El rasgo distintivo de la situación de seguridad ciudadana en el país es la antinomia entre la disminución constante de victimización junto con el alza en temor al delito entre la población. Desde que se hacen las encuestas ENUSC por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los índices de victimización de hogares por cualquier delito entre los años ha disminuido en un 34,7% (de 38,3% a 25,0%).
Aquello en lugar de plantearle a los legisladores, funcionarios, expertos y periodistas la búsqueda y explicitación de las buenas prácticas que han hecho disminuir la delincuencia y los equívocos que a la vez hacen aumentar el temor, ha generalizado, por el contrario, una retórica populista penal cuyos principales argumentos son: a) que si bien en general la delincuencia ha disminuido, los hechos de violencia han aumentado y b) que hay algunos lugares donde estos delitos tuvieron aumentos explosivos.La respuesta a la antinomia de la seguridad ciudadana es la “Agenda Corta”, compuesta por: aumentar la competencia de las policías para el control preventivo de identidad de los sospechosos, aplicar penas más gravosas para para sancionar los delitos de mayor connotación social y usar el agente encubierto para infiltrar las bandas organizadas.
Pues bien, según el INE, la victimización por robo con violencia o intimidación cayó en un 48,7% y las lesiones en un 45,5% entre 2005 y 2014. Cierto es que aún no tenemos la ENUSC 2015, pero según Carabineros y el Ministerio del Interior si bien en el último año las denuncias también han disminuido en un 2,95%, el robo en las viviendas cayó en 4,3%, en el comercio en 1,7%, no obstante, aumentaron en un 0,3% el hurto y robo en el comercio y en un 0,5% tanto el robo con fuerza en los hogares como el robo con violencia en la vía pública.
El delito más reportado por los medios es el robo con violencia de los automóviles, el “portonazo”. Según el INE el robo de automóviles disminuyó un 28,6% (de 2,1% a 1,5%, siendo así uno de los delitos menos frecuente); de acuerdo al Ministerio del Interior bajó en 10,5%, mientras que por su parte Carabineros informa que en el último trimestre los portonazos fueron 300, de los cuales se recuperaron 215 vehículos, estos hechos en el conjunto de los 595,877 delitos denunciados no son significativos, tampoco en el conjunto de los 4.168.980 automóviles que hay en el país, ni entre sus 5.035.637 hogares.
Por su parte, Paz Ciudadana, si bien reconoce también que la delincuencia ha disminuido en el último año, señala que hay un aumento de los robos con violencia en 56 comunas de las 346 que hay en el país, donde se destacan Lo Barnechea con 43,1%, Vitacura con 41,9%, las Condes con 29,9% y Macul con 25,8% de aumento en el último trimestre. Estas son las cuatro comunas de más altos ingresos del país y obviamente el poder económico, social, cultural y político de sus habitantes destacan su victimización.
El aparente temor irracional al delito de la población tiene a veces explicaciones inusitadas. No hace mucho una investigación sobre la percepción de la seguridad ciudadana realizada por la consultora Integrados Consultores S.A para la Municipalidad de Coquimbo, encontró que los eventos causales referidos por los 230 participantes en 17 talleres sobre el asunto, solamente el 16,2% clasificaban como delitos, las incivilidades eran un 20,6%, mientras que los problemas pertenecientes a la calidad de la gestión territorial llegaban un 63,2%, en una curiosa manifestación de la teoría de las “ventanas rotas”: lo desordenado, lo feo y lo sucio no produce delito, pero sí temor al crimen.
La respuesta del Gobierno y el Parlamento, respaldados por los expertos, la academia y los periodistas a la antinomia de la seguridad ciudadana es la “Agenda Corta” la cual tiene tres componentes centrales: 1) aumentar la competencia de las policías para el control preventivo de identidad de los sospechosos, 2) imponerle al poder judicial el desconocimiento de las circunstancias atenuantes y aplicar las penas más gravosas para para sancionar los delitos de mayor connotación social –hurto, robo con fuerza y robo con violencia-, 3) usar el agente encubierto para infiltrar las bandas organizadas. En este caso, originalmente se propuso emplear al “agente revelador” que se usa en los delitos por drogas, el cual es una agente inductor del delito, lo que es penalmente inaceptable, también se está proponiendo la inducción al delito para perseguir el terrorismo.
Para comprender la función efectiva que tendrían esas propuestas en la seguridad ciudadana es necesario tener presente lo siguiente: 1) cada año las policías efectúan cerca de dos millones de controles de identidad, algo así como la cuarta parte de los mayores de 14 años que viven en el país; asimismo, 2) el 90% de los robos con fuerza, el 80% de los robos con violencia y el 70% de los hurtos no tienen imputados conocidos, por lo tanto no es posible su persecución penal, en cambio en drogas el 90% de los imputados son conocidos, de estos el 90% fueron detenidos mediante patrullaje preventivo y control de identidad. Por eso, hacerle decir a la Presidenta de la República que el 80% de los delitos lo cometen el 20% de los delincuentes es una falacia, ya que la inmensa mayoría de los delincuentes no se conocen.
Por un lado tenemos una sobre actuación presencial de las policías y por el otro, un bajo nivel de eficacia en la investigación policial, que se manifiesta como una baja eficiencia en el uso de los recursos, ya que las policías tienen un presupuesto igual al del conjunto de las Fuerzas Armadas y representan la mitad del gasto en seguridad ciudadana incluido el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Gendarmería.
Está claro que ley corta se propone dos cosas: 1) aumentar los controles de identidad hasta que toda la población sienta en carne propia que se está controlando a los sospechosos, y; 2) construir mediante agentes encubiertos –que se pueden comportar como agentes reveladores- casos impecables para investigación policial en los medios de comunicación, así como grandes y bullados juicios que sean unos reality show de la lucha contra la delincuencia, ésta es la cortedad de la ley corta.
En drogas la antinomia es otra, mientras que con la debida autorización del SAG se instala en el país el más grande cultivo de cannabis de América Latina, aún seguimos esperando que la Presidenta de la República mediante decreto cambie la cannabis y sus derivados de la lista uno, es decir de la lista de las sustancia que no se pueden usar con fines médicos, que está allí por la resolución de su Gobierno pasado, por recomendación del doctor Montenegro, actual Director de SENDA, para pasarla a la lista dos, si lo permite.
Los expertos le advirtieron al Gobierno que esa antinomia entre la autorización de cultivos por el SAG y el mantenimiento de la cannabis y sus derivados en la lista uno de las sustancias controladas del decreto 687 del 2007 podría hacer que el Ministerio Público imputara a los agentes de esas autorizaciones y cultivos por infracciones a la ley 20.000 de drogas. Entonces, lo que hizo el Gobierno el pasado 7 de diciembre fue retirar a la cannabis y sus derivados de la lista uno de los decretos 404 y 405 del 1982, sobre el Reglamento de Estupefacientes y Sicotrópicos.
El pasado 13 de enero la sala 9° de la Corte de Apelaciones de Santiago, revocó una sentencia del 4° Juzgado de Garantía que había rebajado una sentencia por tráfico de marihuana de tres años y un día a 541 días, la diferencia entre cumplir la sanción en libertad o privado de ella, el fallo señala que esos decretos no regulan la ley 20.000: “Que, al estar sustentada en los fines científicos, clínicos y médicos y motivado por una política pública de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, la modificación del 7 de diciembre de 2015, únicamente alcanza al Reglamento de Estupefacientes al Reglamento de Sicotrópicos, y no al reglamento de la Ley N° 20.000”.
Finalmente, para contribuir a la confusión general se ha conocido un proyecto de decreto del Ejecutivo que modifica el 687 por el cual se pone a la cannabis y sus derivados tanto en la lista uno, que no permite el uso médico, solamente el científico, como en la lista dos que permite tanto el uso médico como científico.
Comentarios
16 de febrero
Las drogas ilegales son el peor mal que azota Chile hoy. Y es el mal de todos los problemas. En las empresas TODOS se drogan, desde el que barre hasta el gerente! Parecen cárceles.
El problema más grave, que nadie lo dice. Callan por miedos. Porque los pueden echar. Y con hipocresía y cobardía, nunca se solucionan los problemas, porque por pánicos, ni siquiera se reconoce el problema.
0