Los grandes responsables del actual escenario son los parlamentarios de derecha, que en estos veinte años, vetaron o votaron en contra de todos los proyectos de ley que buscaban cambiar elementos fundamentales que permitiesen asegurar la calidad y fiscalizar el lucro, cautelando el buen uso de los recursos públicos.
Mucho se ha dicho en torno a la acusación constitucional contra el Ministro Harald Beyer. Defensas corporativas de la Alianza se han sumado a la de otros actores, algunos ex ministros y otros intelectuales liberales, que señalan cuestiones que son probablemente ciertas: que la institucionalidad del Mineduc es precaria para llevar a cabo la tarea de fiscalizar y es más difícil aún sancionar o cerrar un establecimiento educacional, que las leyes no permiten hacer lo anterior y por ende el Ministro tenía las manos atadas, que Beyer es una buena persona (argumentos que se repitieron cuando los actuales defensores eran los acusadores de la ex Ministra Provoste). Y yo creo que la mayor parte de estos argumentos son ciertos. Sin embargo, hay algo más.
Lo que falla en este razonamiento es entender que la acusación constitucional es esencialmente un juicio político, como lo señala muy bien en su columna Mario Fernández, y que si bien recae (desgraciadamente) en una única persona que tendrá que pagar los costos de las cosas mal hechas, en realidad todos entienden que lo que se está acusando es la aplicación consistente y coherente de una política contraria a los intereses de la ciudadanía, llevada a cabo por la Alianza (y una pequeña parte de la Concertación), que ha impedido sistemáticamente modificar las reglas estructurales de este modelo de educación. En otras palabras, esta es una acusación contra los que construyeron y han mantenido los cimientos de este modelo brutal de educación.
Por ende, me atrevo a afirmar que los grandes responsables de lo que le pasó al Ministro Beyer no son ni los estudiantes, que han puesto toda su energía en la calle para cambiar el modelo, y que sin dudas han sido los catalizadores de la acusación; ni siquiera me atrevo a culpar a los parlamentarios de oposición, que investigaron acuciosamente los hechos en la Cámara de Diputados y ahora sus Senadores actuarán como jueces.
Los grandes responsables del actual escenario son los parlamentarios de derecha, que en estos veinte años, vetaron o votaron en contra de todos los proyectos de ley que buscaban cambiar elementos fundamentales que permitiesen asegurar la calidad y fiscalizar el lucro, cautelando el buen uso de los recursos públicos. Es conocida la presión que ejercieron estos parlamentarios aliancistas para evitar el cierre de múltiples colegios particulares subvencionados que fueron sorprendidos gastando la subvención estatal en prebendas para sus sostenedores (autos de lujo, ampliaciones de sus casas etc.) y que en contra partida, mantenían una infraestructura muy precaria en sus colegios y lo que es peor, una educación de paupérrima calidad. Todos los intentos por cambiar esto toparon con lo mismo, una tenaz oposición de la derecha.
La ex Ministra Provoste lo ha señalado con mucha claridad: “el 2007 nosotros enviamos un proyecto para derogar la LOCE que incluía acabar con el lucro en la educación, pero la idea de legislar fue rechazada en bloque por los diputados de la derecha de la Comisión de Educación.» Agregó que finalmente tuvieron que negociar una ley desde los mínimos. Y esos mínimos son los que hoy tienen a Beyer de manos atadas.
Son por ende todos los Parlamentarios que actuaron como dique de contención frente al clamor ciudadano por cambios, los que se encuentran sentados en la testera de acusados; Beyer es el chivo expiatorio que paga las culpas. Los Senadores no deben equivocarse, este voto es político y debe ser ejemplificador en el sentido de que la ciudadanía ya no está dispuesta a ser engañada ni manipulada.
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Comentarios
17 de abril
Es bien agudo el comentario y subrayaría que las formas de eludir la responsabilidad de asumir el jucio polìtico puede ser también la forma de claudicar frente a la rigidez del modelo que la ciudadanía clama por modificar.
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17 de abril
Infiero que nunca, el autor de este texto, leyó la siguiente y aclaratoria columna de Felipe Portales:
«¡La Concertación tuvo los quórums!
Cada vez queda más clara la convergencia concreta con la derecha que experimentó el liderazgo de la Concertación en sus 20 años de gobierno. Los casos de Punta de Choros, Hidroaysén y La Polar están revelando de manera extrema los grados de acción o de omisión que desarrolló dicho liderazgo a favor de los grandes grupos económicos y en desmedro de los intereses mayoritarios de la población.
Y para qué hablar de su sistemática negativa a abordar la reforma de la ley de universidades impuesta por la dictadura e, incluso, a sancionar su vulneración por parte de quienes desarrollaban “el negocio de las universidades” (como acertadamente lo denominó el libro de María Olivia Monckeberg), violando las disposiciones que establecían de que ellas eran sin fines de lucro. En este último tema fue, además, un factor importante el hecho que decenas de dirigentes concertacionistas son dueños o han ocupado altos cargos en numerosas universidades privadas.
Llama, sí, poderosamente la atención los intentos de exculpación efectuados al respecto por varios de sus líderes –y particularmente por el ex presidente Ricardo Lagos- basándose en que dicho conglomerado no habría tenido nunca los quórums necesarios para efectuar las modificaciones de las leyes e instituciones impuestas por el régimen de Pinochet; y particularmente de la ley de universidades y de la ley antiterrorista.
Lo anterior constituye una burda distorsión de la realidad histórica puesto que tanto el gobierno de Lagos (desde agosto de 2000 hasta marzo de 2002, por los desafueros combinados de Pinochet y Francisco Javier Errázuriz) como el de Bachelet (desde el comienzo y durante más de dos años, dada la mayoría de 20-18 que logró en el Senado) tuvieron el quórum parlamentario suficiente, no solo para modificar sustancialmente la ley de universidades y la ley antiterrorista, ¡sino todas las instituciones económicas, sociales y culturales impuestas por la dictadura, con las solas excepciones del sistema escolar y de concesiones mineras!
En efecto, Pinochet y la derecha cometieron el “error” de dejar solo como leyes orgánicas constitucionales (con requisitos, para su transformación, del 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio) las que regían las instituciones políticas, la educación escolar (LOCE) y la minería. Es decir, si el liderazgo de la Concertación hubiese querido podría –cuando tuvo la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio- haber cumplido con sus compromisos adoptados en el Programa de 1989, derogando la ley de amnistía de 1978 y modificando sustancialmente el “Plan Laboral”, las AFP, las ISAPRE y el conjunto del sistema económico; además de la ley de universidades y antiterrorista. Si no lo hizo fue simplemente porque no quiso.
Es más, tanto no quiso, que dicho liderazgo ¡regaló en 1989 la mayoría parlamentaria que le aguardaba en forma inminente si la Constitución del 80 hubiese quedado inmodificada! Esto fue así porque el texto original establecía (obviamente pensando en favorecer a un Pinochet ratificado por el plebiscito de octubre de 1988) que el futuro presidente tendría mayoría parlamentaria, solo con mayoría absoluta en una cámara y un tercio en la otra. Es claro, suponiendo que la derecha continuaría teniendo un apoyo bastante menor del 50% de los votos, ello no iba a ser óbice para obtener artificialmente una mayoría en el Senado –con el sistema binominal, más los 9 senadores designados- y claramente más de un tercio en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, la derrota de Pinochet en el plebiscito dejó dicha ventaja para el inminente gobierno de la Concertación. Este obtendría de todos modos una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y un tercio en el Senado. Dado que éste originalmente estaba compuesto de 26 senadores electos (2 por cada región) y de 9 designados; y de que era segura la obtención de un senador por circunscripción (es decir, 13) por parte de la Concertación; ésta obtendría más de un tercio del Senado que correspondía a 12, considerando que el total era de 35.
Pero en el conjunto del paquete de 54 reformas constitucionales que el liderazgo de la Concertación concordó con Pinochet a mediados de 1989 –y que fueron ratificadas en un plebiscito en julio de ese año, en que se votó por un “paquete” sin especificar ningún detalle- se incorporaron dos que fueron ocultadas en su momento y que todavía son desconocidas por la generalidad de la población: La que exigía mayoría absoluta en las dos cámaras para la aprobación de leyes simples; requisito teóricamente democrático, pero que en el contexto de la particular Constitución del 80 significaba que la futura mayoría concertacionista en las elecciones del Senado no se reflejaría en dicha cámara. Es decir, que el liderazgo de la Concertación regalaba su futura mayoría parlamentaria a cambio de algunos cambios constitucionales positivos que se publicitaron mucho, pero que naturalmente eran mucho más irrelevantes que aquella trascendental concesión de poder.
La explicación de este regalo –con seguridad inédito en la historia de la humanidad- la encontramos en el principal arquitecto de la “transición”, Edgardo Boeninger, quien en un libro publicado en 1997 (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello) señaló que el liderazgo de la Concertación había llegado a finales de los 80 a una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer”; y que “la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes (pp. 369-70).
Es claro, la obtención de una mayoría parlamentaria simple habría dejado al liderazgo de la Concertación en la incomodísima posición de que sus bases se darían cuenta de que no quería cumplir con lo prometido. En cambio, al regalar (¡solapadamente!) dicha mayoría quedaba con el consistente argumento de que no hacía las reformas prometidas porque no podía, ya que no tenía las mayorías parlamentarias necesarias…»
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Aquí existe un matrimonio entre la alianza y la concertación, que han llevado a Chile al estado de situación en el cual nos encontramos: aniquilación social de las mayorías. Si la concertación no hizo nada, fue porque no quiso y no por el supuesto chantaje de la alianza.
No le genere más vueltas al asunto.
Saludos.
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