de nuestro espacio público y la conformación de un espacio democrático.
Este argumento no se relaciona con la demanda por neutralidad y objetividad periodística que con frecuencia las audiencias reclaman. Los medios masivos de comunicación tienen su origen en la revolución industrial con el surgimiento de la prensa y su finalidad fue contribuir al proyecto de la ilustración. Los medios nacieron como un instrumento político y lo serán siempre, sin excepción. No podemos esperar ni exigirles neutralidad, sino bregar por condiciones que garanticen la pluralidad.
Lo anterior es un asunto político central, pues cuando nos referimos a los mass media estamos hablando de uno de los principales medios de producción simbólica de la sociedad actual. Los medios masivos no son todopoderosos, pero es innegable que son un factor importante en la disputa por la construcción de significados y, por lo tanto, en la cuestión del poder.
En este respecto, las afirmaciones de Andrónico Luksic para explicar su ambición mediática son esclarecedoras. En su argumentación, deja ver que la adquisición de otro medio de comunicación nace motivada por la necesidad de contrarrestar las ideas desfavorables que se han ido instalando en la opinión pública acerca del rol del empresariado. Presumiblemente, a esa misma lógica responde la operación entre El Mercurio y la Sociedad Nacional de Agricultura para esta última adquirir seis emisoras otrora pertenecientes al imperio mediático de los Edwards, así como también la reciente adquisición de Radio Paula por parte de la Cámara Chilena de Comercio (a la que busca sumar la compra de dos frecuencias: una en Valparaíso y otra en Antofagasta). Cuando la colonización del sistema político comienza a ser ineficaz como estrategia de dominación – merced de su descrédito – entonces el poder económico requiere establecer un vínculo más directo: en este caso, legitimarse actuando sobre las audiencias.
En efecto, si uno mira los procesos políticos a nivel regional, comprobará que, frente al declive y descrédito tanto de los partidos de la derecha tradicional como de la socialdemocracia durante las últimas décadas, la derecha económica ha hecho política de oposición a los gobiernos de izquierda fundamentalmente desde los medios. En los denominados golpes blandos, el papel desestabilizador de los medios de comunicación masiva ha sido indiscutiblemente intenso.
Nuevamente, ¿es pertinente intervenir sobre el fenómeno de la concentración? O, por el contrario, ¿esta es un área en la que no se debe realizar acción pública alguna?
Si nuestro compromiso es con la democracia y con los anhelos de libertad del ser humano, entonces la desregulación y el imperio del mercado sin contrapesos debiera estar entre aquellas cosas a las cuales proponemos poner término. La entelequia del mercado ha contribuido a incrementar el poder de las grandes corporaciones a niveles superlativos, donde la fácil acumulación de medios de comunicación pone en riesgo incluso la estabilidad democrática.
Toda sociedad requiere establecer límites al fenómeno de la concentración del poder, en aras de satisfacer los criterios de justicia. Las posibilidades de la democracia se ven limitadas cuando existe concentración de los medios de comunicación, sea por monopolio estatal o por la progresiva monopolización privada. Una Ley de Medios orientada a resolver estos problemas resulta en este punto fundamental, como una acción pública para garantizar un marco de pluralismo coherente con los principios democráticos.
Lo anterior implica, entre otras cosas, reconocer constitucionalmente el derecho a la comunicación e información, entendiendo por ello tanto el acceso como la producción de contenidos. Para garantizar aquello es preciso establecer diferentes sectores y regímenes de propiedad, de modo que junto a los medios de comunicación privados existan también medios de comunicación de propiedad estatal y medios comunitarios. Con la existencia de estos tres sectores – claramente definidos, resguardado su porcentaje de participación y posibilidades de financiamiento – será pertinente ya hablar con propiedad de un sistema de medios, cuya organización no sea producto de la injusta arbitrariedad del mercado sino que tenga sustento en un acuerdo social.
En un contexto de tan alta concentración como el nuestro, la ambición de los grupos económicos en torno a los medios llama a la indignación. Sin embargo, también nos recuerdan que el fondo del asunto es la ausencia de una Ley de Medios que garantice el derecho fundamental a la comunicación e información. Lo que está en juego es nada más ni nada menos que las posibilidades de una democracia fortalecida.
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