Chiloé ante el centralismo de siempre

Desde hace un buen tiempo que tomamos conciencia como ciudadanos, que Chile ha sido gobernado históricamente con un alto grado de centralismo, realidad que va mucho más allá de la forma en cómo el sector público administra los recursos. Hablando en palabras simples; el tema pasa más que nada por el formado desarrollista del modelo desde 1989 en adelante. Sobre todo si tomamos en cuenta que este modelo de desarrollo olvida totalmente la relación social con las comunidades.

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Las comunidades regionales ante esta realidad desbalanceada y desproporcionada por decir a lo menos, se ha estado rebelando constantemente en contra de un centralismo que a esta altura del siglo 21 resulta agobiante, desafortunado y contradictorio.

De Arica a Tierra del fuego en la actualidad producto de este modelo tan unilateral, nos ha hecho convivir con serios trastornos ambientales, que sumados al cambio climático y el calentamiento global, con el pasar de los años nos estemos introduciendo ante una realidad que debemos enfrentar y tener que tomar una de las decisiones más importantes y definitivas de la historia moderna de Chile y encauzarnos definitivamente en un desarrollo sustentable en todo sentido.

La Nueva Mayoría desde su conformación como conglomerado político, utilizó el centralismo administrativo y gubernamental de nuestra sociedad y los problemas ambientales, como caballito de batalla y en parte sustancial del discurso político e ideológico para conseguir votos. Al entrar a la Moneda en una primera instancia, no escatimó los recursos para fomentar teóricamente el cambio de paradigma, que a pesar de los intereses creados cumplió su palabra. Tanto fue así, que conformó la Comisión Descentralizadora de Desarrollo Regional, para reconocer al estado de Chile como un Estado descentralizado y tener la posibilidad de hacer elecciones regionales de intendente, para traspasar la competencia de los servicios y programas a las regiones y en base a ello, desarrollar un sistema de administración de las áreas metropolitanas, con una ley de rentas regionales, que desarrollen un fondo de convergencia para la equidad Interregional y desarrollar sistemas regionales de gestión de capital humano, que fortalezcan la Institucionalidad pública regional, para proyectar la participación ciudadana. El sueño hecho realidad de la mayoría de los chilenos.

Lamentablemente el maravilloso discurso de los comienzos, no se apega en lo más mínimo en forma práctica para atacar el centralismo cuando surgen los primeros desafíos. Los sucesos que están ocurriendo en Chiloé en la actualidad, propiciados precisamente por ese centralismo descabellado y la destrucción ambiental, dejó al descubierto que de la teoría a la práctica hay mucho trecho y los intereses de las grandes empresas están por encima de las comunidades y son los que impiden de una manera u otra, lograr la ansiada descentralización y el buen manejo ambiental. Por mucho que los gobiernos discursen sobre la erradicación del centralismo, lamentablemente llegan hipotecados a la Moneda ante estos intereses y cuando llega el momento de actuar, invariablemente se pliegan.

Se entiende que la configuración geográfica y humana del país es complicada, si a eso le sumamos el formato presidencialista con que se gobierna en la actualidad, no es difícil dilucidar que no contribuye en nada para descentralizar la forma de gobernar; entendiéndose que el presidencialismo es en si mismo la máxima expresión histórica de centralización con que se puede gobernar, haciendo que la tarea sea difícil bajo todo punto de vista, no sólo en la relación de las regiones con la capital, también en la relación de las capitales regionales con el mundo del interior regional; creando importantes brechas de desigualdades sociales, que al no ser reconocidas como polos de desarrollo, terminan transformándose en zonas de sacrificio.

Las comunidades regionales ante esta realidad desbalanceada y desproporcionada por decir a lo menos, se ha estado rebelando constantemente en contra de un centralismo que a esta altura del siglo 21 resulta agobiante, desafortunado y contradictorio, haciendo que la mayoría de las movilizaciones sociales que se han organizado desde el 2011 a la fecha, han tenido carácter regional y local, por demandas acumuladas por el mal trabajo de las reparticiones públicas, que no cumplen con su labor fiscalizadora, beneficiando a las empresas, lo que naturalmente han acarreado problemas ambientales estructurales de carácter histórico en su origen, coartando la proyección de vida de las regiones y el buen vivir, por un abandono sustentado en un inmovilismo desgraciado, que no permite resolver los problemas, por parte de una élite política y económica, que ha sucumbido al confort del inmovilismo del modelo presidencialista.

Si analizamos el petitorio de la organizaciones de pescadores artesanales de Chiloé, los puntos de relevancia están en los ambientales, sustentados en el más estricto sentido común y la honesta preocupación por el impacto ambiental y los malos manejos de las empresas salmoneras en su litoral y como es natural, le han solicitado al gobierno, que el archipiélago como un todo, sea declarado zona de catástrofe ambiental y se realice una investigación seria, profesional y en profundidad, sobre la verdadera causa de la crisis ambiental del archipiélago y determine en forma certera las responsabilidades y paralelamente desarrolle un estudio que determine las condiciones actuales y futura de la isla.

Lo que no es  es menos interesante de observar y sorprendente a la vez, si hacemos el ejercicio de comparar lo que vivieron otros movimientos sociales como Aysén, Freirina, Magallanes y Calama bajo el gobierno de Sebastián Piñera y lo que esta viviendo en la actualidad Chiloe con el gobierno de la Nueva Mayoría, que pone de manifiesto una vez más, que aunque los gobiernos son de extremos ideológicos opuestos, ambos conglomerados no han tenido la capacidad de entender la problemática y han tratado a las regiones sin la consideración necesaria y no han tenido la capacidad de adelantarse a los hechos.

El mundo ciudadano se complica y se rebela cuando ocurren realidades destructivas que afectan el desarrollo de las regiones y expone en forma sistemática que los gobiernos de turno hacen caso omiso de los intereses regionales, dejando esa sensación tan desagradable de impunidad, cuando se trata de defender los intereses económicos de las comunidades ante las grandes empresas (mineras, energía,forestal, industriales pesqueros y salmoneros) endosandoles una impunidad que coarta la proyección regional y las  transforma en “zonas de sacrificio”.