El informe de Contraloría que analiza la forma cómo la Universidad de Chile vendió la infraestructura de Chilevisión y entregó en usufruto la señal a Univisión, pone de manifiesto que el Consejo Nacional de Televisión es el único organismo competente para decidir si el plazo de esa cesión puede renovarse por períodos de veinticinco años. Actualmente, la estación televisiva es de propiedad del Presidente Piñera, quien ha comprometido su venta, cuestión que -se anuncia- ocurriría en los próximos días.
La empresa Larraín Vial, encargada de las negociaciones de venta de Chilevisión, ha sostenido que, aunque el usufructo de la señal expira en ocho años, no duda que el Consejo Nacional de Televisión renovará la concesión por otros veinticinco años. Fuentes de la misma empresa habrían indicado que el trámite es sólo administrativo y que se podría dar una resolución en contrario solo si el operador transgrede las normas que fija dicho Consejo. Es muy posible que las cosas funcionen como se han descrito, pero eso no significa que lo hagan correctamente, porque en la práctica estas concesiones terminarían teniendo un carácter permanente.
El otorgamiento de las concesiones de televisión está establecido en la ley 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión. En ella se establece que el Consejo deberá llamar a concurso público en caso de vencimiento de la vigencia de la concesión. La asignación de la concesión debiera darse al postulante que reúne las mejores condiciones técnicas, pero la ley indica que: “En toda renovación de una concesión, la concesionaria que la detentaba tendrá derecho preferente para su adjudicación, siempre que iguale la mejor propuesta técnica que garantice una óptima transmisión”.
De lo anterior se desprende que el 2018 deberá haber un concurso público y que el proceso no es “tan administrativo” como estima Larraín Vial. El problema es que la ley puede cambiar y, de hecho, el proyecto que está en manos del Congreso contemplaría que el otorgamiento de la concesión recaería en la Subsecretaría de Comunicaciones y, en ese caso, el Consejo efectivamente tendría un rol sólo formal. El propio Consejo ha criticado esta reforma argumentando que son ellos “…el órgano constitucional autónomo creado para otorgar, modificar, renovar y poner término a las concesiones”.
En medio de este debate que define cómo el Estado administrará el espectro de UHF no parece saludable, por decir lo menos, que las fórmulas de concesión terminen contaminadas por negociaciones particulares. Lo que está en juego en la venta de Chilevisión no es sólo la transacción de infraestructura, sino también, y principalmente, el traspaso de usufructo de una señal de televisión concesionada por el Estado; el hecho que esta señal pueda o no prorrogarse es un factor muy incidente en el precio de venta. De otra forma el comprador tendría una estación de televisión sin derecho a transmitir en un lapso relativamente corto.
Una de las propuestas parlamentarias frente al proyecto de televisión digital apunta precisamente a disminuir los plazos de las concesiones en UHF. Es así como la Comisión de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, en el marco de la discusión por la ley de Televisión Nacional, aprobó (09.08) la idea de iniciar la discusión en el sentido anteriormente indicado. ¿Podrá la venta de Chilevisión contaminar o incidir en el debate parlamentario? eso está por verse, pero claramente el negocio descrito tiene un componente de “venta a futuro” muy difícil de ignorar y, evidentemente, no tiene nada aséptico.
Por último, ¿es lógico que el Presidente rentabilice una inversión a costa de una futura concesión, dado que la Contraloría sancionó que la duración expira en ocho años más?
Nada de esto está fuera de la ley, pero ya se sabe…de que es poco estético, vaya si lo es.
http://www.cntv.cl/medios/TVDigital/ResumenEjecutivo_CNTV.pdf
http://www.observatoriofucatel.cl/postura-del-consejo-nacional-de-tv-ante-las-leyes-de-television/
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