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Cuestionamientos en designaciones: reflejo de una crisis mayor

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Nos encontramos frente a la urgencia de cambio. Efectivamente hay muchas cosas buenas en nuestro país (no seamos apocalípticos), sin embargo, el tiempo corre hacia una latente crisis política. Si cambiamos la Constitución, impulsamos reformas políticas y cambiamos la forma en que se redistribuye la riqueza, iremos en el camino correcto para terminar (¡por fin!) con la sempiterna transición.

Preocupación genera pensar que a cualquier persona se le puede cuestionar a partir de prejuicios. Pensar que una persona esta inhabilitada porque piensa de una determinada manera, sin haber deliberado sobre esas ideas, es una falacia. Pero más allá de la actual cacería de brujas, esta refleja un problema socio-institucional bastante más complejo. Se busca la información más detallada y profunda posible, se sazona con cargas morales, se transmite desde los olimpos de la rectitud ética, se viraliza como H1N1, se aprovecha por caballeros de la verdad, y se termina sentenciando con pena de muerte el seudo-problema.  Esta dialéctica enraizada, casi como un Inception colectivo, es concluyente, refleja un problema socio-institucional bastante más complejo y es demostrativa de varios incovenientes, pero en especial de tres, que al unísono pueden generar ingobernabilidad.

Primero, la transformación del rol de los medios. Los medios de comunicación se definen a sí mismos como instituciones que buscan informar (formar) y entretener a sus audiencias. Esto en un contexto social, ético y moral establecido. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, desde hace unos años hemos visto como a este rol se anexó el de “policía” social. Cuando denunciamos algo que va en contra de nuestras normas o del contexto moral y ético de nuestra sociedad, es un aporte. Pero cuando esta denuncia se dedica a perseguir por réditos de audiencia ($) a cualquiera sin discriminar y sin importar costos, se pierde el rumbo. Los medios buscan erigirse  como una autoridad de la denuncia, asumiendo en ellos mayor poder y derecho que el parlamento, las cortes de justicias y todas las instituciones contraloras de nuestra sociedad y, además, buscan establecer criterios universales de moral y ética, aún sabiendo que estos fueron cómplices activos (a lo Piñera) de la dictadura, altamente militantes (el 95% de derecha) y jamás se atreverían a denunciar a uno de sus dueños (que de paso son dueño de casi todo Chile).

En segundo lugar, existe una creciente permeabilidad de la autoridad y sus decisiones, a la presión de grupos. No es novedad la presión que las grandes riquezas de este país presionen a su favor, pero sí que ahora distintos grupos presionen y logren resultados.  Si a un grupo de interés no le parece una decisión, desde el nombramiento de un cargo hasta algún tipo de políticas públicas, son capaces de movilizar su opinión hasta influir en esta decisión y cambiarla. Aquí no está en juego si tienen o no la razón o si son justas sus demandas. Se trata de la legitimidad de nuestras instituciones y de la deliberación democrática como métodos de resolver posibles conflictos. Que un grupo de interés logre que la autoridad sobrepase la institucionalidad y cambie una decisión, es un reflejo de la fragilidad institucional. Es un grupo, no la totalidad. Se trata de ausencia de deliberación. Los medios y los “líderes de opinión”, instauran una “verdad” y a partir de ella se decide. No se discute con argumentos si esto es plausible, aparecen como parias los que lo hacen, lo que nos lleva al precipicio de la intolerancia. Se decide a partir de falacias y personalismos. Efectos claros de la dictadura y su máquina.

En tercer lugar, y en parte derivado de los puntos anteriores, nuestras instituciones se encuentran en crisis. Nada nuevo, pero demostrativo en este caso. Las instituciones moldean la cancha en donde se juega el partido democrático. Cuando una sociedad no es capaz de construir a partir de la deliberación de ideas múltiples, cuando se intenta totalizar el poder, cuando se desfiguran las normas a placer de unos pocos, cuando construimos institucionalidad entre pocos, cuando dejamos que los pocos poderosos decidan por la totalidad, nos encontramos en presencia de instituciones poco sanas y en creciente proceso de deslegitimación. No se trata de tener norma para todo, ni disminuir nuestras libertades, sino de conducir el conflicto y no caer ni en demagogias, populismos, dictaduras ni falacias. Por ello la urgencia de reforma, en especial a la más importante de nuestras instituciones, la constitución. Ya no canalizamos los disensos ni potenciamos los accountabilities de forma institucional. Es en este escenario donde aparecen los paladines de la verdad, la moral y la ética, que según su visión de mundo, construyen realidad. Desde los Luksic y Matte hasta los perpetuos dirigentes sociales, todos presionando para construir a su favor, ponderando a cada uno en su justa medida.

Nos encontramos frente a la urgencia de cambio. Efectivamente hay muchas cosas buenas en nuestro país (no seamos apocalípticos), sin embargo, el tiempo corre hacia una latente crisis política. Si cambiamos la Constitución, impulsamos reformas políticas y cambiamos la forma en que se redistribuye la riqueza, iremos en el camino correcto para terminar (¡por fin!) con la sempiterna transición.

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07 de febrero

Interesante. Estoy parcialmente de acuerdo con algunas cuestiones.
Me parece sin embargo de sumo relevante considerar la capacidad de manejo político de los gobiernos.
Hoy por hoy, parece ser que ya no saben manejar la opinión pública y que las redes de comunicación pueden mas que la enorme red de recursos que poseen.
Me parece absurdo, tal como tu dices, que las personas no podamos tener opinión al margen de nuestra gestión como funcionarios públicos.
Sería como decir que en mi rol de Psicólogo en un establecimiento educacional público, no pueda creer que las cosas funcionarían mejor de otro modo.
Me irrita que los gobiernos se presten para el show.
Es cierto, debemos comprender la opinión ciudadana y darle tribuna, pero la masa mediática distorsiona…
Que no se nos olvide que el rol de un funcionario público es velar por el bien común y el de un cargo político, de velar por la legítima representación de los intereses de la ciudadanía.
Esto deja espacio para que podamos pensar y creer lo que queramos, sin dejar de representar legítimamente los intereses de la nación.

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