Beyer, Provoste y el país que yo quiero

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Y ahora, mejor volvamos a lo que todos, desde distintas miradas, supongo que queremos. Que se haga cumplir la ley en serio, para evitar abusos en el empleo de nuestros impuestos que han permitido un enriquecimiento (ilegal y a costa de mejoras ausentes por la ausencia –valga la redundancia- de tales recursos) tanto por el lucro en la educación, como por la estafa legal que siguen siendo cada día las AFP, y la dramática discriminación social que significa el actual sistema de las Isapres.

Ayer se resolvió la acusación constitucional contra el ex ministro Harald Beyer. A partir de ahí, como era de esperarse, se han multiplicado las expresiones de quienes adhieren al actual gobierno, denostando a los que aprobaron dicha acusación y, a la vez, ensalzando al ministro destituido. De alguna forma, un perfecto déjà vu, de lo que ocurrió en su oportunidad con Yasna Provoste, paradojalmente, también en su rol de ministra de Educación. Incluso, el presidente Piñera, criticando abiertamente la decisión soberana de otro poder del Estado, asunto particularmente dañino para cualquier democracia.

Por mi parte, estaba de acuerdo con la acusación. Estoy convencido que el ex ministro Beyer no hizo nada, por iniciativa propia, para enfrentar el flagelo del lucro ilegal (de parte de empresas legalmente constituidas como “sin fines de lucro”) pese a la diversidad de antecedentes que tuvo a mano, de muy diverso origen, todos claramente serios, respetables y creíbles (gran diferencia respecto de los ministros antecesores). Sin embargo, me parece que la sanción que corresponde en este caso (cinco años de muerte civil como se ha graficado en múltiples tribunas) es terrible. Y esto sí que se debe corregir con urgencia.

Tanto Provoste, como ahora Beyer, han “pagado” los costos del “ingenio” chileno para burlarse de la norma. Hoy, Fernando Paulsen, en radio ADN recordaba que en el gobierno de la Unidad Popular, cuando la oposición acusaba “exitosamente”a un ministro, Salvador Allende simplemente hacía enroques y los cambiaba de su cartera ministerial a otra. Y eso no ocurrió una vez, sino varias. Ante ello, la norma se cambió en los términos en que está ahora. Estas son las consecuencias del pseudo ingenio chileno. La derecha chilena, pese a saber lo draconiana de la sanción, no tuvo recelo alguno para aplicarla a Yasna Provoste. Con ello legitimó en la práctica la pena aplicable.

Ya lo dije, estaba de acuerdo con la acusación a Beyer, pero el castigo que se comienza a cumplir hoy me parece que debe avergonzarnos a todos. Ni Beyer, ni Provoste, han sido delincuentes. Por el contrario, en ambos casos, se trata de personas honestas que, con el mejor de sus esfuerzos (supongo) se esmeraron por cumplir las directrices del gobierno que lo y la habían puesto a la cabeza de un asunto tan vital como el aire, para el desarrollo en equidad de nuestro país: la educación. Podemos estar o no de acuerdo con el enfoque político de cada uno, como de cada gobierno (parte vital de la democracia), pero las sanciones políticas no pueden ser del mismo tipo que las sanciones penales. Son mundos distintos. No corresponde. Me opongo.

Esperemos que no nos vayamos a tropezar por tercera vez con la misma piedra.

Y ahora, mejor volvamos a lo que todos, desde distintas miradas, supongo que queremos. Que se haga cumplir la ley en serio, para evitar abusos en el empleo de nuestros impuestos que han permitido un enriquecimiento (ilegal y a costa de mejoras ausentes por la ausencia –valga la redundancia- de tales recursos) tanto por el lucro en la educación, como por la estafa legal que siguen siendo cada día las AFP, y la dramática discriminación social que significa el actual sistema de las Isapres. En estos casos, sí que estaría de acuerdo con que terminen en la cárcel quienes se han hecho multimillonarios usufructuando de nuestro dinero, nuestra salud y el imperdonable abandono económico de nuestros ancianos.

A los ministros que no se enfoquen en esto, los acusaría constitucionalmente. Espero por lo mismo, que se cambie pronto la sanción política aplicable.

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