Lejos de cumplir con el mandato constitucional de dar cuenta al país acerca del estado administrativo y político de la Nación, el 21 de mayo se intentó destacar infructuosamente los logros del Gobierno, tal como se había anunciado por los medios de comunicación, dando como resultado una cuenta pública desvirtuada que, muy a nuestro pesar sólo derivó en una gran cantidad de nuevos anuncios. Logros, ¿dónde, en qué país?, o la Alianza gobierna otro país que sólo está en su imaginación delirante.
No hay una nueva forma de gobernar y no se puede convencer al país de lo que no se hace, hasta ahora sus “seudo logros” están lejos de tener valor para la ciudadanía. La estabilidad económica del país a nivel macro sólo se debe a que a contar del año 2009, la crisis económica mundial a causa de EEUU comenzó a mermar y al buen manejo en el gobierno anterior. Ello permite mostrar cifras económicas auspiciosas, como el Imacec, que según un experto “era algo esperable y no se debió a una política económica específica del Gobierno y es más bien el fruto del ciclo de la expansión de la economía después de la retracción mundial y nacional del 2009”. Una igualdad con una distribución más justa del ingreso podría ser percibida en el largo plazo producto de medidas muy importantes que -ya se ve – no se tomarán en este gobierno. Por ejemplo: una reforma tributaria, ya que lo que está en el pensamiento de la derecha tiende a aumentar la desigualdad. Esta tendencia ha quedado demostrada durante sus 20 años como oposición en el Congreso, porque al momento de legislar materias importantes, negaron sus votos para alcanzar los quórum necesarios para muchas reformas, incluso ni siquiera votaron a favor de la “idea de legislar” de los mismos proyectos que fueron parte de las promesas de campaña de este gobierno, como el postnatal.
No resulta extraño que, aun cuando las cifras de empleo y de crecimiento en apariencia se muestren auspiciosas, esto sea indiferente para las personas, especialmente aquellas afectadas por alzas en los productos de primera necesidad. Los chilenos tendremos que seguir esperando, y, la posibilidad para concretar esas aspiraciones es una urgente y necesaria reforma tributaria, que haga pagar más impuestos a las grandes empresas.
El 2011 será recordado como el año de las reformas sociales “a medias” impulsadas por este gobierno, que no ayudarán a terminar con la pobreza que aún existe a pesar de la disminución sostenida alcanzada desde 1990 durante los gobiernos de la Concertación. Todo proyecto de ley enviado al Congreso por este gobierno tiene “letra chica”, ya sea porque va con una excepción, discriminación, progresividad, flexibilidad, es transitorio, o todas las anteriores. Así, el único que impide avanzar en las reformas es el propio Ejecutivo haciendo mal uso de sus atribuciones como colegislador en el Congreso. Al tener el Presidente iniciativa legal exclusiva en ciertas materias, (relacionadas con gasto público e impuestos etc…), ha impedido, por ejemplo, en la ley de reconstrucción, una necesaria reforma tributaria. Lo mismo ocurrió con el royalty a la minería, aunque en ese proyecto aceptó algunas de las observaciones formuladas con el objeto de mejorarlo. En ciertas materias, los parlamentarios, una vez aprobada la idea de legislar, sólo pueden disminuir o rechazar gastos, tributos y demás beneficios, pero no aumentar lo que envía el Presidente como proyecto de ley. Por esto, en el Congreso muchos de sus proyectos, al no ir en beneficio del bien común, porque disminuyen derechos adquiridos y/o no ser una ayuda efectiva y directa para todas las personas, ya fueron o serán rechazados por los parlamentarios. Y es cuestionable que presione al Congreso mediante la facultad que tiene de hacer uso del instrumento de las urgencias, cuyo plazo mínimo es de tres días y el máximo de 30 días para que la cámara respectiva se pronuncie.
Otros ejemplos: La ley de Educación, que impone un sello empresarial, dejando fuera la educación superior; la votación de chilenos que viven en el extranjero, desconociendo el acuerdo previo mientras estaba en campaña sobre un proyecto “sin condiciones” que ya había enviado Michelle Bachelet e ingresado al Congreso en enero de 2010; el ingreso ético familiar; el postnatal de 6 meses y la eliminación “progresiva y discriminatoria” del siete por ciento a los jubilados.
Hasta el momento, el Gobierno sólo descalifica la crítica opositora. Sobre la ley corta de isapres, el Tribunal Constitucional declaró en agosto del 2010 que era inconstitucional que las Isapres subieran los planes de salud considerando factores de riesgo, como el sexo y la edad de las personas, lo que abrió una gran oportunidad para hacer una reforma profunda al sistema de salud. Sin embargo, el Gobierno ha optado por enviar al Parlamento un proyecto que establece por ley las tablas de riesgo de las Isapres, atenuando o aplanando las diferencias de precio. El proyecto que envió al Congreso para un cambio al mecanismo del sistema de estabilización de los precios de los combustibles, (Sipco) es otro ejemplo, porque a pesar de las advertencias de los parlamentarios – incluidos los de su sector – se negó a eliminar el impuesto específico, entregando una solución no definitiva y de corto plazo. Los gobiernos anteriores protegieron a la clase media de estas fluctuaciones de los combustibles, pero ahora no es tema; prometió en la campaña eliminar este impuesto y no lo cumplió. Resulta contradictorio que por años la Alianza por Chile pidiera la eliminación del impuesto específico de los combustibles y ahora no lo hicieran.
Diversos estudios coinciden en que el nivel de cumplimiento respecto de las promesas realizadas es mínimo. Es inevitable que frente al sostenido rechazo ciudadano en la última encuesta Adimark de 49%, (empresa que es de un amigo del presidente), y que es mayor que la aprobación (41%), se desesperen e intenten por todos los medios de perjudicar la imagen de los gobiernos anteriores.
El destino final serán cifras cada vez más altas de desaprobación de una opinión pública desengañada, que creyó en promesas, lo que se refleja en las encuestas y en las movilizaciones masivas en aumento, ya no sólo motivadas por la aprobación del proyecto HidroAysén.
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