Colusión, soberanía alimentaria y democracia.

El derecho a alimentarse se relaciona con el problema agrario, con la reforma sobre la propiedad de la tierra y con la soberanía alimentaria que las contiene a todas en cuanto define en gran medida el modelo de producción rural. Es una política prioritaria para la democratización porque un programa político alternativo al libertinaje de los mercados- cuya meta sea consolidar un régimen respetuoso de la vida- implica necesariamente aquella soberanía. Al respecto, la experiencia de los centros de abastecimiento controlados por los productores directos (sin intermediación de la cadena de supermercados) nos muestra que su principal logro es que ahora los que venden son quienes efectivamente producen; esto nos permite contar con precios más accesibles lo que a su vez implica mayor consumo.

El tema de los precios justos es importante porque a través de ellos no solo se incluye al consumo a sectores antes postergados, sino que además se generan alimentos de una mejor calidad. Pasa que la cadena de producción y distribución bajo la lógica neoliberal nos remite a la colusión, a los pequeños productores pobres- los que así deben vender sus bienes a precios bajos- y a consumidores también carenciados que compran a precios altos. En el medio quedan los grandes especuladores, los que acopian para que el precio vaya en alza. En realidad, prefieren exportar porque en el mercado global tienen mayor rentabilidad. A estos actores que acopian y especulan no les importa la alimentación local y menos aún la soberanía alimentaria del pueblo, que además se traduce en la idea de que todos puedan acceder a una alimentación de calidad, más rica en proteínas y en nutrientes.

El tema de los precios justos es importante porque a través de ellos no solo se incluye al consumo a sectores antes postergados, sino que además se generan alimentos de una mejor calidad.

Contra estos especuladores se opondrá la soberanía alimentaria que es una gran bandera del humanismo en cuanto defiende la vida de las personas. Además, la “soberanía alimentaria” significa controlar la política agrícola, decidir sobre nuestros cultivos y sus métodos, qué comer y de que forma comercializar los productos esenciales para el hombre. Por último, es la oportunidad de reafirmar otra forma de producir: si lo hacemos localmente o no, respetando el ambiente y teniendo el control de los recursos naturales (como el agua, la tierra y las semillas) o si por el contrario insistimos en la manera capitalista de hacer las cosas. La idea es que el productor sea el vendedor directo pero también que se transforme en actor protagónico para plantear los términos de una economía sustentable, basada en productos y en bienes orgánicos.

En este sentido, urge considerar que Latinoamérica continúa sometida a las reglas de los centros globales del poder porque somos países periféricos a pesar de los avances que lograron esos pueblos que consolidan el modelo popular. Esta dependencia estructural tiene que ver con la condición de ser países primario- exportadores que frente a los industrializados quedamos en una situación dependiente análoga a la que existe entre el campo y la ciudad. De ahí la necesidad también de un tipo de cambio de equilibrio desarrollista, de ese que reivindica la producción nacional, el consumo, el ahorro interno y el capital generado con el esfuerzo de todos. Lo grave es que esta realidad de dependencia es la que nos impide el desarrollo armónico y equilibrado de las fuerzas productivas, paralizando la evolución industrial y la creación de un mercado de consumo interno que traiga bienestar y que así se convierte en la mejor forma de ejercer el poder en términos democráticos.