“Conflicto mapuche” y nuestra revalorización de las primeras naciones

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En el caso de las forestales, su impacto ha sido tremendo, pues estas empresas han cambiado drásticamente la fisonomía del paisaje, y bajo mantos de pinos y eucaliptos quedan escondidos o desaparecidos ritos, sitios ceremoniales, flora, fauna y el agua que antes de los monocultivos abundaba.

En una reciente entrevista por parte de un importante medio escrito, el Intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, se refirió al conflicto mapuche y su potencial solución, manifestando que se trata de un conflicto asimétrico, en el que tenemos que ir a sus “causas profundas” para encontrar “soluciones”. Asegura que tiene que existir una política de devolución de tierras, acompañada de un proyecto de desarrollo sustentable, donde haya participación política, como también, la existencia de un estado pluricultural o plurinacional. Para ello, cita el ejemplo de Nueva Zelandia.

Permítanme citar el caso canadiense, donde el atropello no pasó tanto por la tierra, si no por la crianza y educación formal. Los niños fueron raptados e internados en colegios donde eran torturados si hablaban en su lengua original, y los aislaron completamente de sus familias y raíces durante toda la educación (católica) formal. Esto ocurrió durante varias generaciones, con el consecuente resultado de la pérdida del conocimiento y tradiciones ancestrales. Esto puede sonar como no relevante en nuestro mundo occidentalizado, pues no logramos ver el valor de la conservación de la cultura, el sentido de pertenencia y la identidad de los pueblos, allá conocidas como “primeras naciones”. En ese país, parte de las actuales soluciones pasa por reconocer la organización y estructura fundamental de los pueblos, su autonomía, por establecer diálogos fructíferos, por establecer alianzas para el desarrollo de empresas. Sí, empresas en que el Estado y las “primeras naciones” trabajan en conjunto, para beneficio mutuo y bajo principios claros previamente acordados, entre otros.

En Chile, muchas familias en zonas rurales, y en particular del pueblo mapuche, viven en menos de dos hectáreas, lo que hace inviable siquiera una economía de subsistencia. El Intendente afirmaba en el artículo que “yo tengo como herencia de mis antepasados una hectárea, cuando mi abuelo tenía «ene» cantidad de hectáreas. Mi abuelo participó en la guerra con el Ejército chileno en 1881, y tengo una hectárea”. Sucede entonces que hay dos partes alegando: la nación mapuche, que reclama recuperación de tierras y cuya situación actual es bastante precaria; y las empresas forestales y colonos dueños de grandes extensiones de terreno. Estos últimos en una situación bastante más cómoda en términos económicos y ambas partes en una muy precaria situación en cuanto a paz social. El tercer actor es un Estado incapaz de hacerse cargo de un problema histórico, y que a través de sucesivos gobiernos ha propuesto soluciones que no apuntan al origen del conflicto. Pero el intendente asegura con fuerza que una política de devolución de tierras es la clave para la solución; y por otro lado, propietarios de la zona de conflicto y algunos parlamentarios invocan el derecho a la propiedad privada. Mientras esperamos la respuesta de parte del Estado, es bueno tener en cuenta que no hay nada que justifique la pérdida de vidas humanas, los ataques en la Araucanía, la tensión permanente en que viven colonos y mapuche, la represión, en fin… la falta de paz. Además, es impensable validar acciones violentas como mecanismo legítimo de reclamo, si no reconocer que son consecuencias inevitables de un conflicto profundo y permanente.

En el caso de las forestales, su impacto ha sido tremendo, pues estas empresas han cambiado drásticamente la fisonomía del paisaje, y bajo mantos de pinos y eucaliptos quedan escondidos o desaparecidos ritos, sitios ceremoniales, flora, fauna y el agua que antes de los monocultivos abundaba. Y, muy importante, las comunidades han sido desplazadas y quebradas, por “compensaciones” como cuadernos para los niños o una cancha de fútbol. Las fuentes de trabajo ofrecidas son, en general, intermitentes y precarias para los habitantes locales.

Recordemos que la industria forestal se desarrolla en zonas de mucha pobreza, y de muy bajos Índices de Desarrollo Humano. A casi 40 años del explosivo desarrollo de esta industria, basada en extensas plantaciones continuas de especies no nativas, la situación se ha agravado. Si bien las actividades forestales no son la causa del conflicto, claramente no han aportado en su solución ni en mejorar las condiciones de vida de la población local. Las grandes empresas forestales alegan que están en cumplimiento de la legislación y más allá, a través de los sellos de certificación que exigen el cumplimiento de ciertos estándares. Todo esto es discutible, pues nuestra legislación no es estricta en estas materias, y los sistemas de certificación, que son instrumentos de mercado, tienen falencias. Por nombrar sólo un ejemplo: las auditorías son realizadas por partes contratadas por las propias empresas.

Estos breves antecedentes refuerzan la idea de que la solución no puede ser un acuerdo entre privados. Es un problema de país, político, en el cual el Estado debe tener un rol protagónico y actuar en forma decidida, razonable, inteligente y sobre todo justa, bajo un marco legal acorde a una política explícita.

Jennifer Romero Valpreda,
integrante del directorio de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo.