Control de identidad: causa inmediata del enojo estudiantil

Las siguientes son aseveraciones desde la posición de un observador: no responden a una posición alcanzada desde una investigación o desde la participación y el activismo. Propone una interpretación cuyo sentido es oponerse a otras interpretaciones circulantes en los medios.

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¿Cómo puede ser que el sistema político se dedique a restringir el margen de maniobra del movimiento callejero al mismo tiempo que legitima las demandas del 2011, impuestas por la calle?

El activismo estudiantil de los últimos meses expresa más una reacción a la ley de control de identidad y a su encuadre en la estrategia actual del gobierno; esto, antes que a la insatisfacción con el errabundo despliegue de la agenda de política educacional del gobierno. Dicha ley, en su operativa y su mensaje está diseñada para restringir las posibilidades de maniobra de las manifestaciones callejeras.

La ley envía el siguiente mensaje a los movimientos masivos: “logramos los cambios que estaban pidiendo (en la medida que lo permiten las posibilidad económicas en el escenario del fin del ‘súper-ciclo’), por lo tanto, no hay justificación para que salgan a la calle (lo que deben hacer ahora es estudiar y trabajar); de manera que, el que sale, debe considerarse como antisocial”.

O si se quiere, en una expresión más brutal: “Nosotros (la generación política de la transición) volvemos a tomar el control y, por sobre todo, nosotros somos quienes vamos a decidir si ha sido suficiente o no con las reformas realizadas”.

Este mensaje es consistente con el relato de la “obra gruesa”, con la disolución de la reforma sindical y con el nuevo énfasis sobre ‘el crecimiento’.

Es cierto que, en materia de fortalecimiento de la educación pública, el gobierno todavía no ha dado señales palpables y potentes (especialmente en el tramo de la educación escolar y secundaria) y que, según el argumento maestro e impecable que levanta el movimiento estudiantil, el derrocamiento del modelo de ‘mercados educativos’ (así dicen los tecnócratas como si hubiera varios mercados) supone necesariamente el fortalecimiento de la educación pública. No obstante lo anterior, las consecuencias del activismo legislativo del actual gobierno en materia educacional todavía están por verse y el apoyo de la ciudadanía se dirige antes a la ‘gratuidad universal’ que a la ‘educación pública’. No se puede decir que el gobierno no haya hecho nada, como después del 2006.

No es que el enojo actual carecza de motivación en lo propiamente «educativo» (véase la elocuente columna de Óscar Contardo del 16 de junio en La Tercera) al respecto, sino que la intensidad desplegada no alcanza a entenderse únicamente por ello.

Lo que se juega en esta vuelta es menos una cuestión de política educacional que la presencia del pueblo en la política a través de la calle. Por ello, no son los universitarios, más guiados por una racionalidad de políticas públicas, sino los secundarios, guiados por una lógica de igualdad y participación, quienes protagonizan el desacato. Ellos, con los estudiantes de la Ues privadas no tradicionales, a quienes el modelo pone en una posición más ‘infantil’ y castrada de existencia política.

Contra lo que piensa el corifeo de opinantes cadavéricos de los medios ilustrados, los estudiantes están totalmente conectados con la realidad. No con la realidad del gran empresariado y sus chantajes, sino con la mediación política, siguiendo como sabuesos el juego fino de sus estrategias.

Huelga decir que lo esencial de los ‘pingüinos’ era la necesaria reactivación de la experiencia política justamente en y desde la minoría de edad. Esto tiene como consecuencia directa el temblor de la máquina de contención que es la escuela y, con ella, todo el aparato educativo erigido sobre su modelo (en el contexto de mercado la universidad es escolar). Era necesario no entender qué había pasado para reaccionar simplemente ante lo que estaba pasando frente a las narices de la ‘ciudadanía’.

Ahora, como entonces, es necesaria la policía para hacer entrar en razón a los estudiantes.

De hecho, lo que cambia en términos normativos con la ley de control de identidad no es gran cosa. Esta ley no introduce mayor novedad en las posibilidades de acción de Carabineros dentro del margen de la legalidad. El control de identidad figura en el artículo 85 del Código Procesal Penal, estableciendo como condición la existencia de indicios que permitan inferir el intento o disposición a cometer un delito o la obtención de antecedentes para esclarecer circunstancias delictiva. No hay argumento que muestre su impacto sobre la delincuencia.

Por ello, esta ley sólo constituye un avance en la represión de la acción popular. Es, ante todo, un gesto. Bien saben los políticos lo importante que puede devenir los gestos en ciertas circunstancias. ¿Qué es lo que leen los estudiantes? La pretensión de restringir las posibilidades de acción política callejera responde a doctrinas y conceptos postulados desde la clase política.

Ignacio Walker ha escrito el año 2009 (nótese, después del 2006, antes del 2011) en la Revista del Centro de Estudios Públicos: “Los mecanismos de participación y formas de “empoderamiento” ciudadano deben canalizarse a través de las instituciones de la democracia representativa. El traslado de la política a la calle es una seria amenaza para el buen funcionamiento de las instituciones”. El sentido neutralizador, policiaco y autoritario que exudan las afirmaciones de Walker, a pesar de postularse democráticas y anti-dictatoriales, es difícil de disimular. La pregunta es conceptual: ¿no es posible tener las dos: calle e instituciones?; pero también empírica: ¿Cómo puede ganar poder la ciudadanía ante instituciones capturadas por burocracias, corrupción o cúpulas, sin poder llevar la política a la calle?

Pueden entonces los políticos estar más tranquilos: están en diálogo con los estudiantes. De hecho, Walker no habla sólo desde una ideología, sino que expresa también la actitud de la burocracia que administra el sistema político. De ahí también el desproporcionado ascendiente que ha adquirido la DC en la política chilena, amparado en las tristes matemáticas parlamentarias y completamente desvinculado de su apoyo electoral.

Contra lo que sostiene el discurso de la clase política y la ‘opinión pública’, las últimas acciones hablan de la maduración política del movimiento estudiantil. La destrucción del Cristo de la Iglesia de la Gratitud Nacional es muestra simbólica de una actitud indomable y desafiante dirigida precisamente contra quienes son percibidos como implacables instigadores de la desmovilización. Lo mismo ocurre con la irrupción en La Moneda de un grupo de secundarios disfrazados de turistas.

Contra la línea de argumentación levantada desde la Nueva Mayoría, el escenario de coyuntura es formalmente semejante a lo ocurrido el 2011. En ese entonces, uno de los detonantes del activismo estudiantil fueron declaraciones de Piñera en el 2010, en que anunció “reforma educacional más importante de las últimas décadas” (en lo sustantivo, becas especiales pedagogía, más horas de lenguaje y matemática, y algunos improvisados decretos sobre el curriculum de básica). Eso fue un error no forzado y fatal por parte de Piñera que, junto con el fracaso de la venta de parte de la Universidad Central al fondo Norte-Sur (vinculado a la DC y a la Iglesia), generó el clima interno más inmediato de las marchas.

Porque, en cierto modo, siempre hay coyuntura estratégica, las pasadas de roscas pasan la cuenta: desde la lógica de la normalidad policíaca, no había necesidad empírica de una ley “anti-movilizaciones”, la necesidad era puramente lógica. ¿Qué van a hacer ahora con los estudiantes enojados todos aquellos que dicen que “ya no estamos en el 2011”? ¿Sacarles la cresta hasta que se cansen? El caso es que, políticamente, los estudiantes nuevamente tienen razón: ¿Cómo puede ser que el sistema político se dedique a restringir el margen de maniobra del movimiento callejero al mismo tiempo que legitima las demandas del 2011, impuestas por la calle?