Es interesante recordar que en plena campaña presidencial varios personeros de la UDI insistían que Piñera debía acotar o cerrar el capítulo de los conflictos de interés. Un núcleo sostenía, como vía de solución, el mecanismo del fideicomiso ciego y urgía para legislar al respecto. Sin embargo, una parte importante de los personeros UDI adoptó un discurso más condescendiente y sostuvo que el Presidente cumpliría con desligarse de sus empresas dentro de un tiempo prudente. La realidad fue distinta: Piñera sostuvo sus inversiones más importantes hasta que se hizo impresentable e incompatible que las mantuviera. La forma como se resolvió el tema sigue siendo una caja negra en la que existiría un acuerdo privado con la empresa Larraín Vial, que supuestamente equivale a un fideicomiso ciego. Habría que ver quién supervisa y si es tan ciego. No hay claridad de cómo se regulan estas inversiones, porque el sistema pareciera favorecer que la opinión pública ignore el paradero de los fondos y haga buena fe que los conflictos de interés han sido superados.
Dejando de lado lo anterior, es relevante señalar que el gremialismo nunca tuvo una postura única y definitiva sobre los conflictos de interés. Se llegó a plantear que la Concertación actuaba en forma majadera y amplificaba el problema, en circunstancias que el ex Presidente Frei también había sido empresario. Lo que omitía la UDI era que Frei vendió su participación en Sigdo Küpper antes de asumir la Presidencia y desde entonces se dedicó a la política y no a los negocios. Sin embargo, el discurso gremialista fue funcional para escamotear el debate más relevante como era el problema ético que planteaba este tipo de conflictos.
En lo que va corrido del gobierno se ha visto que el estándar ético que impuso La Moneda se ha vuelto un problema permanente. Las circunstancias de la renuncia de Echeverría son solo la última muestra que tensiona el ambiente tanto por las circunstancias en que se produjo, como por el discurso que intentó instalar la recién inaugurada vocería de gobierno. La primera reacción de Chadwick fue destacar el gesto de Echverría, algo parecido a lo que se hizo durante la renuncia de Magdalena Matte. Al parecer, para el oficialismo, todos los que salen (supuestamente en forma voluntaria) merecen una consideración especial. Después se supo que la renuncia fue forzada y el propio vocero cambió el diagnóstico a que esto era un “bochorno” para el gobierno, pero no se hizo cargo del fondo del problema, que era la magnitud del conflicto de interés que implicaba al ex ministro de Energía.
Si bien durante mucho tiempo se ha sostenido la tesis de una derecha empresarial, encarnada por sectores liberales, y otra más política, representada por el gremialismo, las fronteras tienden a desdibujarse. Un elemento relevante es el hecho que tres personeros de la UDI estén ligados a conflictos de interés en el último tiempo. El más evidente es Lavín, cuyo paso por la propiedad de la Universidad del Desarrollo y la consecuente obtención de utilidades, literalmente lo inhabilitó frente al conflicto por la educación. El mismo problema lo tiene Larroulet, con la diferencia que no se ha convertido hasta ahora en un escollo político y, en una medida menos pública, lo mantuvo la ex ministra Von Baer con su participación en una empresa de transgénicos mientras el gobierno impulsaba una ley permisiva en esta materia.
El gremialismo se esforzó por muchos años en poner un dique de contención frente a su vinculación empresarial. La defensa de intereses particulares en el Congreso se contraponía a un discurso más bien populista basado en la "batalla para superar la pobreza". Actualmente es más evidente o desembozado el grado de vinculación de la UDI con los negocios, lo que obliga a dicho partido, como una formula de morigeración, a reposicionar la idea de su supuesto apego popular. La actuación de Longueira en estos días va en ese cauce, pero puede terminar siendo un amago medio desesperado por levantar aquello de la “UDI Popular”, como si en este año y medio no hubiese pasado nada. Las contradicciones del gremialismo llegan al extremo de considerar la alternativa de Golborne como posible candidato presidencial, soslayando que es una figura proveniente del mundo empresarial y en muchos aspectos más subordinado que el propio Piñera a los intereses corporativos. El dique de los conflictos de interés ya está roto: si la UDI termina por sincerarlo debería seguir protegiendo y levantando la alternativa de Golborne. Si prevalece la posición de Longueira, las opciones son más difusas pero los liderazgos se clarifican. Esta última opción, de todas formas, pondría de vuelta el modelo del lobby y las presiones de los fácticos. ¿Podrá el gremialismo volver atrás? Tal vez, anticipando esa discusión, el vocero Chadwick advierte que el tema de elos conflictos de interés es un "fenómeno moderno", como si eso constituyera un sino trágico o un simple dato con el que hay que aprender a vivir.
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Foto: HikingArtist / Licencia CC
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