Sobre el gobierno de Sebastián Piñera va a recaer la responsabilidad de incluir o excluir a los afrodescendientes del Censo chileno de 2012. Este gobierno tiene así la oportunidad histórica de ser el primero de la época republicana que se abre a reconocer la existencia de afrodescendientes en Chile. También tiene la posibilidad de ser apuntado con el dedo como el primer gobierno que teniendo todas las condiciones para hacerlo, prefirió la exclusión de sus compatriotas afrodescendientes de los registros oficiales. Expliquemos un poco estas afirmaciones.
Sabemos que durante la colonia las estadísticas de población del reino de Chile incluyeron a los descendientes de africanos en sus conteos. Así, se conoce que hacia 1789 la población de negros en Chile alcanzaba al 12% de la población, siendo mayor en la región de Coquimbo, con el 20% y que en Santiago estos alcanzaban el 18%. La mayoría eran esclavos y esclavas que trabajaban en el campo, las minas, en labores de mayor exigencia física y en el servicio doméstico. Sin embargo, desde la independencia, bajo el pretexto de que en Chile todos éramos iguales, se suspendieron todas las identificaciones que pudieran evidenciar la diversidad étnica de su población. Esta fue una medida impulsada bajo la ideología del “blanqueamiento”, destinada ocultar la diversidad étnica y a manifestar como identidad única la del colonizador y sus descendientes criollos.
Luego de dos siglos de invisibilización de la diversidad étnica en Chile, desde hace 20 años los censos de población en América y en nuestro país, siguiendo una orientación mundial, comenzaron a incluir una pregunta que permitió reconocer a los pueblos originarios, es decir a personas que se identifican como descendientes de las etnias que se encontraban desde antes de la conquista española en el territorio americano.
Una tendencia mundial similar se ha dado con fuerza en los últimos diez años con la población afrodescendiente dispersa por el mundo. Esto ocurre porque hay una nueva conciencia mundial de que en el pasado se produjo en el mundo un tráfico masivo de esclavos negros, sacados a la fuerza de sus lugares de origen y llevados a diversos continentes como mercancía. Se estima que durante la colonización de América fueron más de 20 millones los africanos que llegaron a este continente por ese expediente, viviendo como esclavos hasta su abolición en cada país y luego manteniendo sus descendientes una condición de discriminación y marginación social que representa una deuda histórica ineludible.
Por eso, en la última década los organismos internacionales han recomendado insistentemente a todos los países que tomen medidas para visibilizar y generar políticas focalizadas hacia su población afrodescendiente. Además, estas orientaciones se han tratado en foros internacionales donde se han firmado acuerdos en ese sentido, de los cuales Chile ha sido parte. Sin embargo, nuestro país se ha quedado muy atrás en el cumplimiento de los compromisos contraídos en este sentido, lo que le ha valido ser juzgado en un informe elaborado el año pasado por las Naciones Unidas ”…en el país de la región menos comprometido con esta cuestión”.
Este gobierno tiene la oportunidad de marcar un hito en una nueva inclusión de los afrodescendientes en Chile o condenarlos a permanecer ignorados por al menos diez años más, a pesar de la tendencia mundial, de las recomendaciones y compromisos asumidos. Esta decisión se verá materializada en los próximos tres meses, cuando el INE, organismo del gobierno que depende del ministerio de Economía, defina el cuestionario censal 2012. Si el Presidente Piñera es conciente de lo que se juega en esta decisión de los funcionarios de su gobierno, debería instruir al INE para que incluya en el cuestionario censal una pregunta que permita identificar a la población afrodescendiente en nuestro país. Es lo que están pidiendo las organizaciones afrochilenas desde 2005, con escasa respuesta de las autoridades.
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