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Bachelet y los Partidos Políticos

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La deslegitimación y los sentimientos antipartidistas, sin desconocer que tienen una base real, están obscureciendo las importantes funciones que deben cumplir los partidos políticos en el desarrollo de visiones coherentes de una mejor sociedad, o sea, instancias de reflexión y acción cuyo objetivo es influenciar en el establecimiento de principios normativos básicos de funcionamiento de la sociedad, como todo lo relacionado con los mecanismos de representación, de participación y el rol del Estado.

El anuncio de la ex presidenta Bachelet de que vuelve al país para ser candidata en las primarias presidenciales de un sector mayoritario de la oposición al oficialismo no ha sorprendido, puesto que las encuestas indican que tiene un gran respaldo electoral, si nos remitimos a la última encuesta CEP que muestra un 54% de chilenos decididos a votar por ella.

Los columnistas de la prensa escrita y periodistas, tanto de radio y TV, han centrado sus análisis que en la escenografía de su retorno no estuvieron los dirigentes de los partidos políticos que la respaldan, lo que fue interpretado por los mismos que estaría prescindiendo de las colectividades políticas ¿Puede un candidato a Presidente de la República, en su campaña y en su gestión prescindir de los partidos? La misma candidata despejó esa interrogante, ya que planteó la necesidad de generar “una nueva mayoría política y social, para lograr un Chile más inclusivo”.

Un gobierno democrático no puede sostenerse sin partidos y al margen de la política (sólo hay que preguntarle a Piñera). Al mismo tiempo, la credibilidad de la democracia depende, en gran parte, de la manera en que funcionen en la práctica los partidos. Lamentablemente los partidos muestran signos de fatiga y sus motores no tienen suficientes caballos de fuerza para cruzar el océano del siglo XXI.

Las denuncias de que los partidos son oligarquías que representan cada vez menos a los ciudadanos han generado una opinión bastante universal para denegar la importancia de ellos como instancias que contribuyen positivamente al sistema político. Las razones son múltiples, desde la falta de intermediación entre las demandas societales y el poder; el abandonar su función en la articulación y agregación de intereses; los procedimientos clientelares que se han hecho rutinarios; la carencia de ofertas programáticas acordes con la evolución de la sociedad civil, son aspectos de un proceso que se agrava en el tiempo.

La deslegitimación y los sentimientos antipartidistas, sin desconocer que tienen una base real, están obscureciendo las importantes funciones que deben cumplir los partidos políticos en el desarrollo de visiones coherentes de una mejor sociedad, o sea, instancias de reflexión y acción cuyo objetivo es influenciar en el establecimiento de principios normativos básicos de funcionamiento de la sociedad, como todo lo relacionado con los mecanismos de representación, de participación y el rol del Estado.

Es imperioso, por tanto, que los partidos políticos, particularmente los de centro izquierda, inicien procesos para revertir en forma sustantiva el distanciamiento ciudadano con la política, indagar acerca del rango que ocupa la política y el poder político en la modernidad, los roles de la ciudadanía y de sus asociaciones en una sociedad democrática moderna, explicitar propuestas sobre una efectiva interrelación e intercomunicación entre partidos y sociedad civil, etc. En resumen, hay temas conceptuales, políticos y procedimentales todavía no dimensionados y que son condicionantes para modificar la molestia ciudadana hacia los partidos.

Es relevante mencionar que en la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.603 de Partidos Políticos, éstos tienen como finalidad contribuir “al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legitima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional”.

Se deduce de lo anterior que un sistema democrático de gobierno, los partidos políticos tiene un rol relevante.

En consecuencia, los partidos tienen un deber ante la opinión pública de explicitar los fundamentos de toda campaña política- electoral. No puede haber una candidatura presidencial centrada en la “figura” de la candidata. Es por eso que cuando la candidata Bachelet plantea su determinación de armar un programa de gobierno participativo está privilegiando un diálogo simétrico entre los partidos (con sus equipos técnicos, básicamente centrados en Santiago) y la diversidad territorial, económica, étnica y social del país con el objeto de obtener los insumos que la política “centralista” ha ignorado, asumiendo un procedimiento más horizontal, desechando las prácticas verticalista y elitista que han marcado la transición a la democracia en Chile. Esta es una interpretación lógica de sus palabras.

El escuchar no significa que no se habla o no expresen las propias ideas, ya sea por los partidos y por la candidata. Y esto ha quedado demostrado claramente por Bachelet en Conchalí donde expresó “Es el momento de cambios estructurales…” y luego agregó que si gana en noviembre el primer proyecto que enviará al Congreso será “para poner fin al lucro y avanzar en la gratuidad de la educación en todos sus niveles”. Además la ex presidenta ha esbozado algunas propuestas en cartas enviadas a los partidos de la oposición demostrando su interés por una reforma tributaria de envergadura, cambios al sistema electoral binominal, poner énfasis en educación, salud, reformas laborales y mayor inclusión de las mujeres en la actividad política.

Para cumplir con esas medidas pendientes se requieren partidos fuertes y bien cohesionados en la aprobación de las leyes que serán enviadas al Parlamento –en el caso de ser electa nuevamente presidenta- para viabilizar los cambios profundos al modelo de desarrollo, considerando que para acortar las brechas de las desigualdades (idea fuerza de la candidata), implica un fuerte aumento del gasto público. Sólo para establecer una gratuidad en la educación (incluyendo los Centros de Formación Técnica y los Institutos Profesionales) se estima un gasto de entre US$6.000 y US$8.000 millones.

Es un dato de la causa que los cambios a la institucionalidad política y económica, aspiraciones altamente sentidas por la población, será tenazmente resistida por los partidos de derecha en el Congreso. Para romper dicha barrera, el eventual “gobierno ciudadano” de Bachelet, no sólo necesitará de una “nueva fuerza política” sino de la movilización social como herramienta política. Por consiguiente la agenda de cambios deberá ser sostenida por una nueva coalición política y la sociedad civil, lo que obliga descartar, por razones de efectividad política, prescindir o esconder a los partidos políticos, menos “desmovilizar” al movimiento social.

 

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