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Democracia directa en Chile: ¿podemos hacer leyes sin parlamentarios?

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Somos testigos de cómo pasan años en que proyectos de ley descansan en algún lugar del congreso, de cómo tres o cuatro consorcios económicos pueden inclinar la balanza a la hora de legislar o no hacerlo sobre una materia determinada. Vivimos en una democracia cautiva y de un espíritu burocrático.

“Yo no tengo nada de ideólogo de izquierdas” recalca el empresario suizo Thomas Minder, que indignado por  la codicia del ex CEO de Swissair, Mario Corti, quien fue recompensado con nueve millones de euros como indemnización después de hundir la aerolínea, comenzó una cruzada personal para crear una ley que impidiera que ejecutivos de empresas salieran con suculentos bonos de las organizaciones que dejaban en la quiebra.

El caso mencionado anteriormente, en Suiza,  dio paso a una campaña nacional liderada por Minder, entonces proveedor de Swissair y hoy congresista, para recolectar firmas respaldando un proyecto de ley que prohibiera estas prácticas previo referéndum. Hoy ese proyecto es ley en Suiza y no fue el congreso que lo tramitó ni aprobó.

El principio de la democracia directa, hace alusión a un mecanismo de legislar en el que no interviene el  congreso, sino que es conducido por los ciudadanos de acuerdo a procesos regulados por ley, que permiten que esto suceda.

El abogado español Daniel Ordás, autor del libro “España Necesita Democracia Directa”, define el concepto en palabras sencillas: “Consiste en dos elementos: las iniciativas y los referendos. Si recoge suficientes firmas, el pueblo vota si quiere esa ley y entra en vigor como si la hubiera elaborado el Parlamento”

¿Necesitamos democracia directa en Chile?

Somos testigos  de cómo pasan años en que proyectos de ley descansan en algún lugar del congreso, de cómo tres o cuatro consorcios económicos pueden inclinar la balanza a la hora de legislar o no hacerlo sobre una materia determinada. Vivimos en una democracia cautiva y de un espíritu burocrático.

Entonces, surge la necesidad de legislar respecto de un asunto de interés nacional: una ley que permita que un equipo de ciudadanos organizados, con la colaboración de juristas, redacte un proyecto de ley que sea plausible dentro del ordenamiento jurídico y que establezca que si este proyecto de ley recibe el apoyo de una cantidad determinada de ciudadanos mediante su firma, sea sometido al escrutinio popular mediante  un referéndum. Después de este proceso y en el caso de ser aprobado por una mayoría, el proyecto debe transformarse en ley.

¿Es posible una Ley de Democracia Directa  en Chile?

Nuestra “clase política” representada por los legisladores (salvo contadas excepciones) ha dado muestras de un proceder muchas veces impredecible; hemos presenciado como parlamentarios de oposición han respaldado iniciativas que van en contra del espíritu fundacional de la Concertación, como en el caso de la Ley de Privatización de Semillas o la Ley de Pesca, esta última ideada por Pablo Longueira y que tuvo votos de senadores socialistas y demócrata cristianos. Entonces, ¿podemos confiar en la probidad legislativa de todos nuestros representantes en la Cámara y el Senado? No podemos,  puesto que es seguro que si esas leyes hubiesen sido escrutadas por la ciudadanía, no habrían llegado a transformarse en leyes de la República.

Si hacemos un ejercicio práctico de cómo operaría esto en Chile, resulta alentador pensar los resultados que podría tener este mecanismo. En las elecciones de diputados el año 2009 votaron válidamente 6.615.856 personas, esto dividido en 120 da un resultado de 55.132. En Chile, cada diputado representa en promedio 55.132 personas.

En Chile, un proyecto de  ley puede ser presentado por un diputado y con el patrocinio de un máximo de diez. Esto significa que, en un sistema de democracia directa, en Chile podríamos tener proyectos de ley que se contengan dentro del marco del ordenamiento jurídico, respaldados por al menos 55.000 personas con derecho a voto e idealmente con una cantidad mayor y, de acuerdo a la materia del proyecto, que sean residentes de todo el territorio. Posteriormente ese proyecto de ley sería sometido a votación popular y, en el caso de ser aprobado, se transformaría en Ley de la República, sin pasar por el Congreso.

Lo que aquí describo suena utópico, pero es parte de un mecanismo legislativo en países como Suiza, que es una democracia más perfecta, un país con indicadores de transparencia superiores a los nuestros y una economía en que la riqueza se distribuye en forma más equitativa que en Chile.

Plantear esta idea en un país muy conservador como es Chile, puede resultar un acto subversivo, en un país conservador, casi toda acción crítica hacia el modelo, es subversiva. Pero la apropiación de las AFP de nuestros ahorros, los cobros abusivos de las Isapres, del retail y la arbitrariedad para aplicar intereses y comisiones usureras de los bancos, son legales, como también es legal que empresas extranjeras exploten nuestros recursos naturales y no paguen impuestos en Chile. Los toleramos y no hacemos lo necesario por terminar con esto en forma definitiva y rápida. Lo que creo es que son estas las organizaciones subversivas, son ellos quienes entran en nuestras vidas violentando nuestra libertad, nuestro patrimonio nacional, destruyendo familias con la presión del endeudamiento, destruyendo el futuro de mujeres y hombres  que llevan la letra escarlata de las deudas crónicas, sometiendo a quienes trabajan bajo la ideología del abuso institucionalizado y teniendo a un país entero de rodillas, muchas veces con la complicidad de parlamentarios que dicen representar la voluntad soberana, pero que a la hora de votar,  deliberan pensando en el financiamiento de sus campañas y en asegurar un patrimonio para su futuro. Es ahí donde mueren los sueños de libertad y de un Estado solidario y meritocrático.

El comienzo del cambio revolucionario que Chile requiere podría partir –por ejemplo- con una Ley de Democracia Directa, la que motivaría la participación, la reintegración de los ciudadanos y el Estado. Veríamos a personas atentas e involucradas en lo que ocurre en su país y en sus comunidades. Es una forma de lograr que sea la ciudadanía la que detente el poder político, no los partidos, que – aunque necesarios para la estabilidad política- hoy han dejado de ser la institucionalización de la opinión pública.

Una Ley de Democracia Directa podría ser una gota de democracia, pero es con una sola gota que comienza la lluvia.

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Foto: tartaricacid / Licencia CC

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06 de mayo

Prefiero una Cámara Ciudadana Digital, es decir, una herramienta institucional con la que ejercer la democracia, donde cada persona que lo desee pueda opinar del tema que sea de su interés y donde los consensos sean representados directamente en el Congreso por parlamentarios propios de la Cámara Ciudadana…

Así, podríamos debatir todos los asuntos que nos parezcan adecuados, buscándoles soluciones realistas a través del tiempo y teniendo la asistencia de las universidades del Consejo de Rectores, entre tantas otras posibilidades que nos abriría una Cámara Ciudadana…

06 de mayo

Primero que nada, necesitamos una democracia sin binominal ni constitución de pinochet…

03 de julio

Es muy interesante. Sabemos que este tipo de “instituciones” existen se dan en países con una democracia, digamos un poco mas real. Ya sabes en Chile el problema es que nadie sabe, porque nadie informa. Ahí están los ejemplos de que nuestro pueblo no sepa, que acá para los empresarios existe el FUT, osea un instrumento hecho por el gobierno y los representantes, para que las empresas puedan evadir impuestos.
Solo esta mañana el Señor Rafael Caviedes, representante de las Isapres, decía que Chile es el único país del mundo donde la justicia no les permite cobrar a una organización hecha para lucrar con la Salud jajaja. Asi estamos. saludos

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