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De la justicia material a la justicia simbólica

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Los herederos de este sistema perfeccionado por la Concertación no nos conformamos con lo simbólico del cambio de nombre de una Avenida, mientras los militares detenidos por las violaciones a los Derechos Humanos tienen permiso para vacacionar en Europa y, aún así Fuentealba pide un trato “humanitario” para ellos.

Este 2013 se cumplen 40 años desde aquel triste 11 de septiembre en que las Fuerzas Armadas irrumpen en la escena política con propósito de detener el andar del pueblo en su vía chilena al socialismo, instalando una Dictadura que se mantendría por 17 años. Es en este contexto es que se hace necesario mirar hacia atrás, para ver cuál ha sido la trayectoria que han seguido los gobiernos de la post dictadura para condenar no sólo los crímenes de lesa humanidad, sino que también cómo se hacen cargo de las representaciones del pasado reciente, que ciertamente construyen identidad.

Siguiendo la lógica de diversos teóricos dedicados al estudio del “Tiempo Presente” podemos determinar que el pasado está en constante disputa, pues al ser una historia abierta su sentido puede ser resignificado y, como bien diría María Angélica Illanes estamos insertos en “una lucha por el pasado, librada en el presente para dar forma al futuro.”

Los primeros reconocimientos e intentos de justicia “en la medida de lo posible” (¿les suena conocido?) se dan en el Gobierno de Patricio Aylwin que se asume con un gobierno de transición (pactada, tutelada, consensuada o como usted prefiera denominarla) y busca ponerle un sello de unidad y colaboración en pos de la Reconciliación Nacional y la Democracia, se instala el discurso del “Nunca Más” ilusoriamente podríamos entender que se refiere solamente a no someter al pueblo a una nueva Dictadura, sin embargo, esta consigna tiene una significación más amplia y considera también un nunca más llegar a las condiciones que llevaron a los militares a intervenir en los asuntos del Estado. El juicio que se le hace a la Dictadura no recae precisamente en la legitimidad de la acción y las políticas ejercidas por las Fuerzas Armadas, sino que se centra en la violación a los Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad, en consecuencia la trayectoria económica y cultural se mantienen, y Pinochet no sólo permanece en el espacio público y político sino que además ponía exigencias para los nuevos mandatarios como por ejemplo “velar por el prestigio de las instituciones castrenses, evitar la propagación de la «lucha de clases», impedir el terrorismo, mantener la plena vigencia de la ley de amnistía y abstenerse de intervenir en materias de exclusiva competencia profesional de las Fuerzas Armadas.” (El Mercurio. Santiago 24 de agosto de 1989, p. A.1.).

Con el Informe Retting que no tenía por finalidad establecer culpabilidades, sino que reconocer las violaciones a los Derechos Humanos se permite que los estamentos militares también legitimen su Memoria y se llega al Gobierno de Frei Ruiz-Tagle con relativa estabilidad política, como si la transición hubiese terminado, en esos entonces se vendía hacia el exterior la imagen del “jaguar latinoamericano”. Hasta el 98’ cuando Pinochet es detenido en Londres y reabre el debate en torno a la Dictadura y sus consecuencias, por parte de las autoridades se crea el discurso de que el “único impedimento” para que Chile avance hacia el progreso es el tema de los Derechos Humanos, sin reconocer los proyectos sociales divergentes. Para resolver este tema Frei convoca a una Mesa de Diálogo que buscaba dar con el paradero de los detenidos desaparecidos (cabe destacar que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se restó de esta convocatoria),y así acallar las voces que exigían que Pinochet fuera sometido a la Justicia.

Ricardo Lagos en esta materia propone, investigar el caso de los miles de torturados, proponiéndose medidas reparatorias, estableciendo la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, además integra en ella a quienes fueron torturados o detenidos sin resultado de muerte, dando por cerrada la Transición y las deudas pendientes en términos de Justicia.

El gobierno de Michelle Bachelet se caracteriza entonces y bajo esta lógica de ser el primer gobierno luego de la transición, sus medidas respecto de la Memoria del pasado reciente tienen un carácter simbólico, por ejemplo, la creación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, es decir, la experiencia se traduce en un objeto que merece ser parte del patrimonio de un espacio de exhibición. Pese a ello y los intentos por no heredar a las generaciones sucesivas las “odiosidades del pasado” como dijese Ricardo Lagos en uno de sus discursos, hoy las demandas sociales encuentran fuente de inspiración en un proyecto político inconcluso, que tenía al pueblo en su centro, la sindicalización como organización legítima de negociación con el empresariado, la nacionalización de sus recursos naturales y la educación pública y gratuita para todos.

Los herederos de este sistema perfeccionado por la Concertación no nos conformamos con lo simbólico del cambio de nombre de una Avenida, mientras los militares detenidos por las violaciones a los Derechos Humanos tienen permiso para vacacionar en Europa y, aún así Fuentealba pide un trato “humanitario” para ellos. En estos 40 años queremos también reivindicar a los que fueron asesinados por construir ese Chile bien diferente que quedó en las postrimerías de la Dictadura y, quien suceda a Sebastián Piñera así debiese comprenderlo.

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Comentarios

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juan salinas

17 de julio

Quien diría que lo que ahora escribes es producto del conocimiento que no te truncaron esos comandantes con bota dura y látigo en la mano que no pudieron con lo que mas valor y mayor riqueza posee el hombre su sed de saber y descubrir

jose-luis-silva

18 de julio

Todo esto pasó hace muchos años y es momento de que todos estos delitos queden proscritos.

Si durante la independencia hubiesen habido tratados de Derechos Humanos y OHiggins con los Carrera se hubiesen sucrito a ellos (cosa que dudo), y si no hubiesen prescritos estos delitos, vale decir si hubiesen abogados, jueces y familias que ganaran dinero hasta el dia de hoy por decender de los realistas perseguidos durante la independencia, ahora no solo estaríamos pagando onerosas pensiones a esas familias, sino que lamentando la independencia, las fiestas patrias seria una fecha triste y conflictiva para los ciudadanos, estariamos llenos de murales, museos, libros, peliculas y conmemoraciones con los reyes de españa poniendo velitas a los caidos, habrian acalorados discursos contra Ohiggins, San Martin y el resto de genocidas, etc.. No les quepa duda que si no prescriben esos delitos seria exactamente asi. La independencia fué hace 200 años y esto otro hace 40 ¿ no será tiempo de darle un corte a todo este cuento digo yo ?

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